Mientras el país concentra su atención en los grandes focos de violencia del Catatumbo o el Cauca, otro conflicto ha avanzado casi en silencio. En la Sierra Nevada de Santa Marta, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) consolidaron durante los últimos años un modelo de control territorial que hoy trasciende la confrontación armada y se traduce en una verdadera estructura de gobernanza criminal.

Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que advierte que el próximo gobierno recibirá un escenario mucho más complejo del que existía cuando comenzaron los acercamientos de la llamada ‘paz total’. El documento cobra especial relevancia porque aparece justo después del mensaje enviado por las ACSN al presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que expresan su disposición para mantener abiertos escenarios de diálogo en el nuevo gobierno.

No obstante, detrás de esa señal política existe una realidad menos visible: la mesa sociojurídica impulsada por el Gobierno Petro prácticamente terminó congelada, pese a que durante 2024 se suspendieron órdenes de captura y se designó un equipo negociador para avanzar en los acercamientos. Para la FIP, el verdadero desafío no radica únicamente en decidir si el nuevo gobierno continuará o no las conversaciones.

El problema es que, durante ese tiempo, las ACSN siguieron fortaleciendo su capacidad de control sobre buena parte de la Sierra Nevada y ampliaron su presencia hacia municipios de Santander y Norte de Santander, según alertas de la Defensoría del Pueblo. De hecho, a mediados de junio pasado, el grupo llevó a cabo un paro armado que inmovilizó la troncal de Caribe, obligó al cierre del comercio en varios municipios del Magdalena, luego de una operación militar en su contra.

Lejos de ser una organización improvisada, el informe sostiene que el grupo armado representan el resultado de casi cuatro décadas de transformaciones del crimen organizado en el Caribe colombiano. Su historia conecta directamente con el antiguo Bloque Resistencia Tayrona de las Auc, comandado por Hernán Giraldo Serna, y posteriormente con las Bacrim que surgieron luego de la desmovilización paramilitar.

Esa continuidad, advierten los investigadores, explica buena parte de la capacidad que hoy conserva el grupo para ejercer control sobre el territorio. La investigación reconstruye cómo, luego de la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona en 2006, antiguos mandos y estructuras criminales fueron reorganizándose bajo distintas denominaciones —entre ellas Los Nevados, Oficina Caribe y Los Pachenca— hasta consolidarse oficialmente como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada entre 2018 y 2020.

Esa evolución, según la Defensoría del Pueblo, demuestra que “son el resultado de una larga evolución de estructuras armadas que, desde 1986, han cambiado de nombre y composición, manteniendo continuidades y rupturas internas”. Uno de los elementos que más preocupa a la FIP es que las ACSN ya no dependen exclusivamente del narcotráfico.

La organización construyó una economía ilegal diversificada basada en extorsiones sistemáticas a comerciantes, hoteleros, bananeros, finqueros y empresarios turísticos, asimismo del control sobre rutas del narcotráfico, combustible ilegal, microtráfico y el tránsito de cocaína procedente del Magdalena Medio, el sur de Bolívar y el Catatumbo. Esa combinación de rentas le ha permitido mantener estabilidad financiera incluso en medio de los golpes que ha recibido su cúpula.

Pero quizá la conclusión más inquietante del informe es que las ACSN no solo administran economías ilegales, también han construido un esquema de regulación social que sustituye parcialmente funciones del Estado. La FIP describe que el grupo ha desarrollado “una gobernanza criminal basada en el arraigo territorial, el reciclaje de antiguos modelos paramilitares y la capacidad para intervenir en la vida cotidiana de las comunidades, ejerciendo mecanismos propios de justicia, control y seguridad”.

Durante los últimos meses esa capacidad quedó en evidencia. A comienzos de 2026 los enfrentamientos con el ‘clan del Golfo’ provocaron desplazamientos masivos en la Sierra Nevada.

Posteriormente, el grupo ejecutó un paro armado que paralizó la Troncal del Caribe y obligó al cierre del comercio en varios municipios del Magdalena. Al mismo tiempo, uno de sus comandantes, alias Bendito Menor, desafió públicamente a las autoridades difundiendo amenazas incluso contra el entonces presidente Gustavo Petro.

Paradójicamente, mientras la violencia aumentaba sobre el terreno, el proceso de conversaciones perdió dinamismo. El último avance significativo sucedió en febrero de este año con la firma de un acuerdo especial de desescalamiento, mediante el cual las ACSN se comprometían a suspender acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, no interferir en el proceso electoral y adoptar medidas para proteger a la población civil.

No obstante, el informe concluye que, a pocas semanas del cambio de gobierno, ese proceso permanece prácticamente detenido. Los investigadores identifican tres factores que marcaron la relación entre el Gobierno Petro y las ACSN: “la ausencia de atención y seguimiento al diálogo con el grupo armado”; “los momentos críticos en los que las disputas e impactos humanitarios de la confrontación con el EGC encendieron las alarmas”; y “el creciente poder de las ACSN sobre las dinámicas locales”.

A juicio de la FIP, la violencia en la Sierra Nevada pasó prácticamente inadvertida dentro de la agenda nacional, eclipsada por otras crisis de seguridad. La advertencia final del informe trasciende el diagnóstico sobre una organización armada.

Para la Fundación, la Sierra Nevada reúne hoy dos condiciones que deberían convertirla en una prioridad nacional: altos niveles de violencia y una profunda capacidad de control ejercida por estructuras ilegales. Por eso concluye con un llamado al próximo gobierno para evitar que ese territorio siga siendo “una mesa de diálogos y un territorio olvidados”, recordando que las comunidades aún esperan que el Estado logre reducir la violencia y recuperar una presencia institucional que, durante años, ha sido reemplazada por las reglas impuestas por las ACSN.

Jesús Antonio Blanquicet