El pasado 3 de junio se cumplió la séptima suspensión de la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), y otros acusados en un presunto desvío de más de G. 1.108 millones de la municipalidad. El presunto daño patrimonial data del 2017, cuando su esposo, el actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía como intendente.

No obstante, el parlamentario, pese a estar ligado a la causa, su proceso no avanza porque sus colegas de la Cámara Baja no tratan sus cuatro pedidos de desafuero. El primero ingresó el 11 de diciembre del 2023.

El fiscal Silvio Corbeta acusó a Patricia Corvalán y a otras 13 personas el 11 de diciembre de 2024 y la primera audiencia preliminar debía realizarse el 13 de febrero de 2025. No obstante, al igual que en la etapa previa, los investigados recurrieron a infinitas chicanas para suspenderla.

Lea más: Elecciones municipales: Acusada intendenta de Quyquyhó busca una banca en la Junta Municipal Para el 22 de mayo del 2025 se fijó una nueva audiencia, que pudo iniciarse, pero fue aplazada por las recusaciones contra el fiscal Corbeta y el juez Otazú, planteadas por el acusado Enrique Javier Lovera Lezcano. En tanto, que en la tercera oportunidad se fijó audiencia para el 14 de julio de 2025, pero se suspendió por otra recusación contra el juez Otazú, esta vez presentada por Guido Ramón Vargas.

La cuarta vez fue el 17 de septiembre de 2025 y fue suspendida porque la intendenta cartista Patricia Corvalán, Ruth Medina (actual candidata a intendenta de Quyquyhó) y Carlos Bareiro plantearon una excepción de incompetencia. Posteriormente, el 11 de marzo de 2026, se vuelve a suspender por un recurso de apelación general planteado por la defensa de Patricia Corvalán, y así se llegó a la quinta suspensión.

El 29 de abril de 2026 la comparecencia vuelve a ser truncada por nuevos recursos pendientes por resolver. Con eso, se acumula la sexta suspensión de la audiencia.

Finalmente, el miércoles 3 de junio de 2026, se tuvo que suspender nuevamente la audiencia por la recusación contra Otazú, presentada por Damián De Jesús Galarza. También la procesada Soledad Ramona Ferreira presentó recusación contra el juez, quien está en estado de rebeldía desde el 02 de julio de 2024.

En el marco de la investigación por el presunto desvío de G. 1.108 millones, el Ministerio Público procesó e imputó por administración en provecho propio y lavado de dinero a 22 personas, pero luego de la investigación se acusó solo a 14 de ellas. Lea más: Diputado Esteban Samaniego envuelto en otro hecho de violencia Asimismo, cuatro personas ya consiguieron su sobreseimiento definitivo, dos tuvieron la extinción penal del proceso, una está prófuga y Esteban Samaniego se aferra a sus fueros.

La lista de acusados y chicaneros es la siguiente: Asimismo, antes de la acusación, también se presentaron siete diferentes acciones judiciales con el solo objetivo dilatorio desde el 2023, año de la imputación. En ese contexto, fueron sancionados varios abogados defensores e incluso se ordenó la prisión domiciliaria de algunos investigados por el uso abusivo de los actos procesales.

El diputado Esteban Samaniego no solo es el “líder indiscutible de Quyquyhó”, como se autodenomina, sino que también tiene un largo historial de violencia. Sus víctimas son variadas: van desde senadores, diputados, concejales municipales, líderes políticos y hasta una mujer que estaba trabajando como guardia de seguridad en el estadio Defensores del Chaco.

No obstante, pese a que tiene procesos judiciales abiertos por violencia, sigue en total impunidad gracias al corporativismo de sus colegas, muchos de ellos incluso apañan su comportamiento violento durante las sesiones legislativas.