SEÑOR DIRECTOR:La nueva fórmula para calcular el pago mínimo de las tarjetas de crédito inició a regir recientemente y su implementación debiera ser observada con especial atención por parte de la autoridad financiera. Durante la consulta pública ya se advirtió que, aunque la medida perseguía objetivos legítimos de responsabilidad financiera, también podía generar efectos adversos para ciertos consumidores.

El principal riesgo era relativamente evidente. Un aumento importante del pago mínimo podía provocar que muchas personas simplemente dejaran de pagar y, cuando eso ocurre, las consecuencias suelen ser bastante más graves que el problema original.

Regular pensando sólo en el comportamiento financiero ideal, y no en las capacidades reales de las personas, puede terminar generando efectos contraproducentes. Por eso las buenas prácticas regulatorias impulsadas por la OCDE insisten en la necesidad de evaluar previamente los impactos de una regulación y monitorear tempranamente sus resultados efectivos.En esta materia, la CMF ha demostrado una virtud importante: la capacidad de revisar regulaciones cuando la experiencia práctica revela dificultades relevantes.

La discusión sobre el término de las tarjetas de coordenadas lo demostró. Ese mismo criterio debiera aplicarse ahora.

Si la nueva fórmula comienza a generar efectos indeseados relevantes para consumidores financieramente más vulnerables, la discusión no debiera cerrarse por razones de orgullo regulatorio. Las regulaciones financieras deben monitorearse y si la autoridad tenía razón en este caso, ello debe ser valorado.

Por el contrario, una regulación debe corregirse tempranamente cuando la realidad demuestra que sus efectos pueden terminar perjudicando precisamente a quienes buscaban proteger. Jaime Lorenzini BarríaAbogado, socio de Lorenzini-Twyman