La división entre los jefes disidentes en medio de la mesa de paz en marzo de 2024 movió el tablero de la guerra y abrió una disputa de alta letalidad en el departamento, bastión histórico de las antiguas FARC. La diferencia en los objetivos de cada grupo ha intensificado los combates y derivado en confinamientos y desplazamientos que encienden las alertas en el territorio.

Junto a Mordisco estuvieron otros jefes de esa guerrilla como Alexander Díaz Mendoza cuyo nombre de guerra es Calarcá Córdoba.JOAQUIN SARMIENTOEl día que el Estado Mayor Central (EMC) anunció que se sentaría a negociar la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, el país vio la que quizá es la última fotografía pública de Iván Mordisco y Calarcá Córdoba juntos. Entonces eran jefe y vocero de la misma organización armada.

Esa imagen tomada en abril de 2023 retrata el inicio de un momento que movería el tablero de la guerra en Colombia, al ser uno de los puntos de arranque de la política de paz total del Ejecutivo. Casi un año después, esa disidencia de las FARC se fracturó en medio de esos diálogos de paz y, con ello, dejó sumidos a diferentes puntos del país, incluido Guaviare, en una disputa entre antiguos aliados que hoy acumula decenas de muertos.El saldo más reciente de la confrontación en ese departamento entre las estructuras de Mordisco y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) –el grupo armado al mando de Calarcá que surgió luego de la ruptura del EMC en 2024 y que sigue en la paz total– se conoció el pasado 27 de mayo.

Fueron 48 muertos, entre ellos varios niños y niñas, por combates entre la estructura 44 Bloque Amazonas (del EMC) y la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño (del EMBF), en la vereda La Siberia, zona rural de San José del Guaviare. La crudeza de la noticia volvió a poner la mirada en el departamento en el contexto convulso del panorama electoral. “11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre.

Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”, escribió este 2 de junio en su cuenta de X la Defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de que Medicina Legal confirmara la identidad de 43 de los muertos. Un día después, el presidente Petro dio a conocer que por esa acción ordenó un bombardeo en Guaviare contra Mordisco.He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre si con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combateUn menor recuperado, trece fusiles incautados y 3 muertos de su fuerza. https://t.co/SStqISkyL4— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026 No es la primera vez que la confrontación entre los viejos aliados deja episodios de alta letalidad en el nororiente del departamento.

En enero de este año, murieron 25 hombres de la facción de Mordisco en circunstancias que todavía despiertan interrogantes. Aunque inicialmente se habló de un combate entre disidencias, la Fiscalía General de la Nación descartó esa hipótesis al encontrar indicios de tiros de gracia a corta distancia.

Fue un hecho que abrió preguntas sobre las dinámicas de la confrontación en Guaviare; preguntas que quedaron en segundo plano, pero que la masacre de la semana pasada volvió a hacer necesarias.“No hay otras zonas del país donde los combates lleguen a 25 muertes o 48 muertes, donde sean tan letales. Creo que la mayoría de lo que suele ocurrir en este punto es de mucho más bajo perfil, como presión sobre las comunidades, las amenazas, el intento de toma de juntas”, explica a Colombia+20 Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Response (CORE).En el último año y medio, señala Johnson, Guaviare ha concentrado al menos tres de esos episodios letales.

En todos los casos, quienes han terminado más golpeados son los hombres de Mordisco. Para el investigador, una posible explicación está en la diferencia de preparación militar.

Las estructuras de Calarcá parecen estar mejor organizadas y entrenadas, mientras que muchos combatientes de Mordisco son jóvenes con poca formación. “Esa desventaja puede ayudar a explicar parte de la letalidad”, afirma.Pero más allá del desequilibrio militar, el investigador de CORE apunta a algo que considera central para entender la severidad de la violencia. “Esta disputa es distinta porque nace de una pelea interna. Hay un tema organizacional; los que antes trabajaban juntos ahora son grandes enemigos.

Las guerras entre grupos que antes hicieron parte de una misma estructura suelen ser más violentas que las que enfrentan a enemigos históricos. Es una hipótesis que todavía requiere evidencia, pero tiene sentido”, dice.Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), coincide en que la fractura del EMC es clave para descifrar por qué hoy Guaviare es uno de los escenarios que muestra de forma más cruda el horror de la guerra y que se está empezando a perfilar como un foco de violencia similar a Cauca o el Catatumbo. “Hay otros focos que son históricos y que han mantenido una sostenibilidad después de la firma del Acuerdo de Paz.

Todo lo que ocurre en la costa pacífica nariñense, por ejemplo, o lo que ocurre en el Catatumbo. Guaviare, en cambio, no era un lugar sobre el cual se centrara la violencia en el escenario del posconflicto, a diferencia de otras zonas del país.

