NEUQUÉN.— Luego de el avance de la investigación judicial y las condenas dictadas en primera instancia en la causa de la estafa con Planes Sociales, el Gobierno de Neuquén completó las actuaciones disciplinarias aplicando las máximas sanciones previstas para los estatales involucrados. En paralelo, en la Justicia se lleva adelante la etapa de impugnaciones.

Mientras la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal buscan revertir la absolución por el delito de asociación ilícita en la causa por la estafa con planes sociales, este viernes se conoció el decreto mediante el cual el gobernador Rolando Figueroa exoneró a cuatro agentes involucrados en la causa y dispuso, asimismo, la cesantía de una quinta empleada que se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano durante la anterior gestión de gobierno. La exoneración alcanza a Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Aaron Escobar, por haber sido hallados responsables de delitos contra la administración pública.

Establece, también, la cesantía de Marines Elizabeth Huaiquipán, considerando que fue sobreseída en lo penal pero sancionada a nivel administrativo y que hay circunstancias personales atenuantes como ser sostén de familia y cuidadora de persona con discapacidad. El decreto lleva la firma del gobernador Rolando Figueroa y del actual ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli.

Se basa en las medidas disciplinarias previstas por la normativa vigente para agentes de la administración pública y surge luego de acreditarse el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Administración Financiera y Control. La decisión administrativa se conoció este viernes, mientras se están desarrollando las audiencias ante el tribunal de impugnación ya que el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado solicitaron revisar las penas impuestas y las absoluciones por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, dicho tribunal debe analizar los recursos presentados por las defensas de los condenados. Durante el juicio, desarrollado el año pasado, la fiscalía planteó que la maniobra para defraudar al Estado mediante el cobro irregular de planes sociales fue ejecutada entre los años 2020 y 2022 por una organización criminal estable, con permanencia en el tiempo y división de funciones.

No obstante, se desestimó la existencia de una asociación ilícita y en su lugar se condenó a los acusados por administración fraudulenta. La Justicia impuso penas de hasta cinco años de prisión efectiva para los máximos responsables de la maniobra, entre los cuales figuran el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza.

Entre los condenados también se encuentran el abogado Alfredo Cury, el ex director de Fiscalizaciones Pablo Néstor Sanz, el jefe de Departamento de informática Marcos Osuna y los agentes que han sido exonerados ahora. Por último, el decreto dispuso la notificación de la medida a los agentes, a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y la remisión de copia a la Dirección Superior de Sumarios, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial y la Fiscalía de Estado.