En los últimos días se ha generado un debate respecto de diversas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis de seguridad. Entre ellas destacan la intervención de “50 barrios críticos” y la creación de un “Registro Único de Vándalos e Incivilidades”.

Ambas iniciativas responden a una demanda ciudadana legítima: recuperar espacios públicos, reducir la violencia y fortalecer la capacidad del Estado para responder frente al delito. No obstante, en un contexto donde los recursos son limitados y el propio gobierno ha calificado la situación como una “emergencia económica”, surge una pregunta de fondo: ¿cómo decidimos dónde focalizar nuestros recursos de seguridad?Una primera respuesta debiera considerar que no todos los delitos producen el mismo daño social.

Tradicionalmente, las políticas de seguridad se han construido sobre la base de la frecuencia delictual, es decir, contar cuántos delitos ocurren en determinados lugares. Pero un homicidio, una extorsión o un secuestro, evidentemente no generan el mismo impacto que un desorden público o una incivilidad.

Por eso, distintos países han desarrollado herramientas que permiten medir no sólo la cantidad de delitos, sino también el daño que producen en la sociedad.Chile no está ajeno a esta discusión. Desde hace algunos años contamos con metodologías que permiten aproximarnos al daño del delito y avanzar hacia formas más sofisticadas de focalización.

Esto significa que no sólo podemos identificar dónde ocurren más delitos, sino también distinguir cuáles generan mayor riesgo para las personas. La evidencia criminológica muestra, a su vez, que el delito se concentra fuertemente en determinados lugares, grupos e individuos y que una proporción relativamente pequeña de eventos y actores suele concentrar una parte muy significativa del daño total.

Si ya contamos con criterios para priorizar, ¿por qué no utilizarlos de mejor manera al diseñar estrategias para prevenir el delito?En esa línea, cuando hablamos de “barrios críticos”, probablemente sería más preciso hablar de lugares críticos. El delito tiende a concentrarse en micro-lugares específicos (algunas calles, intersecciones o sectores concretos) y no necesariamente en barrios completos.

Esta diferencia no es sólo técnica. También evita estigmatizar comunidades enteras y permite orientar mejor la acción del Estado.La misma lógica debiera aplicarse al debate sobre el registro de “vándalos”.

Que existan mecanismos de control social frente a conductas disruptivas es razonable y necesario en cualquier democracia. Estas conductas pueden afectar la convivencia, deteriorar espacios públicos y aumentar la percepción de inseguridad.

Pero reconocer ese problema no equivale a asumir que allí se concentra el mayor daño delictual del país.Esto no implica descuidar las incivilidades ni desconocer el impacto que tienen sobre la percepción de orden y la confianza en las instituciones. La convivencia cotidiana y el control de este tipo de hechos también forman parte de una política de seguridad efectiva.

Pero reconocer aquello no elimina la necesidad de priorizar estratégicamente los fenómenos que generan mayores niveles de violencia y daño social.La pregunta, entonces, no es si el vandalismo importa. La pregunta es si debe ocupar una prioridad equivalente (o superior) a fenómenos como la violencia grave, el crimen organizado, el uso de armas, los homicidios, los mercados ilegales o la victimización reiterada.

Dicho de otra forma: si no podemos abordar todos los problemas al mismo tiempo, debemos preguntarnos qué queremos prevenir primero, con qué objetivo y bajo qué criterios.Focalizar no significa ignorar otros problemas, sino decidir con claridad dónde la acción pública puede producir mayor impacto. Si el objetivo es reducir efectivamente el daño que sufren las personas y recuperar la confianza ciudadana, las políticas de seguridad debieran priorizar aquello que más afecta su vida, integridad y libertad.La seguridad pública no se construye únicamente reaccionando frente a los fenómenos que intuitivamente parecen más urgentes.

También requiere capacidad institucional para distinguir dónde se produce el mayor daño social y dónde el Estado puede generar el mayor impacto. Para eso, Chile ya cuenta con evidencia y herramientas que debieran ocupar un lugar más central en la discusión pública.Por Cristóbal Weinborn, Director Centro UC para la Seguridad Pública, académico Facultad de Economía y Administración y Facultad de Derecho UC