Nunca como ahora la industria de las semillas y los productores agrícolas argentinos han estado más cerca de un acuerdo después de décadas de conflicto sobre la propiedad intelectual en juego, por un lado, y el derecho de los adquirentes de hacer uso eficiente de lo que se ha comprado para siembra y cosecha propias, por otro.Para decirlo con palabras más firmes, hoy hay abierta una oportunidad cierta, dentro del contexto de cambios radicales producidos por la política macroeconómica en vigor desde diciembre de 2023 y el consiguiente giro cultural que se ha registrado en amplias franjas del país, de alcanzar un logro que está más cerca de las manos que en otros momentos.Debe reconocerse al Gobierno la ductilidad con la que ha intervenido hasta aquí en el tema a fin de zanjar en el mayor grado posible las diferencias entre las partes y estimular avances hacia un acuerdo sin que resulte indispensable cambiar la ley de semillas en vigor desde 1973. No es este un tema menor, pues la actual administración ha acordado con los Estados Unidos adherir al Upov-91, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, como reclamaban los semilleros y otros titulares de derechos de propiedad intelectual, tal el caso de los laboratorios norteamericanos, y dejar así atrás una legislación de más de medio siglo de antigüedad.El martes próximo las autoridades se reunirán con las partes a fin de salir de la larga encrucijada que ha costado tiempo e ingentes recursos a la Argentina.La mayor elasticidad de los productores brasileños con los semilleros ha permitido a la agricultura del país vecino adelantos manifiestos en la productividad de algunos de sus cultivos en relación con la nuestra.

Los especialistas dicen que una de las pruebas más notorias de eso finca en que las ganancias genéticas de Brasil corren a la velocidad de 2,8% anual contra 1,2/1,5% de la Argentina.Quien no respeta los derechos intelectuales del otro debe saber que pagará como consecuencia la reticencia de los obtentores a que se pueda beneficiar con nuevos avances tecnológicos a los que no se accede por casualidad, sino por enormes inversiones en tiempo, recursos y habilidades puestas al servicio de una creatividad cada vez más acelerada. En el Congreso de la Nación han encontrado tradicionalmente refugio las posiciones más reaccionarias entre los productores, casi como en un calco de lo que han logrado en todo tiempo las industrias con mayor capacidad de lobby -tabaco, laboratorios, azúcar- para preservar las protecciones que las han resguardado de la competitividad.El Gobierno ha estimulado en los últimos tiempos la negociación directa entre semilleros y productores, y ha hecho bien.

El sector privado apela en general a la libertad de acción a fin de procurar los objetivos de producción que se traza, pero no siempre está disponible para la negociación seria entre sus propios integrantes y, a veces, espera en demasía la intervención del Estado para que este favorezca a un lado u otro de la controversia.Los semilleros quisieran que la Mesa de Enlace, que agrupa a las principales organizaciones del agro como la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, se sume a su posición de que el campo argentino debe adherir, lisa y llanamente, a las disposiciones del convenio Upov-91. La verdad es que tampoco en Brasil, Uruguay o Paraguay, por citar los ejemplos más próximos, ese convenio rige por completo en este tipo de relaciones.Entre las entidades que integran la Mesa del Campo es Coninagro la más permeable a la demanda de los semilleros de que los vínculos comerciales con los productores se rijan por el convenio Upov-91, y se explica: Coninagro tiene en su seno cooperativas de significativa producción de semillas, como la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Esto implica que la posición de los semilleros no solo concierne al interés de empresas extranjeras; también está en juego la defensa del punto de vista de empresas nacionales.El punto lógico de partida de un acuerdo básico sería mirar hacia adelante y someter a reglas estrictas de fiscalización las nuevas variedades de semillas que se introduzcan en el mercado. Como se sabe, la Argentina se priva de los beneficios de algunos eventos tecnológicos de última generación por los abusos que no pocos productores cometen con la venta a terceros de las llamadas “bolsas blancas”, cuyo precio en soja puede ser de hasta menos de 20 dólares por unidad, cuando en el mercado legal es de unos 40 dólares.

Sobre las “bolsas blancas” nada hay que hablar: con la ilicitud no se tranza. Lo que hay discutir es sobre los márgenes de uso propio para los productores por las semillas que han adquirido lícitamente.

Los semilleros estiman que la comercialización de semillas de soja, según cánones estrictos de formalidad, no pasa hoy del 50%.La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación junto a la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas no deroga la ley de semillas de 1973, pero introduce, como comunicó LA NACION, instrumentos para hacer más efectivo el control sobre la utilización de semillas. La Argentina está rezagada en tecnología sobre semillas autógamas (las que provienen de plantas que se reproducen por autofecundación) y esto se nota en el lento crecimiento en los rindes promedio de soja y de trigo frente al crecimiento comparativo extraordinario que, en cuanto a la primera, ha tenido un país como Brasil.Ahora lo que importa es que las partes aproximen posiciones en términos razonables todo lo que se pueda a través de un consenso generalizado.

Sería penoso que se desperdicie otra oportunidad excepcional como la que está presente.Hay muchas cuestiones para cerrar, como quiénes se harán cargo de la fiscalización de semillas. Durante el gobierno de Mauricio Macri se propendió a entendimientos entre semilleros y productores, pero sin resultados finales que sirvieran para algo.Ha llegado el momento de que se entienda que no queda más tiempo para perder, en medio de los esfuerzos denodados que el país realiza en otros órdenes a fin de encaminarse a una dirección sostenida hacia la prosperidad, para que las partes acuerden, sobre las bases de la ley de 1973, un marco moderno, equilibrado y perdurable en su aplicación.

Seremos verdaderamente optimistas en la medida en que la idea de eventuales abusos por una u otra de las partes en conflicto quede borrada de la vieja relación de prejuicios entre semilleros y productores.El país los mira con ansiedad. Están en juego, como han señalado diversas fuentes gubernamentales y privadas, unos 4000 millones de dólares que podrían añadirse anualmente a la producción del campo.

Si este fue un baluarte del desarrollo argentino en el pasado, con tanta o más razón podrá serlo a futuro, tratándose del sector con el más alto índice actual de productividad en la Nación.