Los vecinos que litigan desde 2019 contra la venta a un fondo de 13 edificios pertenecientes a una fundación vinculada a la Iglesia, lo que dejaría a varios en la calle, han registrado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para mantener viva su lucha. Su problema es que los compradores y Fusara, la entidad vendedora vinculada al Arzobispado de Madrid, firmaron la paz luego de alcanzar en julio de 2025 un acuerdo para mejorar el precio de venta de 74 a 99 millones.

Como consecuencia, la fundación retiró su acusación en la causa judicial abierta para investigar la operación por presuntas irregularidades. En paralelo, los vecinos, que iniciaron la causa como acusación popular, fueron expulsados de ella en aplicación de la doctrina Botín.

El recurso ante el Constitucional, aún sin admitir, es un intento de volver a ser aceptados en el procedimiento, que afecta a decenas de viviendas en Madrid capital. “Pedimos, y esperamos, justicia”, dice Jesús Manrique, uno de los afectados. Seguir leyendo