La estabilidad de las finanzas públicas en el país entró en una fase de estricta vigilancia por cuenta del más reciente informe de la Contraloría General de la República. El organismo fiscalizador emitió una alerta severa ante el desfinanciamiento que padece el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el rápido ritmo con el que el Ejecutivo está adquiriendo nuevos compromisos crediticios, tanto en el mercado interno como en el exterior, una coyuntura que ya derivó en acciones de carácter disciplinario contra altos funcionarios de la cartera económica.

La lupa está puesta sobre las decisiones de la banca pública y el Ministerio de Hacienda, puntualmente en la gestión del cupo de endeudamiento. Según los datos del ente de control, durante los primeros seis meses de 2026, el Estado ya comprometió el 76 por ciento de su margen legal para adquirir pasivos, una cifra que equivale a 64 billones de pesos.

La tendencia preocupa a los analistas si se compara con el comportamiento del mismo periodo en 2025, cuando el monto de obligaciones contraídas se situaba en 47 billones de pesos. La viabilidad de los programas estatales para lo restante del año calendario depende de una disponibilidad de recursos que hoy se encuentra comprometida.

La meta inicial que se había trazado el Gobierno nacional para el recaudo de impuestos se redujo de 321 billones de pesos a 294 billones de pesos; no obstante, el recaudo real continúa marchando por debajo de las expectativas modificadas, forzando al aparato estatal a operar con márgenes mínimos de maniobra. Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, entregó detalles técnicos sobre este desbalance macroeconómico en una entrevista con Blu Radio.

La funcionaria precisó que el presupuesto general para la presente vigencia se fijó originalmente en 555 billones de pesos, de los cuales la Tesorería solo ha podido recaudar 252 billones de pesos. "Es decir, tenemos un pendiente del 54,5 por ciento para garantizar el presupuesto de este año".

Las revisiones de caja realizadas por la Contraloría al cierre del mes de mayo desnudaron la gravedad de la liquidez del país. En ese punto del año, el Estado disponía solo de 16 billones de pesos líquidos, un monto a todas luces insuficiente si se tiene en cuenta que la operación ordinaria de las instituciones públicas de Colombia demanda entre 25 y 30 billones de pesos mensuales para evitar la parálisis de sus funciones.

Frente a esta coyuntura de caja, Lindo advirtió: "Estamos trayendo un déficit de todo el año y rápidamente hay que tomar una serie de decisiones de parte del Ejecutivo para ajustar y garantizar el financiamiento de este presupuesto" Los hallazgos de carácter financiero escalaron al plano de los procesos de control disciplinario. La Contraloría General trasladó los expedientes correspondientes ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se inicien las investigaciones en contra de los dos principales encargados del manejo de la caja pública, es decir, Javier Cuéllar, director de Crédito Público y Germán Ávila, ministro de Hacienda.

Los argumentos que sustentan el inicio de estas indagaciones radican en un aparente detrimento en el perfilamiento de la deuda soberana. Según el ente de control, el equipo económico del Gobierno optó por sustituir de manera anticipada deudas antiguas que se habían pactado con tasas de interés bajas, reemplazándolas por nuevos títulos y créditos emitidos bajo condiciones de mercado mucho más agresivas, con intereses que se ubican entre el 13, 14 y hasta el 15 por ciento.

Al evaluar las dinámicas de la adquisición de pasivos en la actual vigencia, la contralora delegada Lindo fue enfática: "Estamos identificando una aceleración en la colocación de nueva deuda. Este 2026 vamos en 64 billones; es decir, sí hay un incremento".

Asimismo, con respecto al impacto legal que posee el cambio de las condiciones en los portafolios de las obligaciones de la nación frente a los acreedores internacionales y locales, la funcionaria de la Contraloría General concluyó: "Esto lo considera la Contraloría como un detrimento para el perfilamiento de la deuda pública, y en principio se ve una vulneración legal y normativa". * Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.