Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos puso en el centro del debate las protecciones que tienen los residentes permanentes cuando regresan al país después de un viaje al extranjero. La resolución podría ampliar el margen de acción del gobierno para tratar como solicitantes de admisión a ciertos titulares de green card que regresan del exterior y enfrentan acusaciones, condenas o posibles causales de inadmisibilidad.Corte Suprema avala una práctica que genera un nuevo limbo para residentes permanentesDe acuerdo con un análisis del American Immigration Council, la primera decisión sobre inmigración emitida por la Corte Suprema durante el actual período judicial corresponde al caso Blanche v.

Lau. El eje del litigio era determinar qué protecciones conservan los residentes permanentes legales cuando vuelven a EE.UU. después de permanecer temporalmente en otro país.El caso se centra en Muk Choi Lau, titular de una green card desde hacía casi veinte años.

En 2012 fue acusado de vender prendas falsificadas. Mientras ese proceso penal seguía abierto y todavía no existía una condena, llevó a cabo un viaje breve a China.

Al regresar a territorio estadounidense, un agente fronterizo lo interrogó sobre la causa pendiente. Aunque el hombre negó haber cometido un delito, el funcionario decidió no admitirlo formalmente.En su lugar, el Gobierno le otorgó un permiso de permanencia temporal, conocido como “parole”, retiró su tarjeta física de residente permanente y mantuvo esa condición durante varios años.

Más adelante, una vez que Lau fue condenado por falsificación, las autoridades iniciaron un procedimiento de deportación al sostener que, debido a su salida y posterior regreso al país norteamericano, quedaba sujeto a causales de expulsión más severas que las que habrían correspondido si nunca hubiese abandonado EE.UU.La Corte Suprema concluyó que la actuación del gobierno fue legal, lo que terminó por validar el procedimiento aplicado por las autoridades migratorias.El alcance que podría tener el fallo de la Corte Suprema sobre otros residentes permanentesEl análisis del American Immigration Council sostiene que la decisión otorga al gobierno un margen considerable para aplicar este criterio en situaciones futuras. La organización advierte que el precedente podría ser utilizado por cualquier administración para ampliar el uso de estas facultades sobre residentes permanentes.La preocupación radica en que una persona pueda quedar durante años en una situación migratoria incierta sin que exista una condena firme al momento de regresar a EE.UU.Según el análisis, Lau permaneció en un verdadero limbo jurídico mientras avanzaba su causa penal, sin conservar la documentación física que acreditaba su residencia permanente, y tuvo que enfrentar consecuencias migratorias más graves únicamente por haber salido temporalmente.La jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente, expresó una de las críticas más contundentes al fallo.

La magistrada remarcó que la decisión puede representar un “cheque en blanco” para que el Gobierno actúe de la misma manera con millones de residentes permanentes que viajen al extranjero y posteriormente regresen al país.¿Por qué los residentes con green card tienen protecciones especiales?La legislación aprobada por el Congreso reconoce que quienes obtuvieron la residencia permanente atravesaron un proceso complejo de evaluación y verificación antes de recibir autorización para vivir y trabajar de manera indefinida en EE.UU.Por esa razón, la regla general establece que un residente permanente legal no debe ser tratado como una persona que solicita el ingreso al país norteamericano cada vez que vuelve de un viaje internacional. Jurídicamente, esas personas ya fueron admitidas con anterioridad y cuentan con un estatus migratorio reconocido.

La diferencia tiene consecuencias muy importantes. Cuando una persona es considerada solicitante de admisión, el gobierno puede:Detenerla mientras se resuelve su situación.Iniciar procedimientos basados en causales de inadmisibilidad, consideradas generalmente más estrictas que las causales ordinarias de deportación.

Otorgarle un permiso temporal de permanencia (“parole”), lo que coloca al residente en una situación jurídica incierta y supone la pérdida de su tarjeta física de residencia permanente. La ausencia de ese documento puede dificultar la acreditación de identidad y estatus migratorio para realizar distintas actividades cotidianas, como acceder a un empleo, abrir cuentas bancarias, contratar un seguro médico o completar procesos de inscripción educativa.