La jornada de Keiko Fujimori: ¿De qué habló con Milei? ¿Y cuáles son las opciones que baraja para el MEF?Keiko Fujimori prepara solicitud de facultades para legislar en seguridad, economía y la emergencia por El NiñoAunque se trata de un mecanismo trascendental para garantizar la continuidad del Estado, no está regulado expresamente en la Constitución.

Lejos de significar un vacío, los equipos de transferencia se han venido consolidando con el paso de los años como una práctica política y democrática que marca el cierre de una gestión y el inicio de otra. Su labor permite una transición ordenada del aparato estatal.

Así, mientras la discusión ya parece enfocarse en quiénes integrarán el primer gabinete de Keiko Fujimori, lo cierto es que antes de ello hay un paso previo, la conformación del equipo de transferencia. Y su papel es clave.MIRA: Keiko Fujimori alista sus equipos para la transferencia: ¿Quién coordinará este proceso?“Una comisión de transferencia es aquella institución que se da entre los funcionarios que se van y los que vienen, en los cuales se tiene que pasar la posta del manejo administrativo y político del Estado al gobierno que entra por mandato de la voluntad popular.

La cosa pública no le corresponde ni el actual gobierno ni al próximo, le corresponde al Estado”, expresó a El Comercio el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.En sus palabras, la Constitución “no es un reglamento” y no puede prever todo lo que ocurre en la vida del Estado. En esa línea, regula la estructura del Estado y establece un período gubernamental de cinco años.

Lo demás, como la transferencia de un gobierno a otro, queda sujeto a las leyes de desarrollo, las leyes orgánicas y las normas de cada sector.Eso sí, los actuales funcionarios —remarcó Quiroga— no pueden negarse a entregar información, pues es claro que “mañana o más tarde” dejarán de ser autoridades y podrían ser pasibles de alguna responsabilidad. Añadió que el proceso debe desarrollarse con una participación honesta en la entrega de la cosa pública, que —reiteró— pertenece a todos los peruanos.Lee también: Radiografía del plan de Keiko Fujimori: las principales apuestas y desafíos, bajo análisisPara Natale Amprimo, excongresista y constitucionalista, la conformación de la comisión de transferencia responde a una práctica y convivencia política que ha venido evolucionando con el tiempo y que, aunque no esté prevista en la Constitución, ello no le quita fuerza ni importancia.“Es una cuestión de prácticas democráticas.

El gobierno que entra quiere tener cierta información, y es obligación del gobierno que sale brindársela para que, cuando entre, no esté desprevenido”, expresó Amprimo a El Comercio.No obstante, advirtió que no debe asumirse que la información entregada por la gestión saliente será necesariamente completa o exacta y que, por ello, corresponde al equipo entrante contrastarla y verificarla.En lo que va del presente siglo, el Perú ha atravesado varios procesos de transferencia presidencial. No obstante, solo tres se produjeron entre mandatarios elegidos por voto popular —2006, 2011 y 2016—.

En los otros tres, el presidente que entrega la posta al mandatario electo no había llegado al poder mediante elecciones, como ocurrirá este año con José María Balcázar y Keiko Fujimori [ver gráfica].Lee también: Keiko Fujimori: Sus principales anuncios luego de ser proclamada como presidenta electaParadójicamente, luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori, en 2001 el gobierno de Alejandro Toledo recibió la transferencia de gestión del gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. La comisión del gobierno electo de Perú Posible estuvo liderada por el entonces congresista Luis Solari, quien más adelante asumiría el Ministerio de Salud y posteriormente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).El 11 de junio de 2001, apenas ocho días después de que Toledo fuera elegido presidente, se inició el proceso de transferencia.

Se acordó que cada comisión sectorial trabajara de manera coordinada con el ministerio de su competencia.Asimismo de Solari, entre los integrantes del equipo figuraban Pedro Pablo Kuczynski, responsable del área de Economía; Juan Velit Granda, de Relaciones Exteriores, Justicia e Institucionalidad Democrática; Raúl Diez Canseco, del área Social; Daniel Mora, de Defensa e Interior; y David Waisman, de Producción.Cinco años después, la transferencia de gestión entre Toledo y Alan García tuvo un marcado componente partidario. La comisión del gobierno electo estuvo integrada principalmente por dirigentes y cuadros técnicos del Partido Aprista, mientras que la coordinación del proceso en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recayó en Luis Alva Castro, entonces congresista reelecto, quien posteriormente asumiría el Ministerio del Interior.Entre los principales integrantes figuraban José Antonio García Belaunde (Relaciones Exteriores), Enrique Cornejo (Economía), Jorge del Castillo (Agricultura, Producción y Comercio Exterior), Mercedes Cabanillas (Educación y Salud), César Zumaeta (Vivienda), Mauricio Mulder (Justicia y Trabajo), Luis Gonzales Posada (Interior y Defensa) y Javier Velásquez (Energía y Minas y Transportes).En 2011, Marisol Espinoza, electa como primera vicepresidenta, asumió la presidencia de la comisión de transferencia del gobierno entrante de Gana Perú.