Entonces, Guaviare aparece como un nuevo escenario de confrontación armada, producto de esta división interna entre Calarcá y Mordisco”, señala.Esa fragmentación se dio en el marco del proceso de negociación y se precipitó en marzo de 2024 luego de el asesinato de Carmelina Yule, una lideresa histórica del Cauca. La decisión del presidente Petro de levantar el cese al fuego como respuesta al hecho violento resultó en la división del EMC: Mordisco quería salirse del proceso; Calarcá Córdoba, quedarse.

Desde entonces hay dos disidencias que hoy se enfrentan.Los síntomas de esa ruptura, recuerda Johnson, se vieron desde abril de 2024, cuando empezó a escalar el lenguaje entre ambas facciones. En ese momento, Calarcá expresó en entrevista con Colombia+20 que había una posibilidad de que Mordisco los tildara de traidores y que se enfrentara a ellos.

Las dos cosas se cumplieron.Después de la división, los primeros combates importantes ocurrieron entre agosto y septiembre de ese año en Cartagena del Chairá, y la guerra en Guaviare estalló de lleno en enero de 2025. Estos enfrentamientos aumentan las dudas sobre la mesa de negociación que mantiene el Gobierno con Calarcá, un proceso en crisis desde hace meses por los archivos hallados en un computador incautado en Anorí, que proveyó información sobre reclutamiento de menores, secuestros y delitos contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, así como presuntos nexos con integrantes del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

A eso se sumó los vínculos del EMBF con el asesinato del periodista Mateo Gómez en Briceño.La opinión pública ha pedido mayor severidad del Gobierno frente a Calarcá, en medio de los reiterados incumplimientos de los mínimos humanitarios. No obstante, el comisionado de Paz, Otty Patiño, ha insistido en mantener el canal de diálogo. “Ya eso creo que es un tema superado, pensar que el problema de la paz en el país es expulsar al señor Calarcá del proceso de negociación.

Yo creo que no. Por supuesto, es posible siempre, tal como se hizo con los frentes que estaban en el Cauca: suspender unas conversaciones cuando hay un crimen atroz como ese que cometió”, expresó hace unos días a Colombia+20.El control estratégico e histórico de GuaviareAunque los investigadores advierten que la guerra no puede explicarse únicamente por la disputa territorial, la ubicación de Guaviare y lo que representa históricamente para las disidencias añaden peso a la intensidad de la confrontación.

Daza detalla que ese departamento ha sido el principal fortín del EMC. “Luego de la firma del Acuerdo de Paz, Guaviare se convirtió en el bastión de Mordisco. Ahí se mantuvo el Frente Primero Iván Ríos.

Si uno mira estratégicamente el Guaviare, tiene una posición especial en el territorio nacional, porque conecta fácilmente con el departamento del Meta, con la Serranía de la Macarena, pero también tiene a través del río Guaviare una salida rápida hacia Brasil y Venezuela”, señala el investigador de Pares. Por eso, la confrontación actual es también “un pulso por la gobernanza territorial del bastión tradicional del Estado Mayor Central”.El intento por dominar ese territorio, no obstante, es histórico.

En julio de 1997, la masacre de Mapiripán perpetrada por paramilitares —en la que murieron 49 personas— se convirtió en la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a una región donde las antiguas FARC tenían presencia consolidada desde hacía años y evidenció que Guaviare, que hace frontera con ese municipio del Meta, ya era codiciado.Un jefe paramilitar citado por la Comisión de la Verdad contó que la orden era “que no quedara un alma en Mapiripán. Yo escuchaba de Mapiripán, Meta, que eso era la madriguera, que era la casa de la guerrilla.

Pero esa orden sí se la dieron a Otoniel, a todo mundo: ‘la orden es quemar, desaparecer del mapa a Mapiripán, Meta’”.Fueron seis días de horror para la comunidad. Las víctimas fueron sacadas de sus casas y llevadas al matadero del pueblo.

Allí las torturaron y asesinaron. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue una masacre que “instaló este fenómeno en el Oriente.

La mayoría de los sobrevivientes se vieron obligados a desplazarse y a olvidar sus tierras”.Mapiripán no fue la única zona que vivió la crueldad de los paramilitares. Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, dice que durante finales de los Noventa y los primeros años de 2000, Puerto Alvira y la Trocha Ganadera —hoy una zona de disputa entre ambas disidencias— también fueron escenario de confrontaciones por el control del río Guaviare y de amplias áreas del sur del Meta y el nororiente del departamento.“Guaviare ha sido importante en toda esa historia del conflicto.

