SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— Ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley presentado por el diputado de GENERAR Tiago Puente que busca facilitar la reinserción laboral de personas desocupadas mayores de 50 años mediante un régimen de incentivos fiscales para empleadores del sector privado. La iniciativa propone deducciones progresivas en el Impuesto a los Ingresos Brutos provincial para las empresas que incorporen trabajadores de ese grupo etario, sin generar gasto público adicional ni crear nuevas estructuras administrativas.

Según los fundamentos del proyecto, el 80% de las ofertas de empleo en Argentina está dirigido a personas menores de 40 años, y aproximadamente 800.000 personas mayores de 50 años enfrentan barreras significativas para reingresar al mercado laboral, con independencia de su formación o experiencia. La propuesta reconoce que ese grupo etario posee cualidades valiosas experiencia, madurez y compromiso laboral pero es sistemáticamente descartado en los procesos de selección, lo que genera desempleo de larga duración con consecuencias psicosociales graves, en particular para quienes tienen responsabilidades familiares.

Cómo funciona el régimen El beneficio consiste en una deducción escalonada en el Impuesto a los Ingresos Brutos: 75% durante el primer año de la relación laboral, 50% durante el segundo y 25% durante el tercero. La deducción se aplica por cada trabajador contratado bajo el régimen y se sostiene como menor recaudación fiscal, sin requerir asignación presupuestaria específica.

Para acceder al beneficio, el trabajador debe tener al menos 50 años, estar desocupado, acreditar dos años de residencia en la provincia y no percibir jubilación, pensión ni beneficios de otros programas de empleo estatales. Los empleadores deben estar inscriptos en la AFIP, no registrar deudas impositivas ni causas judiciales pendientes con el Estado provincial, y garantizar al trabajador el pleno goce de sus derechos laborales y el salario establecido por convenio colectivo.

El proyecto admite todas las modalidades contractuales permitidas por la legislación laboral vigente: plazo fijo, plazo indeterminado, part-time, jornada reducida, temporales o por proyecto. El control quedará a cargo de la Administración Tributaria Provincial mediante una declaración anual del empleador, sin exigir controles mensuales ni certificaciones adicionales.

Tampoco se creará una autoridad de aplicación específica, ya que se utilizarán las estructuras administrativas existentes. Quedan excluidos del régimen los trabajadores que hubieran prestado servicios en la empresa solicitante o en empresas vinculadas durante los cinco años anteriores a la contratación, con excepción de los casos de sucesión empresarial o cambio de forma jurídica.

Vigencia y antecedentes La vigencia propuesta es de tres años desde su promulgación, con posibilidad de prórroga por igual período si la evaluación de resultados arroja impacto positivo en la generación de empleo para el grupo etario contemplado. El costo del régimen se absorbe como menor recaudación de Ingresos Brutos, sin requerir partida presupuestaria adicional.

En sus fundamentos, Puente indicó que diversas jurisdicciones han implementado medidas similares: el proyecto nacional \"Segunda Oportunidad\" propone bonificaciones en contribuciones patronales; la ley 2352 de la Ciudad de Buenos Aires establece un régimen de ayuda para mayores de 45 años; y Entre Ríos desarrolla iniciativas análogas. La iniciativa busca mejorar esos antecedentes al simplificar los requisitos, reducir la burocracia y alinear el mecanismo con criterios de política fiscal moderna, evitando distorsiones de mercado al reducir costos impositivos en lugar de sustituir salarios.

Con esta propuesta, el diputado Puente busca dar respuesta a una problemática que, según los fundamentos del proyecto, tiene consecuencias concretas sobre la economía provincial y la calidad de vida de miles de trabajadores que, pese a su trayectoria, encuentran cerradas las puertas del mercado laboral formal.