En mi columna anterior saludé entusiastamente las medidas procrecimiento del proyecto de ley (PDL) de “Reconstrucción”, aunque advirtiendo sobre la necesidad de mitigar sus riesgos fiscales. Pero hay otras medidas que no son procrecimiento ni igualmente saludables.

Una de ellas es la eliminación de las contribuciones a la vivienda principal de los adultos mayores. Primero, porque existen mejores soluciones que “vender el sofá de don Otto”.

Segundo, ya que debilita la autonomía financiera municipal y, con ello, el principio de subsidiariedad. Tercero, porque hay mejores usos para recursos públicos escasos.El aumento de valor de la vivienda es, por un lado, una gran noticia para su propietario: incrementa su riqueza.

Pero, por otro, puede generarle un problema: un desacople entre sus ingresos y contribuciones que suben con una plusvalía que no depende de él. Así, las dificultades para pagarlas podrían incluso obligarlo a dejar su casa.El PDL del gobierno identifica correctamente este problema.

Pero un diagnóstico adecuado no implica que la solución también lo sea. Como es fácil advertir, el problema es uno de liquidez: ingresos personales que no suben a la par de las contribuciones de una vivienda que vale más.

Siendo así, lo razonable es resolverlo a ese nivel, en lugar de vender el sofá de don Otto, eliminando las contribuciones como propone el gobierno.Para abordar ese problema de liquidez, una propuesta es establecer un pago máximo como proporción del ingreso de las personas, por ejemplo, un 2,5%. Si hubiera una diferencia respecto a la contribución, esta se saldaría a futuro al traspasar o vender la propiedad, cuando ya no hay restricción de liquidez.

Este esquema no solo beneficiaría a los adultos mayores, sino a cualquiera. Por ejemplo, alguien que pierde su trabajo tampoco enfrentaría el riesgo de dejar su hogar por no poder pagar las contribuciones.Una segunda objeción es el impacto en los municipios.

Estimo que hoy reciben unos US$230 millones por contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores, monto creciente por su plusvalía y porque los adultos mayores más que se duplicarán de aquí a 2050. El PDL solo compensaría los US$150 millones que hoy van al Fondo Común Municipal (FCM), dejando una merma significativa para los municipios aportantes netos.

Esto debilita su autonomía financiera y, con ello, lesiona el principio de subsidiariedad en el financiamiento y provisión de bienes públicos locales (seguridad, áreas verdes, etc.). Erosiona, asimismo, el incentivo a proveer mejores bienes públicos que eleven el valor de las propiedades y, con ello, la recaudación.Podría creerse que el sacrificio de autonomía y subsidiariedad no aplica a las comunas receptoras del FCM ya que el Estado las compensa.

Esto es un error: en su redacción actual, el PDL reemplaza la regla permanente de transferencias entre comunas por un aporte fiscal incierto (máxime bajo estrechez fiscal), sujeto anualmente a la ley de presupuestos. Esta centralización no es inocua para la autonomía municipal: el que pone la plata, pone la música.

Y aun si la compensación quedara fijada por ley en el valor de la merma actual reajustada por IPC, seguiría sin reflejar el crecimiento real de esta fuente de ingresos por la plusvalía y por el envejecimiento de la población.Si en Chile tres de cada cuatro viviendas están exentas de contribuciones, el 80% de la recaudación proviene del 10% de mayor valor comercial. Más aún, más de la mitad proviene del 2% de propiedades más caras del país, aquellas sobre 10.000 UF, mientras que el 0,5% que supera las 20.000 UF aporta una cuarta parte del total.

Estos datos llevan a preguntarse si destinar US$150 millones a una medida que beneficia desproporcionadamente a propiedades de tan alto valor relativo es el mejor uso de recursos públicos escasos. Sobre todo dada la actual situación fiscal y existiendo mejores alternativas para abordar el problema de liquidez detrás de las contribuciones.

Frente a opciones como sala cuna, educación o subsidios al empleo, la respuesta parece evidente.Hay quienes sostienen que se trata de eliminar una injusta doble tributación, pues el ingreso que financió la propiedad ya pagó impuesto a la renta al Estado central. El argumento olvida que las contribuciones no financian al Estado central, sino a los municipios y los bienes públicos locales que estos proveen.

Omite asimismo que distintos impuestos gravan hechos distintos. Por lo demás, bajo la lógica de eliminar impuestos sobre bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuesto a la renta, no solo habría que eliminar las contribuciones a los adultos mayores, sino a todos.

Pero no solo eso: ¿por qué no aplicar el mismo principio al IVA, a la patente de un vehículo y a un largo etcétera? Al final, solo nos quedaría el impuesto a la renta.Quizá la justificación última sea que se trata de una promesa de campaña.

Pero el problema con ese argumento —si se le puede llamar así— es que permite avalar cualquier cosa y vender los más variopintos sofás de don Otto.