SALTA.— Luego de la aprobación por parte del Senado de la Nación del pliego de Diego Anzorreguy para ocupar el Juzgado Federal N° 2 de Salta, la jueza federal subrogante Mariela Giménez llevó a cabo un balance de los años que estuvo al frente de ese juzgado. En una entrevista con El Tribuno, destacó la implementación del sistema acusatorio y marcó preocupación por el avance del narcotráfico, la situación de las cárceles federales, las vacantes judiciales, el crecimiento de los amparos de salud y las demandas previsionales.

Entiendo que con la aprobación del pliego en el Senado de Diego Anzorreguy comienza a cerrarse una etapa. ¿Qué balance hace de su gestión al frente del Juzgado Federal N° 2?La verdad que ha sido un trabajo incesante.

Más que nada debería comenzar diciéndole que el Juzgado Federal N° 2 de Salta va a cumplir ahora, el 12 de julio de este año, 30 años de habilitado.Y esto tiene para mí un significado especial porque con el doctor Medina estuvimos desde el comienzo. El doctor Medina fue el primer juez federal del Juzgado Federal N° 2 y yo lo acompañé como secretaria, primero en la Secretaría Civil y en las otras competencias que tiene el juzgado, porque es un juzgado de competencia múltiple.

Incluso en algunas etapas también trabajé en materia penal.Lo acompañé durante toda su trayectoria como juez federal N° 2, trabajando a la par. Luego de rendir varias veces concursos en el Consejo de la Magistratura fui designada conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a propuesta de la Cámara Federal, mediante decreto del entonces presidente Mauricio Macri y acuerdo del Senado.Como consecuencia de ello, en diciembre de 2019 fui designada conjuez y a partir de allí también fui designada a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Salta como jueza federal subrogante.

Por eso hablo de la génesis, porque el conocimiento que tengo del juzgado viene prácticamente desde su nacimiento.Nosotros tenemos una particularidad en esta jurisdicción y es que se trata de un juzgado multifuero. Esa es la característica distintiva.

Tiene competencia en distintas materias de orden federal y una de las más importantes, obviamente, es la penal.Desde diciembre de 2019 comencé cubriendo reemplazos esporádicamente algunos juzgados federales. En esa época todavía estaba el doctor Medina y también comenzaban los primeros tiempos del COVID.

Había jueces que debían ausentarse por razones sanitarias y me tocaba cubrir esos juzgados.Posteriormente el doctor Medina accedió a la jubilación en el año 2021 y la Cámara Federal me designó en forma permanente hasta tanto se cubriera la vacante. Durante todo este tiempo me desempeñé al frente del Juzgado Federal N° 2 y también reemplazando eventualmente a otros juzgados federales de la jurisdicción cuando algún magistrado se encontraba enfermo o con licencia.

Yo también concursé el concurso del Juzgado Federal N° 2 de Salta.¿Cómo fue el desafío del cambio con el sistema acusatorio?Sin dudas fue un desafío. Más allá de la tarea cotidiana de conducir un juzgado con múltiples competencias, distintas secretarías y una enorme cantidad de expedientes, la implementación del sistema acusatorio modificó profundamente la dinámica de trabajo.Nosotros fuimos una de las jurisdicciones pioneras en el país y eso implicó una enorme responsabilidad.

El sistema acusatorio exige una participación mucho más intensa del juez. El juez debe realizar audiencias permanentes con fiscales, defensores y personas detenidas.

Ya no se trata únicamente del despacho diario que tienen las secretarías. Hay una actividad oral muy intensa.

Eso demanda muchísimo trabajo y esfuerzo por parte de los jueces federales. Pero al mismo tiempo fue muy beneficioso porque permitió que toda la Argentina observara cómo trabajaba esta jurisdicción.Han venido funcionarios, jueces y operadores judiciales de distintas provincias a observar el funcionamiento del sistema en Salta.Creo que ha sido fundamental el trabajo que realizaron y continúan realizando los fiscales federales, los defensores oficiales y los jueces federales.

