En la localidad de Suba, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Embajada de Australia en Colombia, llegaron hasta una vivienda de ladrillo y puertas blancas en busca de una pareja señalada de integrar una red de explotación infantil con conexiones internacionales. Detrás de ese operativo había dos meses de investigación.

Las autoridades lograron establecer que la pareja, de nacionalidad venezolana, habría distribuido material relacionado con la explotación sexual de su hija menor de 18 años en plataformas digitales. Con chalecos, armas de dotación en mano y escudos balísticos al frente, unidades del CTI y del Gaula Militar se plantaron frente a la vivienda.

Con golpes de ariete, los uniformados forzaron la entrada principal y avanzaron dentro del inmueble. Las autoridades avanzaron hasta una puerta café.

Al otro lado estaban los hoy capturados y la víctima. De nuevo, el ariete golpeó la estructura hasta abrirla.

Fue allí donde encontraron a la pareja y ejecutaron la captura. Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entidad que facilitó la articulación entre las entidades involucradas en el caso, señalaron que la hija de los capturados había sido utilizada para este fin desde hace cuatro años.

Según las autoridades, la pareja habría usado plataformas de transmisión en vivo, sitios de contenido para adultos y canales de mensajería para distribuir el material. Pero lo que ocurría dentro de esa casa en Suba tenía un alcance internacional.

A 14.326 kilómetros de distancia, la investigación permitió establecer una conexión con Australia. Allí fue capturado un ciudadano al que presuntamente le encontraron material de explotación sexual infantil vinculado con este caso.

En medio del allanamiento, sobre una mesa donde reposaban un oso de peluche y una prenda de color morado, las autoridades encontraron cuatro celulares y tres discos duros. Todo fue incautado y ahora es objeto de análisis forense.

La información hallada podría conducir a otros posibles integrantes de la red en diferentes ciudades. La víctima quedó bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Fiscalía sigue reuniendo pruebas para establecer el alcance de esta red y definir la posible participación de otras personas en estos hechos. TATIANA MORENO QUINTERO REDACCIÓN BOGOTÁ