Ya finalizaron las elecciones internas, en las que el Partido Colorado y la oposición oficializaron a sus candidatos para enfrentarse en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Entre Camilo Pérez (ANR-cartista) y Soledad Núñez (PPQ) estará el próximo intendente o intendenta de Asunción.

Quien resulte ganador en octubre, asumirá la conducción de una Municipalidad sumergida en un caos financiero y técnicamente quebrada, herencia directa del “combo cartista” del exintendente por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien presionado renunció en agosto, y quien asumió en su reemplazo, el actual intendente Luis Bello (ANR-cartista). El próximo intendente o intendenta de Asunción no tendrá margen de error ante un colapso institucional y operativo irreversible sin reformas drásticas inmediatas.

El próximo intendente o intendenta de Asunción enfrentará un asfixiante sobreendeudamiento que incluye el vencimiento de cuotas de capital e intereses de los bonos, emitidos en su mayoría por Rodríguez, por más de US$ 210 millones hasta 2031. El default institucional se evidencia en 12 incumplimientos acumulados, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, en el pago de intereses de bonos por G. 145.493 millones.

Ante esta situación, Valores Casa de Bolsa, representante de los bonistas, había convocado a una asamblea el pasado 5 de junio para obtener la autorización de los tenedores para iniciar acciones judiciales. Bello intentó maquillar la crisis presentando como un supuesto “acuerdo” lo que en realidad era una intimación de pago.

Esta maniobra fracasó al no prosperar el planteamiento en el legislativo municipal. Concejales de la oposición denunciaron que la propuesta constituía un abierto apriete por parte de los representantes de los tenedores de bonos ante la falta de liquidez de la comuna.

El próximo Gobierno municipal recibirá una capital colapsada en lo que a la infraestructura urbana se refiere, producto, principalmente, del desvío de G. 512.000 millones de bonos G8, emitidos bajo la gestión de Rodríguez. Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó, que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió esos recursos, que debieron destinarse a la construcción de desagües pluviales, al pago de salarios y otros gastos corrientes.

De ocho proyectos prometidos con ese dinero, Rodríguez apenas inició cuatro y no terminó ninguno; San Pablo y Abasto están al 50%, y General Santos lleva 14 meses paralizada. Solo en 2025, los ciudadanos pagaron US$ 7,3 millones en tasas durante 2025 para el mantenimiento de desagües pluviales que no existen.

A la parálisis de estas obras se suma el pésimo estado de las calles y avenidas en prácticamente todos los barrios de la capital. En 2025, Nenecho y Bello dispusieron de US$ 18 millones para bacheo, pero los trabajos consistieron en remiendos superficiales de pésima calidad. “Más del 85% de las calles de Asunción tienen la vida útil vencida”, según el concejal Álvaro Grau (PPQ).

La Dirección de Vialidad dilapida recursos sin aplicar criterios técnicos básicos en las reparaciones contratadas, lo que acelera el deterioro prematuro del pavimento. El concejal Pablo Callizo (PPQ) criticó que la dependencia dilapide “US$ 14 millones anuales“, pero no obstante esa inversión no se refleja en la realidad.

Agregó que “todo el proceso constructivo se hace de mala manera”, y que los materiales no son los mejores. La próxima administración deberá aplicar auditorías severas sobre cada contrato vial y modificar las exigencias a los proveedores de insumos.

Según advirtió el concejal Humberto Blasco (PLRA), la ley exige que los recapados tengan “10 años de duración”, pero “acá no duran 10 meses”, por lo que se debe revisar la calidad “con lupa y microscopio”. Blasco propone asimismo exigir que el Gobierno Nacional compense el sobreuso de las avenidas troncales.

La estructura municipal devora anualmente US$ 121 millones en salarios, un costo desproporcionado que ahoga cualquier posibilidad de inversión real en infraestructura básica. Para el concejal Callizo, lo más urgente es una reforma institucional, debido a que existen “muchas direcciones duplicadas, hay muchos roles duplicados, mucha mala organización, burocracia.

Eso genera frustración en el contribuyente y genera coima”, remarcó. El edil señala que esa excesiva burocracia “le está perjudicando económicamente a la ciudad, porque la gente no puede emprender, no puede construir una casa, un edificio porque todo le trancan.

La municipalidad hoy en día es más tranca para el progreso de la ciudad que una ayuda”, expresó. El concejal Grau, por su parte, remarcó que: “La municipalidad puede funcionar tranquilamente con menos de la mitad de los funcionarios”.

Agregó que “el desafío más grande que se tiene y lo que primero se tiene que hacer es echar a todos los planilleros”. Otra de las nefastas herencias que recibirá el próximo gobierno municipal es un sistema de aseo urbano, que arrastra más de nueve meses consecutivos de deficiencias críticas en la recolección de desperdicios domiciliarios en toda la capital.

Esta crisis operativa contrasta radicalmente con el millonario esfuerzo de los asuncenos, quienes aportaron US$ 35 millones en 2025 para mantener la ciudad limpia. Frente a esto, la ciudad mantiene una flota de camiones chatarra.

El actual intendente, Bello, intentó sin éxito iniciar un proceso de compra directa de 11 camiones recolectores de basura, por casi G. 16.000 millones. El proceso, criticado por la oposición por hacerse a espaldas de la Junta Municipal, fue suspendido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por protestas de potenciales oferentes.

El abandono municipal que recibirá el próximo intendente o intendenta también alcanza a los principales espacios verdes, a pesar de que los contribuyentes abonaron US$ 1,3 millones en 2025 para su cuidado. Sitios emblemáticos como la Plaza Uruguaya, la Plaza Italia y la Plaza de las Américas sufren destrucción de mobiliario y acumulación permanente de basura.

El entorno peatonal también está destruido, debido a que las ordenanzas de veredas inclusivas son letra muerta, consolidando barreras arquitectónicas insuperables para la ciudadanía. Quien asuma el mando no tendrá margen para el maquillaje superficial.

Consultado al respecto de la ciudad que deja, el intendente, Luis Bello contestó que deja una ciudad mucho más ordenada. “Yo ordené todo lo que tiene que ver con las finanzas del municipio”, afirmó. Bello se jactó de haber comenzado “con cambios siderales en la administración en general”, como la eliminación de la “cuenta única” y del ‘piso ocho’, “tuvimos meses récord de recaudación, reactivamos los desagües pluviales, y un conjunto de asfaltados y recapados a través del plan ‘Asu 400 cuadras’”, agregó.

Bello expresó que no ingresó ningún nuevo funcionario y que está trabajando en un plan a largo plazo para el próximo intendente. No obstante, durante su gestión, concejales de la oposición y la disidencia lo acusaron de mantener el modelo de gestión heredado de Rodríguez, de “loteamiento” de las dependencias y de mantenimiento de esquemas de “cajas paralelas”.