SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— La disputa entre el Concejo Deliberante de Pomán y el intendente Francisco Gordillo sumó un nuevo capítulo este lunes con la presentación de una denuncia penal contra el jefe comunal por la adquisición del inmueble conocido como Casa Santa Rita, una operación que desde hace semanas genera cuestionamientos por parte de los ediles. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Andagalá por el presidente del Concejo Deliberante, Walter Centeno, con el patrocinio legal del abogado Mariano Manzi, en cumplimiento de la facultad otorgada por mayoría calificada por el cuerpo deliberativo.

Asimismo de Gordillo, la presentación alcanza a otros funcionarios municipales vinculados al expediente. Según se comunicó, la denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público en el marco de la compra del inmueble.

Luego de concretar la presentación judicial, Manzi remarcó que la decisión se adoptó luego de que el Concejo analizara la documentación aportada por el Ejecutivo municipal y considerara que existían inconsistencias en el procedimiento utilizado para concretar la operación. “El Concejo Deliberante cuando se entera pide informes. Hay muchas irregularidades en la adquisición del inmueble.

El municipio contesta algunas cosas, otras no. No es satisfactoria la información que da por todas las inconsistencias que hay en el proceso de compra”, aseveró el letrado.

El abogado indicó asimismo que durante las actuaciones administrativas previas el intendente fue convocado a brindar explicaciones ante los concejales, oportunidad en la que presentó documentación, aunque luego decidió retirarse sin responder las preguntas formuladas por los ediles. Entre los principales cuestionamientos planteados en la denuncia figuran las dudas sobre la trazabilidad del pago realizado por el municipio para adquirir el inmueble y la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia para concretar la operación sin intervención previa del Concejo Deliberante. “No hay claridad en el pago, no hay claridad en el monto, no hay depósito bancario, no hay transferencia bancaria, no hay trazabilidad en el pago”, remarcó Manzi, quien consideró que esos elementos justifican la apertura de una investigación judicial.

La denuncia quedó ahora en manos de la Fiscalía de Andagalá, que deberá analizar la documentación aportada y definir las primeras medidas de investigación sobre una causa que profundiza el conflicto político e institucional entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de Pomán. Polémico DNU El origen del conflicto se remonta a la compra de la denominada Casa Santa Rita, un inmueble adquirido por la Municipalidad de Pomán mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por un monto cercano a los 40 mil dólares, equivalentes a unos 59,2 millones de pesos.

Los concejales cuestionaron que la operación no fuera sometida a consideración del Concejo Deliberante, pese a que la normativa municipal establece la intervención del cuerpo para la adquisición de bienes inmuebles. También advirtieron contradicciones entre la documentación presentada por el Ejecutivo y los datos contenidos en la escritura pública.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el intendente Francisco Gordillo fue convocado al recinto para brindar explicaciones. Durante la sesión, el jefe comunal defendió la legalidad de la compra, aseveró que el inmueble será destinado a fines culturales y remarcó que el Concejo no tiene facultades para citarlo a responder preguntas.

Luego de un intercambio con los ediles, Gordillo abandonó el recinto sin responder el cuestionario elaborado por los concejales. Posteriormente, el cuerpo aprobó una resolución para avanzar con una denuncia penal y solicitar una auditoría extraordinaria al Tribunal de Cuentas de la Provincia.