Entre el sábado 27 de junio y el jueves, 2 de julio, se interrumpió el servicio de la plataforma tecnológica que maneja el grueso de datos de los colombianos afiliados a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). La sorpresiva decisión, que afectó trámites críticos para pensionados y candidatos a completar sus semanas de retiro, se convirtió en una serie de señalamientos del el senador electo Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional) a Colpensiones y a su cabeza, Jaime Dussán que incluyen dudas en torno a los contratistas, que se unen a la creación de sindicatos para evitar despidos con el cambio de Gobierno.

El cierre temporal de servicios se justificó en una migración masiva del centro de datos de Colpensiones, que contempla el monitoreo a todas las plataformas y aplicaciones que utilizan los usuarios de la entidad. Pero Gómez, jefe de debate del presidente electo Abelardo De La Espriella, afirmó que detrás de ese cierre atípico hay un contrato con un nuevo operador, por más de 223 mil millones de pesos.

Y agregó que las empresas que conforman la unión temporal ganadora han crecido a la sombra del gobierno Petro con el que se podrían hacer hasta asignaciones pensionales con información falsa. "Esta entidad (Colpensiones) que ya queda sindicalizada, asimismo queda con este megarroto de un nuevo software de manejo para información altamente sensible, sensible para los pensionados, sensible en la modulación o generación de las obligaciones de pago de Colpensiones y que queda en manos a través de este contratico (sic) de más de 223 mil millones de pesos en una oscura Unión Temporal", afirmó Gómez en sus redes sociales.

Y agregó que el cúmulo de datos y operaciones quedó en manos de al menos 80 personas nada más. EL TIEMPO investigó y estableció que el contrato -por 223.125 millones de pesos- fue entregado a la Unión Temporal Gestión Integral Centros de Datos 2025, bajo un régimen especial (con ofertas).

El objeto de contrato es el de la prestación de servicios de procesamiento, almacenamiento, respaldo y recuperación de la información, balanceadores de carga, colocación, licenciamiento, observabilidad y monitoreo para dos centros de datos. Asimismo, la administración global e integración con terceros y servicios de multi-nube híbrida para los sistemas de información e infraestructura de Colpensiones.

El contrato fue firmado el 11 de septiembre de 2025, cuando la atención en Colpensiones estaba puesta en la camioneta último modelo, por 404 millones de pesos y en el nombramiento de Sandra Hincapié, la hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, funcionaria a la que acaban de nombrar en una notaría. El plazo de ejecución se extenderá hasta diciembre de 2029, casi todo el gobierno de Abelardo De la Espriella, y asimismo de ese dato, el senador Enrique Gómez afirmó que una de las empresas ha crecido por contratos con el Gobierno saliente.

"La única empresa medio relevante tiene como 80 empleados y ha sido una empresa que realmente ha crecido a la sombra del gobierno de Gustavo Petro, porque son las entidades del gobierno de Gustavo Petro sus principales contratantes", insistió Gómez. Y aunque el único dato que dio es que ha tenido contratos con el ICBF y la JEP, este diario investigó y estableció que se refiere a TSG The It Experts SAS, que tiene el 64 por ciento de participación en la Unión Temporal y que fue constituida en Bogotá en agosto de 2016.

La compañía, que reporta para este año 120 mil millones de pesos en ingresos y dedicada a actividades de consultoría informática y desarrollo de sistemas informáticos. Su representante legal es Camila Alejandra Ramírez Espinel y tiene como único accionista a otra compañía llamada Holding Tech SAS.

EL TIEMPO investigó y estableció que esa empresa, dedicada a actividades de consultoría, también con sede en Bogotá, tiene como único accionista a Luis Alfredo Pinilla Plazas. El contrato al que se refiere el senador Gómez entre TSG The It Experts SAS y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue firmado en diciembre de 2022 por 7.600 millones de pesos y tenía por objeto proveer los servicios presenciales y/o virtuales de mesa de ayuda, servicio de especialistas técnicos y bolsa de repuestos.