Lo fue en la época del Plan Colombia y lo sigue siendo hoy para ambos bandos, que se disputan el control del territorio en toda la región”, agrega. No se trata, entonces, únicamente de una disputa por rentas ilegales.

Como lo señala Arenas, “lo que está en juego es la capacidad de controlar buena parte del territorio de Guaviare con todo lo que eso representa. Ese control no implica solamente finanzas o economías ilícitas, sino todo lo que representa ejercer poder sobre un territorio”, añade Arenas.La importancia de conquistar ese departamento —bisagra entre la Orinoquía y la Amazonía— se muestra en la reciente expansión de una facción del Bloque Jorge Suárez Briceño de Calarcá hacia el oriente del departamento, que, según Arenas, es otra de las razones detrás del aumento de los enfrentamientos. “Se ha extendido desde la zona occidental hacia sectores de la Trocha Ganadera, El Retorno, Calamar y la ribera del río Guaviare en jurisdicción de San José.

Al expandirse ha chocado con los intereses del Bloque Amazonas, que está adscrito al Estado Mayor Central (de Mordisco)”.Todo eso ayuda a entender que lo que está en juego no es igual para ambos grupos. Para Calarcá, la disputa pasa por consolidar corredores estratégicos y ampliar su presencia territorial.

Para Mordisco, en cambio, se trata de defender el núcleo histórico de su poder armado y recuperar un departamento que domina mayoritariamente (ver mapa).Para Johnson, esa diferencia es clave para leer el conflicto. “La fuerza de Calarcá está en Caquetá y el sur del Meta. Igual hay puntos muy importantes para él en Guaviare, especialmente en el suroccidente, pero si los pierde recibe un golpe y puede sobrevivir.

Para Mordisco es diferente. Tiene mucha fuerza militar ahí.

Es su zona de confort y control. Durante mucho tiempo Guaviare ha sido su territorio.

Ahí está el corazón de él y de varios frentes que hacen parte del Bloque Amazonas. Entonces perder Guaviare sí es posiblemente mortal para él, en el sentido literal, y para su grupo”.Las afectaciones humanitariasLos actores armados han cambiado en Guaviare, y aunque las disputas hoy tienen motivaciones y brazaletes distintos, la historia siempre golpea de frente a la población civil.Luego de conocerse la noticia de la confrontación que dejó 48 muertos, la Defensoría del Pueblo advirtió que las consecuencias de la guerra que libran el EMBF y el EMC “recaen principalmente sobre la población civil.

Comunidades indígenas, campesinas y rurales enfrentan amenazas, restricciones a la movilidad, controles sobre las comunicaciones, imposición de normas de comportamiento y señalamientos por parte de grupos armados organizados”.Para Johnson, se trata de una crisis menos visible que otras registradas en el país, pero igualmente presente en la vida cotidiana de las comunidades. Los habitantes conviven con el miedo a los combates, las amenazas y las presiones de los grupos armados.Las restricciones a la movilidad son una de las expresiones más claras de esa realidad.

Arenas señala que los grupos armados suelen recrudecer esos controles cuando llegan fuerzas estatales a la zona, y que los señalamientos a habitantes de colaborar con uno u otro bando han derivado en nuevos desplazamientos, mientras que otras comunidades han quedado atrapadas en la confrontación.De hecho, el Comité de Justicia Transicional de San José del Guaviare declaró formalmente el confinamiento de tres veredas y dos resguardos indígenas en la zona donde ocurrieron los combates. Arenas describe lo que eso significa en la práctica: comunidades indígenas que no pueden pescar, ni cazar, ni moverse de noche; campesinos limitados para desarrollar sus actividades cotidianas. “Se requiere con urgencia ayuda humanitaria”, advierte.En medio de esas afectaciones a la población civil, Daza pone la lupa sobre otra dimensión humanitaria, el reclutamiento de menores.

A su juicio, las alertas de la Defensoría no han estado acompañadas de suficientes medidas de prevención por parte del Gobierno. “Creo que la crisis comienza antes de que se consuma el hecho; se da desde el momento mismo en que los menores son reclutados. Y eso no lo estamos viendo, solo nos enteramos cuando pelados están muertos en combate.

Entonces, creo que sí estamos a las puertas de una crisis humanitaria si no se le pone la suficiente atención”, dice.Entre las noticias de decenas de muertos que deja el conflicto en Guaviare, el país vuelve a mirar el departamento, pero la atención llega tarde y se diluye con rapidez. En el territorio, las comunidades siguen exigiendo presencia del Estado frente a una guerra cuyos alcances apenas empiezan a dimensionarse.✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.