Para facilitar el proceso, la gestión aprista saliente puso a disposición todo el piso 19 del edificio de Petro-Perú, en San Isidro, mientras que en cada ministerio también se habilitó un espacio de trabajo para el equipo del nuevo gobierno.Junto con Espinoza participaron Luis Chuquihuara (PCM), Kurt Burneo (Economía y Finanzas), Harold Forsyth (Relaciones Exteriores), Avelino Guillén (Justicia), Manuel Dammert (Energía y Minas), entre otros.En 2016, Mercedes Aráoz, integrante de la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, lideró el equipo de transferencia del gobierno entrante de Peruanos por el Kambio. Aráoz también fue elegida congresista y posteriormente designada presidenta del Consejo de Ministros.

El equipo estuvo integrado, asimismo, por Martín Vizcarra, Fiorella Molinelli, Alfredo Thorne y Gino Costa, entre otros.En esa oportunidad, 108 técnicos y políticos fueron convocados para integrar las 19 comisiones de transferencia. De ellos, al menos 24 trabajaban o habían colaborado con el gobierno de Ollanta Humala, según comunicó Correo.

El tema generó polémica.Lee también: Keiko, ¿las tiene todas?, una crónica de Fernando Vivas sobre la presidenta electa de Fuerza PopularAl igual que en 2011 y 2016, en 2021 la conducción del proceso de transferencia volvió a recaer en la vicepresidenta electa. No obstante, el proceso estuvo marcado por la premura y la incertidumbre, pues recién se puso en marcha a pocos días del cambio de mando, en medio de las crecientes pugnas internas de Perú Libre que ya se avizoraban.La entonces vicepresidenta Dina Boluarte fue designada para coordinar las 19 comisiones sectoriales conformadas para la transferencia.

No obstante, en un contexto en de cambios de último momento e incluso versiones contradictorias sobre quiénes integraban algunas de las comisiones, todo el proceso de transferencia pasó a un segundo plano frente a la necesidad de que se erija un gabinete.La institucionalización de este mecanismo de las comisiones de transferencia ha sido progresiva. En 2006, la Contraloría General de la República aprobó una directiva para uniformizar los procesos de transferencia de gestión en las entidades públicas, luego de advertir la existencia de un “vacío normativo sobre sus alcances y procedimientos”.

A lo largo de los años se han emitido varias directivas, estando vigente en la actualidad la Directiva N°016-2022-CG/PREVI. Todo el proceso puede resumirse en cuatro etapas, en las cuales participa la Contraloría [ver gráfica].Según explicó a El Comercio el excontralor Fuad Khoury, la transferencia de gestión es quizás “el procedimiento más importante” cuando termina una gestión presidencial y comienza otra, pues permite que la administración entrante conozca con un alto nivel de exactitud qué es lo que recibe.Khoury remarcó que el equipo de transferencia del gobierno entrante debe responder a una lógica de dos niveles.

Por un lado, debe estar integrado por personas que conozcan el funcionamiento y la dinámica propia de cada sector. Pero, asimismo, debe incorporar especialistas en los sistemas administrativos del Estado —como presupuesto, abastecimiento o recursos humanos, entre otros, que forman parte de los once sistemas que rigen la administración pública— y permitan evaluar cómo se deja la gestión en esos ámbitos. “Esto es clave”, enfatizó.Lee también: Keiko Fujimori: ¿Cuáles son los retos para los primeros 100 días de su gobierno?A su juicio, un equipo que carezca de ese conocimiento difícilmente podrá detectar riesgos, omisiones o problemas en la información que recibe. “¿Cuál es el problema de una mala transferencia de gestión?