Se trabajó de manera conjunta y armónica. Eso puede verse claramente en los resultados obtenidos, especialmente en materia de narcotráfico.

Los números demuestran los beneficios que trajo el sistema acusatorio.Justamente, ¿qué peso tiene hoy el narcotráfico dentro de la actividad cotidiana de un juzgado federal?Yo diría que aproximadamente el 80% del trabajo de los juzgados federales está vinculado al narcotráfico. Nosotros trabajamos principalmente sobre las investigaciones más importantes, sobre el tráfico macro.En el sistema acusatorio el fiscal tiene a su cargo la investigación.

Hay una diferenciación clara de roles. Pero determinadas medidas requieren autorización judicial, como allanamientos, intervenciones telefónicas y otras medidas de investigación.Y cuando se producen detenciones o procedimientos importantes comienza la etapa de audiencias, que es una de las que más tiempo y dedicación exige.En estos años, ¿notó cambios en las organizaciones narcocriminales?—En cuanto a la investigación que hacen los fiscales, con la supervisión de los jueces, sí lo vemos permanentemente.

El fenómeno es incesante y se ha incrementado de manera significativa.Nuestra ubicación geográfica es determinante. Somos una provincia fronteriza con Bolivia y Paraguay, dos puntos por donde históricamente ingresa una gran cantidad de sustancia estupefaciente.

Pero asimismo hemos observado procedimientos muy importantes en otras zonas, incluso en Los Andes. No solo vemos por vía terrestre sino también con la utilización de aeronaves.

Eso obliga también a un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad.Existe un trabajo muy importante de Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal y también de las áreas especializadas de la provincia. Se trabaja coordinadamente con todas las fuerzas y gracias a ese esfuerzo conjunto se obtienen los resultados que hoy vemos.Con este sistema acusatorio se da mayor garantía no solo a los detenidos y a los posteriores imputados sino también a los ciudadanos que tengan algún interés.Usted destaca mucho el sistema acusatorio.

¿Qué diferencia encuentra respecto del sistema anterior?Para mí la diferencia es enorme. Si tuviera que expresarlo en términos personales, diría que representó una mejora del cien por ciento.

Porque habiendo convivido durante años con el sistema mixto puedo advertir claramente los beneficios.Por ejemplo, una investigación penal preparatoria tiene un plazo determinado por la ley. Pero en la práctica vemos que el Ministerio Público Fiscal, cuando no se trata de una causa compleja, muchas veces ni siquiera espera esos plazos máximos.

Existe una gran responsabilidad institucional.Los fiscales suelen fijar plazos razonables y acotados y son muy respetuosos del derecho de defensa. Eso habla muy bien del trabajo que se realiza.

Asimismo, el juez debe resolver inmediatamente en audiencia.Todo eso fortalece principios fundamentales como la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración y la celeridad.Para que el sistema funcione mejor también hacen falta más jueces, fiscales y funcionarios.Sin dudas. Las vacantes son una preocupación importante.

Cuando falta un juez o un fiscal, quienes están en funciones deben extender su trabajo y asumir responsabilidades adicionales. Eso no significa que se descuide la tarea propia, pero sí implica un esfuerzo enorme.

Y hay que tener en cuenta algo: las audiencias demandan una enorme concentración. No solamente esfuerzo intelectual, sino también físico.Un juez puede pasar horas realizando audiencias y luego debe seguir atendiendo el resto de las tareas del juzgado.Y asimismo existe una creciente demanda social.Exactamente.

Cuando la situación económica se complica aumentan determinados tipos de causas. Por ejemplo, los amparos por salud.

Muchas obras sociales dejan de cubrir determinadas prestaciones y los ciudadanos recurren a la Justicia para obtener respuestas. Y eso genera una presión adicional sobre el sistema.Si las vacantes no están cubiertas resulta muy difícil brindar respuestas satisfactorias en tiempo y forma.¿Qué otras áreas observa afectadas por la situación económica?La previsional.

