El juez octavo de lo civil José Chaparro Sánchez ordenó al Instituto Tesla pagar una indemnización de 21 millones de pesos a un exalumno que fue expulsado del plantel luego de que más de veinte estudiantes lo señalaran por presuntas conductas de acoso sexual, agresiones físicas e interacciones inapropiadas. La resolución, emitida por el juez civil de Ciudad Juárez, concluyó que la expulsión afectó el proyecto de vida del joven identificado como Sergio “N”, razón por la cual determinó la reparación económica por concepto de daño moral.

La decisión ha provocado una fuerte polémica en Chihuahua debido a que las acusaciones que motivaron la expulsión habían sido reportadas previamente ante autoridades educativas y de procuración de justicia. El caso se remonta a mayo de 2022.

De acuerdo con testimonios recopilados por el Instituto Tesla, más de veinte alumnas denunciaron presuntos tocamientos no consentidos, solicitudes y envío de material íntimo, asimismo de otras conductas que consideraron inapropiadas. Según la institución educativa, la información fue documentada y posteriormente presentada ante diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía Especializada de la Mujer y organismos encargados de la protección de menores.

La subdirectora del plantel, Ámbar Nafarrate Salomón, remarcó que durante el proceso judicial fueron incorporados testimonios de estudiantes, declaraciones realizadas con acompañamiento psicológico, comparecencias de docentes y documentación entregada previamente a instancias gubernamentales. Luego de conocerse la sentencia, la directora del colegio, Verónica Súchil Peña, expresó preocupación por el impacto que la resolución podría tener en otras instituciones educativas que enfrentan denuncias de violencia, acoso o abuso dentro de sus comunidades.

La directiva argumentó que la escuela actuó bajo la obligación legal de proteger a sus estudiantes y atender reportes de posibles riesgos para la comunidad escolar. Desde la perspectiva del colegio, la sentencia podría convertirse en un precedente relevante para futuras controversias relacionadas con medidas disciplinarias adoptadas por instituciones educativas ante denuncias de conductas presuntamente indebidas.

La resolución también generó inconformidad entre integrantes de la comunidad escolar. Algunos padres de familia manifestaron que la decisión judicial envía un mensaje preocupante respecto a la atención de denuncias realizadas por alumnas que afirmaron haber sido víctimas de conductas inapropiadas.

Ana Luisa Zavala, madre de familia del plantel, cuestionó que el fallo favoreciera al estudiante pese al número de señalamientos presentados durante los últimos años. Las familias sostienen que el caso pone sobre la mesa el desafío de equilibrar los derechos de las personas señaladas con la obligación de las instituciones de proteger a posibles víctimas.

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua confirmó que notificó oportunamente los hechos a las autoridades correspondientes. El subsecretario de Educación, Roberto Naya, indicó que desde junio de 2022 la dependencia presentó documentación ante la Fiscalía de la Mujer para que realizara las investigaciones pertinentes.

La dependencia subrayó que una vez presentada la denuncia, el seguimiento de las investigaciones quedó bajo responsabilidad de las autoridades ministeriales.