SANTA FE.— La pretensión de la Casa Rosada de retirar el pliego de María Verónica Michelli por su vínculo familiar con un periodista de investigación en causas sensibles despertó en los archivos de cronistas el recuerdo de un antecedente de hace quince años. En 2011 sucedió algo similar con el pliego de Juan Manuel Yalj para ascender al cargo de camarista de la Cámara Federal de San Martín, quien quedó expuesto a una "represalia política" por su actuación en fallos que alteraban la gobernabilidad ante incipientes conflictos ferroviarios.

Ahora, el caso de Michelli -postulante al Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata- reactivó este antecedente ante la decisión del presidente Javier Milei y de su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , de solicitar el retiro de su pliego, dejando expuesta una grieta al interior de La Libertad Avanza y aliados parlamentarios. El caso Yalj En 2011 empezaban a manifestarse las primeras señales de la crisis del sistema ferroviario que derivaría, años más tarde, en la Tragedia de Once.

El 16 de febrero de aquel año sucedió un choque entre formaciones en la localidad bonaerense de San Miguel el 16 de febrero , que dejó un saldo de 4 muertos y 120 heridos, quedó en manos del juez federal subrogante de San Martín, Juan Manuel Yalj, poniendo en la mira al Ministerio de Planificación que por entonces dirigía Julio De Vido en el final de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, la estrategia del Ejecutivo fue el "deslindamiento político" traspasando la responsabilidad operativa a la gestión provincial -por entonces a cargo de Daniel Scioli- y enfocando la mira en el "error humano" de los maquinistas.

Yalj, en una primera instancia, transitó esa vía al procesar a los conductores por homicidio culposo agravado. No obstante, la armonía con el relato oficial inició a resquebrajarse cuando el magistrado decidió liberar a los trabajadores a los tres días y, fundamentalmente, cuando dejó asentado en el expediente el testimonio sobre el "deplorable estado técnico de los frenos", contradiciendo la hipótesis que intentaba instalar la Casa Rosada.

El golpe de gracia para la relación entre el Gobierno y el juez llegaría meses después con el llamado "fiasco del caso Sobrero". Yalj ordenó la detención del dirigente sindical de izquierda Rubén "Pollo" Sobrero por una supuesta quema de vagones, pero la "endeblez" de las pruebas —basadas en testimonios contradictorios de informantes policiales— lo obligó a dictar su falta de mérito a los pocos días.

"La sorpresiva detención... le costó caro a Juan Manuel Yalj", recordaban las crónicas de la época , señalando que desde la Casa Rosada se le mandó a pedir "diplomáticamente" que renunciara a su postulación para ascender a camarista que ocurría en paralelo al procedimiento judicial. A pesar de contar con el acuerdo del Senado, la entonces presidenta Cristina Kirchner lo excluyó de los decretos de nombramiento, dejando su pliego congelado en un limbo administrativo.

Yalj terminó renunciando a sus aspiraciones en 2014. Falleció en 2024 sin haber podido asumir el cargo permanente por el que había concursado, víctima de una herramienta de "premios y castigos" que tensó el procedimiento parlamentario.

Michelli ante la "portación de apellido" Quince años después, se está a las puertas de un caso similar, pero con la diferencia en la naturaleza de la exclusión que parece virar de lo político hacia lo ideológico. Ya no se trata de disciplinar a un juez para que no entorpezca una gestión de gobierno, sino que el "pecado" de Michelli es ser cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, cuyas investigaciones sobre el patrimonio del entorno presidencial incomodan al esquema de poder libertario.

La justificación del Ejecutivo se ampara en una supuesta lucha para "combatir los privilegios y las operaciones de la casta mediática y judicial", pero en el camino colisiona con el Artículo 16 de la Constitución Nacional. La senadora santafesina Carolina Losada, de la UCR, fue tajante al defender la idoneidad de la candidata: destacó que su entrevista ante la comisión fue "brillante" y advirtió que "no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien".

A diferencia de la disciplina del kirchnerismo en 2011, esta maniobra generó una fractura horizontal en el propio oficialismo. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, se desmarcó de la decisión de Javier Milei alegando una "objeción de conciencia", y la vicepresidenta Victoria Villarruel optó por defender la institucionalidad de la Cámara recibiendo a la jueza.

Este escenario deja al Gobierno en una posición inédita frente a un cuerpo que no parece dispuesto a convalidar lo que diversos sectores ya denominan un "veto de sangre". La "anuencia" como freno La controversia legal tiene su eje en el Artículo 137 del Reglamento del Senado, que establece que los asuntos presentados ante la Cámara "no pueden ser retirados... sin anuencia de aquél".

Una vez que el