He leído las declaraciones del honorable diputado Eduardo Gaitán publicadas en La Prensa (31/05/26), en las que afirma que “Panamá no puede seguir siendo refugio de empresas de papel”. Comprendo el atractivo político de esa frase.

Suena responsable y alineada con las exigencias de los organismos internacionales. El problema es que parte de una premisa equivocada: asumir que estas fueron simples estructuras vacías que nunca aportaron valor alguno a nuestra economía.

Nada más alejado de la realidad. Esa afirmación es fiel prueba de que la ignorancia siempre es atrevida.

Cierto que muchas de estas sociedades no realizan operaciones dentro del territorio nacional. Nunca fue ese su propósito.

Los abogados desarrollamos durante décadas un exitoso modelo de exportación de servicios legales, basado en una combinación de estabilidad jurídica, territorialidad fiscal y una legislación societaria moderna inspirada en la del estado de Delaware, uno de los principales centros corporativos del planeta, hoy el mayor del mundo y sin normas de sustancia económica. Pero detrás de cada una de esas sociedades siempre ha habido una extensa cadena de valor local.

Abogados redactando documentos, asistentes legales procesando trámites, recepcionistas atendiendo clientes, notarios autenticando documentos, traductores certificando, el Registro Público inscribiendo actos societarios, bancos prestando servicios, empresas de mensajería internacional transportando documentación y miles de trabajadores panameños sosteniendo una actividad económica legítima y altamente especializada. Llamar a todo eso “papel” equivale a decir que una naviera no genera valor porque los barcos navegan fuera de nuestras aguas o que el Canal no aporta riqueza porque la carga no pertenece a Panamá.

Durante décadas fuimos reconocidos como uno de los principales centros corporativos y fiduciarios del mundo. Miles de profesionales encontraron oportunidades laborales bien remuneradas gracias a esta industria.

No estamos hablando de empleos precarios. Eran puestos técnicos, administrativos y profesionales que contribuyeron al crecimiento de una amplia clase media urbana.

Paradójicamente, mientras se desarrollaba una intensa campaña internacional contra Panamá, varios de los principales centros financieros utilizados por multinacionales globales continuaron operando dentro de países desarrollados miembros de la OCDE. Diversos estudios académicos de Jason Charman, Álvaro Vargas Llosa, Andrew Morris y Lotta Moberg sobre centros financieros internacionales han identificado a jurisdicciones como Países Bajos, Irlanda, Suiza, Reino Unido y Singapur como piezas fundamentales de la arquitectura financiera global.

Por ello, el verdadero debate nunca ha sido la existencia de sociedades offshore. El debate ha sido quién puede ofrecerlas y en qué condiciones.

Lamentablemente, cometimos un error estratégico, que el HD Gaitán repite con el orgullo de quien no sabe de lo que está hablando: aceptar progresivamente la narrativa de nuestros detractores, según la cual debemos avergonzarnos de una actividad que todavía es perfectamente legítima y que constituyó una importante exportación de servicios. Por supuesto que debemos combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y cualquier actividad ilícita, y Panamá siempre estuvo a la vanguardia en este tema.

Fuimos el primer país de América Latina en pertenecer al Grupo Egmont (1997) y uno de los primeros en tener normas de “conozca a su cliente”, mediante el Decreto Ejecutivo No. 468 de 1994. Eso nunca ha estado en discusión.

Pero una cosa es perseguir el delito y otra muy distinta es demonizar una industria completa que durante décadas ha generado empleo, inversión y recaudación para el país. El HD Gaitán se va de bruces, quizá impulsado por la taquilla del momento, al afirmar alegremente que las sociedades panameñas siempre han sido simples estructuras de papel.

¡Qué equivocado está! Detrás de cada una siempre ha habido oficinas encendidas, profesionales trabajando, bancos operando, documentos registrándose y miles de familias panameñas dependiendo de una economía de servicios internacionales que tomó generaciones construir.

Antes de repetir ciegamente consignas importadas, convendría recordar una pregunta fundamental: si eran sociedades “de papel”, ¿por qué su progresivo desmantelamiento ha significado menos empleos, menos actividad económica y menos ingresos para Panamá? La respuesta es sencilla: porque siempre estuvieron sostenidas por trabajo panameño real.

El autor es abogado.