A las 11.00 horas de este domingo 7 de junio comenzará en el Centro de Justicia la formalización de 17 imputados en el marco de la denominada “Operación Tokio”, la investigación por lavado de activos más grande que se haya desarrollado en Chile contra el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que ha extendido su influencia en distintos países de la región.La audiencia será encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Milibor Bugueño, y el fiscal SAC Luis Barraza. Los imputados enfrentarán cargos por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando, dependiendo de su participación en los hechos investigados.De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Sur, la organización criminal logró lavar alrededor de $75 mil millones entre 2022 y 2025, en una operación financiera considerada como uno de los golpes más relevantes al crimen organizado en el país.La investigación permitió establecer asimismo que la estructura habría sacado de Chile más de US$84 millones provenientes de actividades ilícitas como extorsión, tráfico de drogas y explotación sexual.Megaoperativo en Santiago y cárcelesEl pasado martes 2 de junio, se ejecutó un megaoperativo simultáneo en diversas comunas de la Región Metropolitana -entre ellas Santiago, San Miguel y San Ramón- asimismo de distintos recintos penitenciarios.El procedimiento culminó con la desarticulación de una célula del Tren de Aragua y la detención de 19 personas vinculadas a la estructura criminal, varias de las cuales serán formalizadas este domingo.Según explicó el fiscal Héctor Barros, se trata de “uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua”.“Yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo resienten que, en el fondo, es en el patrimonio”, remarcó el persecutor luego de el operativo.Durante las diligencias, las autoridades lograron congelar cerca de 140 cuentas bancarias e incautar US$370 mil almacenados en billeteras de criptomonedas, lo que evidenció el sofisticado nivel financiero que había alcanzado la organización.El origen de la “Operación Tokio”La investigación se originó a partir de antecedentes recopilados luego de el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa, en el contexto de un polémico “after party” clandestino.Según explicó el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, subprefecto Cristián Sepúlveda, las declaraciones de asistentes a esa fiesta permitieron establecer la existencia de una estructura criminal jerarquizada y altamente organizada.“Dieron como hipótesis inicial la presencia de una estructura criminal jerarquizada, vertical, con un liderazgo visible de un sujeto de nacionalidad venezolana”, explicó el detective.Ese líder sería Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, en la actualidad recluido en Bogotá, Colombia, y quien mantiene vínculos directos con Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, máximo líder del Tren de Aragua.La operación policial fue bautizada como “Tokio” en referencia a la discoteca de lujo que “Niño Guerrero” había instalado al interior de la cárcel venezolana de Tocorón, recinto donde cumplía condena y desde el cual operaba la organización criminal con múltiples privilegios.La estructura criminal y el rol del ejecutivo bancarioDe acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización operaba mediante distintos niveles de mando.

Desde Colombia, “Carlos Bobby” impartía instrucciones a los denominados “jefes de plaza”, quienes coordinaban las extorsiones y las operaciones criminales en Chile.A ellos se sumaban brazos operativos encargados de ejercer violencia contra las víctimas y testaferros dedicados al ocultamiento del dinero y su inserción en el sistema financiero formal.Entre los detenidos figura asimismo un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Pérez Asencio, de 33 años, quien habría cumplido un rol clave para facilitar la apertura de cuentas y el movimiento de fondos ilícitos.“Era quien inicialmente aperturaba cuentas y posteriormente facilitaba medios para insertar esta ganancia ilegal en la banca formal”, explicó el subprefecto Sepúlveda.Las diligencias incluso incluyeron allanamientos a una sucursal bancaria en Santiago Centro.La investigación permitió asimismo reconstruir el mecanismo de extorsiones utilizado por la organización, particularmente contra locatarios del barrio Bellavista y productores de eventos.Según explicó el comisario Lorenzo Aguilar, de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, el nivel de violencia ejercido por la estructura iba escalando progresivamente.“Primero comenzaban con amenazas. Posteriormente, si la víctima no cedía al pago de la cuota que estas personas imponían, el nivel de violencia comenzaba a subir”, indicó.El detective agregó que, en etapas más avanzadas, los imputados realizaban disparos contra locales comerciales, inmuebles y bienes de las víctimas para forzar el pago de las denominadas “vacunas”.Asimismo, los investigadores realizaron un amplio monitoreo de redes sociales, donde los integrantes de la banda exhibían vehículos de lujo, fiestas y ostentosas adquisiciones financiadas con recursos provenientes de actividades ilícitas.