MORENO.— La defensora general de la provincia de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson , presentó este jueves ante la Legislatura el Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD) , en un acto que tuvo un valor institucional particular por tratarse de la primera rendición de cuentas realizada bajo el nuevo estatus constitucional que la reciente reforma otorgó al organismo. La exposición se desarrolló en la Cámara de Senadores y contó con la participación del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y de la presidenta de la Cámara baja , Clara García, quien destacó que se trató del primer informe presentado desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna provincial. “Me embarga la emoción y agradezco la presencia”, expresó Moreno Robinson al iniciar una exposición que se extendió durante más de una hora y en la que repasó los principales indicadores de gestión de un documento de 270 páginas dedicado a analizar el funcionamiento de la Defensa Pública durante 2025. “Hoy estamos en este espacio rindiendo cuentas, en cumplimiento de una obligación constitucional”, remarcó.

A su vez, definió la presentación como una herramienta de “transparencia activa” y explicó que el informe busca ofrecer información objetiva para evaluar el desempeño institucional y proyectar mejoras futuras. “La importancia de contar con datos adecuados es poder definir objetivos para cumplir con nuestra misión institucional”, indicó la titular del MPD, quien describió el modelo de organismo que pretende consolidar como “proactivo, moderno, flexible, cercano a la ciudadanía y capaz de garantizar derechos”. Presencia institucional Asimismo de la defensora general participaron del acto los cinco fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación: Leandro Miró, de la Regional 1 de Santa Fe; Martín Riccardi, de la Regional 2 de Rosario; Mariano Mascioli, de la Regional 3 de Venado Tuerto; Valeria Lapissonde, de la Regional 4 de Reconquista; y Carlos María Flores Zanella, de la Regional 5 de Rafaela.

También estuvieron presentes integrantes de la conducción del Ministerio Público de la Defensa, entre ellos la administradora general Mariana Lirusso; el secretario de Relaciones y Programas Institucionales, Rodrigo Giménez; el secretario de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional, Santiago Bereciartua; y el defensor Daniel Schmid. La representación institucional del Ministerio Público de la Acusación estuvo a cargo de su secretario general, Leandro Maiarota, quien acompañó la actividad desde las primeras filas del recinto.

Una estructura desigual Uno de los ejes centrales de la exposición fue la situación estructural de la Defensa Pública y la histórica diferencia de recursos respecto del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Aunque evitó referencias personales, Moreno Robinson remarcó que al asumir encontró una institución con escasa información sistematizada y con una dotación de defensores insuficiente para responder a la demanda creciente del sistema penal. “Vimos que teníamos muy pocos defensores activos, incluso menos que cuando inició el nuevo sistema”, explicó.

Según explicó, al inicio de su gestión el MPD contaba con apenas 73 defensores frente a 199 fiscales. Esa disparidad inició a reducirse parcialmente a partir de diciembre de 2025, cuando juraron 19 defensores públicos adjuntos subrogantes. “Eso trajo más equilibrio en los números”, aseveró.

No obstante, aclaró que la brecha sigue siendo significativa: en la actualidad la provincia cuenta con 218 fiscales y 92 defensores públicos. “Cuando crece el número de fiscales, eso trae un aumento de causas para la Defensa”, remarcó. La funcionaria también lamentó la falta de herramientas informáticas adecuadas para producir estadísticas y evaluar el rendimiento institucional. “No tenemos un sistema que nos permita proveer datos.

Así es muy difícil reunir indicadores”, advirtió. Justicia penal juvenil Otro de los capítulos más extensos de la presentación estuvo dedicado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal juvenil, una materia en la que Moreno Robinson reivindicó su experiencia profesional previa. “Creo que puede ser un motor de cambio y brindar apoyo y contención a quienes no lo tienen”, aseveró.

La defensora general remarcó que el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal exige una lógica diferente a la utilizada con personas adultas. “El sistema adversarial debe ser distinto porque requiere una dimensión preventiva y exige especialización”, explicó. En ese contexto comunicó que entre julio y diciembre de 2025 la Defensa Pública intervino en actuaciones vinculadas con 873 adolescentes individualizados. “No son números; son historias de vida, personas en desarrollo que pueden hacer un cambio y transitar una vida digna”, remarcó.

No obstante, reconoció importantes limitaciones. “A veces sentimos mucha soledad porque las leyes prescriben dispositivos que en la práctica no están”, aseveró. También indicó que la futura implementación