Nosotros tenemos competencia previsional y vemos permanentemente reclamos de jubilados. Personas que consideran mal liquidados sus haberes, que reclaman reajustes o que simplemente no pueden acceder a prestaciones básicas.

Tenemos una secretaría previsional con una enorme demanda.¿Se nota un crecimiento importante?Sí, claramente. Y asimismo estamos hablando de sectores especialmente vulnerables.

Personas mayores que necesitan medicamentos, tratamientos, atención médica y que muchas veces dependen exclusivamente de su jubilación para llegar a fin de mes. Lo mismo sucede con los amparos de salud.

Nosotros intervenimos constantemente en reclamos contra PAMI y obras sociales nacionales. Y el incremento ha sido muy importante.¿Podría cuantificarlo?Los números muestran aumentos muy significativos.

Yo diría que tanto los amparos de salud como las causas previsionales han crecido alrededor de un cien por ciento. Eso surge claramente de los registros estadísticos del Poder Judicial.

Hoy contamos con sistemas completamente digitalizados y esos datos están disponibles.Asimismo del narcotráfico y las demandas sociales aparece otra problemática: la situación penitenciaria.Sí. Nosotros tenemos dificultades vinculadas al Servicio Penitenciario Federal.

No es ningún secreto. Las unidades reciben personas provenientes de distintas jurisdicciones y eso genera complicaciones para alojar detenidos de esta región.Muchas veces los detenidos deben permanecer temporalmente en dependencias de Gendarmería Nacional.

Y esos lugares no fueron concebidos para alojamientos prolongados.Los jueces tratamos de garantizar permanentemente los derechos de esas personas. Porque más allá de la imputación que tengan siguen siendo personas y requieren condiciones dignas de detención y atención médica adecuada.

Pero es una problemática que observamos cotidianamente.¿Cómo se llevó con los casos de trascendencia? Les tocaron causas como María Cash y el diputado Emiliano Estrada.Lo llevé muy bien.

Usted sabe que todos los actores en los procesos son muy respetuosos. Cada uno conoce su rol y su límite.

Y todo este tipo de trabajo que tiene una trascendencia social implica mucha resposabilidad. Hay que ser cautos, hay un compromiso que uno tiene no solo con esos actores sino con toda la sociedad, que es la destinataria del servicio de justicia.Al intervenir en causas complejas vinculadas al narcotráfico, ¿alguna vez recibió amenazas?No.

En lo personal nunca tuve ningún episodio de ese tipo. Las fuerzas de seguridad trabajan coordinadamente y siempre me sentí respaldada.

Tenemos contacto directo con personas investigadas porque las vemos permanentemente en las audiencias, pero jamás tuve una situación que lamentar.Varios actores judiciales destacan su permanencia y su trabajo durante estos años. ¿Cómo valora usted al resto de los integrantes del sistema judicial?Con muchísimo agradecimiento.

Son profesionales muy preparados. Y no solamente desde el punto de vista técnico sino también humano.

Todos trabajaron en forma conjunta para que el sistema acusatorio pudiera consolidarse. Han venido representantes de todo el país a observar cómo trabajábamos, cómo realizábamos las audiencias y cómo articulábamos la tarea entre jueces, fiscales y defensores.En mi caso llevamos más de 2.500 audiencias realizadas.

Eso permitió generar criterios de interpretación del propio Código Procesal Penal Federal.Ahora volverá a sus funciones anteriores.Sí. Voy a volver a mi cargo, aunque continúo siendo conjueza de Cámara.¿Podría volver a ser convocada para otras subrogancias?Eso dependerá de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Yo he reemplazado juzgados en Tartagal, Orán, Jujuy y también el Juzgado Federal N° 1 de Salta. Siempre tuve predisposición para colaborar cuando fue necesario.