Obras fantasmas o realizadas sin autorización, contratos de mantenimiento de hospitales y centros de salud que no se cumplieron, manejo opaco de cuentas bancarias y estudios fiscales hechizos son algunas de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció. Por considerar que estas acciones cometidas en el sexenio anterior por autoridades de Nayarit y de los municipios de Alvarado, Matehuala y Maravatío, el máximo organismo fiscalizador solicitó a la Fiscalía General de la República investigar a los presuntos responsables.

Para el caso del municipio veracruzano, la ASF integró la auditoría extraordinaria DN25001 de la que se derivan cinco denuncias penales relacionadas con las Cuentas Públicas de 2020 y 2021 por un probable daño al erario que asciende a 392 millones 253 mil 200 pesos. En el dictamen se indica que en Alvarado se infringieron las leyes de Contabilidad Gubernamental, Coordinación Fiscal, Disciplina Financiera (...), así como la normativa de los fondos FAISMUN, FORTAMUN, CAPUFE, el de Participaciones Federales a Municipios y el Fondo de Hidrocarburos durante los ejercicios fiscales de 2018 a 2021. “Las principales irregularidades consistieron en la falta de documentación comprobatoria y justificativa por pagos a las cuentas bancarias de proveedores y contratistas, así como de las transferencias desde las cuentas bancarias receptoras de cada fondo a otras cuentas bancarias municipales (...) asimismo, se determinaron recursos del CAPUFE que permanecen en las cuentas bancarias (...) de los cuales no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación”.

De la auditoría individual 1,228 de la Cuenta Pública de 2021, correspondiente a Nayarit, se derivaron cinco denuncias penales por un monto de 174 millones 902 mil pesos, en contra de quienes hayan gestionado servicios de mantenimiento de hospitales y centros de salud, de los cuales no hubo evidencias, y por el pago de excedentes de obras que carecieron de la autorización requerida. Respecto al municipio potosino de Matehuala, la auditoría 1,608 de la Cuenta Pública de 2021 documenta un probable daño patrimonial de un millón 110 mil pesos, por el contrato de servicios profesionales para revisar el IEPS en hidrocarburos, mismo que “se presume fue plagiado de un artículo que se encuentra en una página de internet de un despacho de auditoría publicado el 5 de marzo de 2020 (20 meses antes de la fecha de contratación), el cual coincide en su totalidad con el análisis presentado por el proveedor adjudicado”; y otro contrato para analizar el ISR sin que se presentara documentación alguna.

Otra denuncia corresponde al municipio michoacano de Maravatío, pues de los recursos federales de la Cuenta Pública de 2023 le quedan por aclarar todavía 32 millones 143 mil pesos. Se explica en la auditoria individual 1,309 que en la información reportada a las autoridades federales y en la difundida en su portal de transparencia del ejercicio del FAISMUN no existió congruencia, asimismo de la inobservancia en el manejo de un crédito de BANOBRAS por el traspaso de recursos adicionales que se canalizaron para proyectos distintos a los aprobados.

Según consta en el primer informe de resultados entregado a la Cámara de Diputados por el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardiel, se abrieron 21 denuncias penales por más de 600 millones de pesos. Como Excélsior documentó, nueve de esas 21 denuncias corresponden a observaciones de gravedad de la Cuenta Pública de 2024 y se refieren a la Cofepris, Talleres Gráficos de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los municipios mexiquenses de Valle de Bravo y Donato Guerra.