El riesgo de no pasar la información completa a la nueva presidenta de la república para que se entere de lo que está pasando”, expresó.En todo el proceso, cada uno de los 19 ministerios, incluida la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debe entregar un informe que detalle las oportunidades, riesgos, problemas y asuntos urgentes del sector, de manera que la nueva gestión cuente con una base sobre la cual empezar a trabajar. En opinión del excontralor, el proceso de transferencia puede extenderse dependiendo de la complejidad de cada sector, por lo que sugirió iniciarlo lo más pronto posible.En esa misma línea, exintegrantes de comisiones de transferencia de años anteriores advierten que el proceso ya va tarde.Para Marisol Espinoza, ex primera vicepresidenta y quien presidió la comisión de transferencia del gobierno de Humala, en la actualidad se está “contra el tiempo”, pues hay múltiples temas pendientes y urgentes, como el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

Remarcó que la transferencia va mucho más allá de la entrega de documentos y constituye “una radiografía de cómo está quedando el Estado”.En esa línea, refirió que el proceso debe permitir al gobierno entrante detectar no solo los problemas pendientes, sino también las alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo, de modo que pueda adoptar decisiones urgentes desde el inicio de su mandato.“No es un tema menor, es un tema importante porque es el primer contacto del presidente electo, en este caso de la presidenta, frente a la realidad con la que va a enfrentar los primeros 100 días. Es muy importante para asumir las acciones urgentes”, expresó a El Comercio.Para Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros y excongresista, las comisiones de transferencia se han consolidado como una buena práctica democrática.

Recordó que ya en 1985, con el inicio del primer gobierno aprista, se llevó a cabo una transferencia ordenada entre las administraciones de Fernando Belaunde y Alan García. Del Castillo también participó en la transferencia para la asunción del segundo gobierno aprista, en 2006.No obstante, remarcó que no todas las transferencias han seguido ese camino ordenado.

Ello al recordar su llegada a la Alcaldía de Lima, en 1987, cuando —según relató— la gestión saliente simplemente se retiró sin efectuar ninguna transferencia.Del Castillo ha pedido públicamente acelerar la instalación de las comisiones de transferencia de gobierno y exhortado al presidente Balcázar a que tome la iniciativa y de marcha a la instalación de las comisiones de transferencia. Según explicó, los días de espera “pueden ser fatales. “El retraso puede ser muy malo porque va a demorar innecesariamente algunas cuestiones que pueden ser sumamente urgentes”, remarcó Del Castillo a El Comercio.También explicó que la transferencia debe comprender la entrega de información documentaria, presupuestal y administrativa, así como el estado de las obras públicas, los arbitrajes, los procesos judiciales y la cartera de proyectos en ejecución.

A su juicio, debe primar el principio de continuidad y no se debe interrumpir políticas o proyectos públicos.“Mucha gente cree —llámese alcaldes, gobernadores o presidentes— que con ellos empieza la historia de Perú, que recién todo lo que ellos hacen es bueno y el anterior no sirve para nada. No es así.

Tiene que haber un principio de continuidad”, remarcó Del Castillo.Lee también: Keiko, ¡no hay plata!Por su parte, Luis Solari, quien encabezó la comisión de transferencia del gobierno de Toledo, remarcó que el proceso debe recaer en una persona con pensamiento organizado, más que en alguien con experiencia en la administración pública. “Quizá es mejor que no tenga experiencia en el sector público, para que su racionalidad no sea la del burócrata, sino de una persona acostumbrada a organizar cosas”, indicó a El Comercio.En su opinión, el proceso no debería esperar las últimas semanas previas al cambio de mando. A su juicio, una vez proclamada la presidenta electa, podría presentar de inmediato a quienes conducirán la transferencia e iniciar el trabajo técnico. “Todo es voluntad política”, remarcó.El propio Quiroga remarcó que ya el país “está atrasado” en la transferencia institucional.

En su opinión, el proceso debería de darle por lo menos en seis meses. No obstante, ahora ya “estamos recontra atrasados”, lo que atribuyó a los cambios presidenciales y a los problemas en el sistema electoral. “Es demasiado deprisa y al final quien se afecta no es el gobierno, que se va o el que se queda, quien se afecta es el país”, concluyó Quiroga.En este punto, es importante resaltar que, si bien varios de los integrantes de estas comisiones terminaron ocupando ministerios e, incluso, la PCM, formar parte de un equipo de transferencia no constituye una garantía para integrar el gabinete.Como expresó a El Comercio en 2001 el entonces presidente del Consejo de Ministros, Javier Pérez de Cuéllar, “no se trata de discutir sobre personas.

Eso sería pues rebajarle la calidad a la transferencia”.