La defensa del senador Miguel Ángel Calisto interpuso una acción constitucional de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el objetivo de dejar sin efecto el cierre de la investigación penal seguida contra el parlamentario.El recurso fue presentado por los abogados César Ramos Pérez y Andrea Lema Abarca, quienes cuestionaron las actuaciones del Ministerio Público y una resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique.La acción busca revertir el cierre de la investigación y que se establezca un “plazo prudencial y razonable” para que la defensa pueda solicitar diligencias destinadas a controvertir la imputación formulada contra Calisto.Según el escrito, la acusación presentada por Fiscalía solicita una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio contra el senador, en una causa por presunto fraude al Fisco que inició a investigarse en 2021.La defensa sostiene que el plazo de investigación se encontraba vigente hasta el 9 de julio de 2026. No obstante, afirma que el Ministerio Público comunicó el cierre y presentó acusación el 25 de junio, después de realizar nuevas diligencias.Los abogados acusan que esta decisión impidió ejercer adecuadamente el derecho a defensa y solicitar actuaciones investigativas para desvirtuar antecedentes incorporados recientemente a la causa.Cuestionan cambio de versión de coimputadosUno de los principales argumentos del amparo apunta a las declaraciones de los coimputados Roland Cárcamo y Carla Graf.De acuerdo con la defensa de Calisto, ambos habrían mantenido durante cerca de cinco años una versión según la cual Graf realizaba labores de apoyo parlamentario y la adquisición de una parcela correspondía a un negocio acordado entre las partes.No obstante, el recurso sostiene que en declaraciones prestadas el 29 de abril de 2026 modificaron “radical y sustancialmente” su relato.Según expone la acción judicial, los coimputados señalaron entonces que Graf no trabajaba para Calisto, que Cárcamo prestaba apoyo sin recibir una remuneración y que los recursos obtenidos habrían quedado en beneficio del parlamentario y otros gastos de gestión.También afirmaron que informes incorporados a la carpeta investigativa no habrían sido elaborados por Graf.La defensa vincula este cambio de versión con la situación cautelar de Roland Cárcamo, quien se encontraba en prisión preventiva por una causa distinta, relacionada con una presunta defraudación al Gobierno Regional de Aysén.El escrito sostiene que, después de las declaraciones del 29 de abril, se fijó una audiencia de revisión de cautelares para el día siguiente y que Cárcamo pudo dejar la prisión preventiva “con acuerdo del Ministerio Público”.Los abogados de Calisto cuestionan asimismo posteriores declaraciones realizadas el 23 de junio, dos días antes del cierre de la investigación, y aseguran que contenían nuevos antecedentes que la defensa no alcanzó a controvertir mediante diligencias.Defensa acusa dificultades para acceder a antecedentesEl recurso también da cuenta de una serie de dificultades que, según los abogados, enfrentaron para obtener copias de evidencia material y acceder a investigaciones separadas por Fiscalía.La defensa afirma que solicitó antecedentes y reuniones con el fiscal a cargo, mientras aún restaban semanas del plazo investigativo.Asimismo, sostiene que el 25 de junio, durante una reunión telemática, se les habría indicado que Fiscalía cerraría posteriormente la investigación y presentaría acusación.

No obstante, la defensa asegura que ambas actuaciones ya habían sido ingresadas horas antes.Luego de ello, solicitaron una audiencia de cautela de garantías, petición que fue rechazada el 30 de junio por el juez Mario Devaud.El magistrado remarcó que la defensa podía solicitar la reapertura de la investigación y posteriormente controvertir la tesis de la Fiscalía durante el juicio.No obstante, los abogados de Calisto argumentan que la reapertura no solucionaría la vulneración denunciada, debido a que el cierre de la causa les habría impedido solicitar oportunamente las diligencias durante la etapa investigativa.Por ello, el amparo pide a la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejar sin efecto las resoluciones y actuaciones cuestionadas, revertir el cierre de la investigación y conceder un plazo para que la defensa pueda solicitar nuevas diligencias.Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”