La JEP también será sometida a un chequeo en el empalme para reformarla o liquidarla, según le anunció a EL TIEMPO el penalista Iván Cancino, jefe de empalme del área de justicia del gobierno electo de Abelardo De La Espriella. Asimismo, con el ICBF firmó otro por 24 mil millones de pesos en diciembre de 2023 para prestar servicios de tecnología de la información y comunicaciones bajo la modalidad de outsourcing para la administración de la infraestructura tecnológica de la entidad.

Y otro con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por 138 millones de pesos el pasado diciembre para la adquisición de una solución de protección de correo electrónico que garantizara la seguridad de los canales de comunicación de la entidad. Pero el senador Enrique Gómez también afirmó que el segundo miembro de la Unión Temporal era "simplemente un revendedor de computadores" que también ha tenido contratos con el Gobierno.

EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de Rit Enterprise Solutions SAS, que tiene el 35 por ciento de participación en la Unión Temporal y que se dedica a comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones. La compañía reporta 10.500 millones de pesos en ingresos y este diario rastreó los contratos de la compañía a los que se refería el senador.

"Y qué curioso, también ha crecido con el gobierno de Gustavo Petro (...) de dónde tiene experiencia, de un feudo político tradicional del ministro de Salud saliente Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta empresa tiene 9 contratos diferentes con una empresa que entra y sale de liquidación en Ibagué, que es el Federico Lleras Acosta", afirmó el senador.

Entre los contratos que menciona el senador, hay uno por 127 millones de pesos con el hospital Federico Lleras Acosta para renovación de soportes y garantía con cambio de partes para la plataforma tecnológica del hospital. Como tercera empresa de la Unión Temporal aparece IOGestión SAS, con el 1 por ciento de participación, una empresa creada en septiembre de 2012 en Bogotá que también se dedica al comercio de computadores.

Gómez también expresó que con el negocio se podrían hacer asignaciones pensionales con información falsa y mencionó directamente a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. EL TIEMPO se comunicó con Jaime Dussán para preguntarle por los señalamientos del senador, y empezó por asegurar que ser trata de acusaciones falsas y se limitó a remitir un comunicado oficial.

"Es falso que 'Colpensiones esté completamente cerrada'. Los 81 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) en todo el país continúan prestando servicio con normalidad.

De igual manera, los servicios digitales y las líneas de atención telefónica permanecen habilitados. La ciudadanía puede verificar esta información directamente en nuestros medios oficiales", se lee en el documento en el que se reaccionó a lo dicho por Gómez.

No obstante, EL TIEMPO tiene en su poder dos resoluciones de Colpensiones, la primera es la 008 de 2026, firmada el pasado 26 de junio, en la que se ordena la suspensión de términos administrativos desde el lapso en el que se hizo la migración. Según Colpensiones, el objetivo de esa suspensión es fortalecer las condiciones de capacidad, continuidad y seguridad de la plataforma tecnológica de la entidad y porque se tenía programada la migración de centros de datos para la infraestructura tecnológica asociada al ambiente de producción.

Lo que llama la atención es que en el comunicado se asegura que, ante las inquietudes expresadas por distintos actores, la entidad tomó la decisión de aplazar la migración para no afectar la atención para el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026. Y agregan: "Lo que Colpensiones adelanta es un proceso de modernización tecnológica planeado con más de nueve meses de anticipación y derivado de un proceso de licitación pública.

Su propósito es, precisamente, fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los(as) afiliados(as). Este proceso obedece a un cronograma técnico y no guarda relación alguna con el calendario político del país".

Finalizan explicando que la información de los colombianos están totalmente protegida bajo estrictos protocolos técnicos y que la selección del operador se llevó a cabo bajo criterios de transparencia y cumplimiento de la normativa de contratación estatal, por lo que hacen un llamado a no difundir alarmas infundadas. (Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) EL TIEMPO también se comunicó con Camila Alejandra Ramírez, representante de TSG The It Experts, la empresa de mayor participación en la Unión Temporal, pero al cierre de esta edición no había contestado. Hasta el momento, ni la Procuraduría y la Contraloría se han pronunciado sobre el asunto.

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