Según el Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad, aunque hay avances normativos y existe una voluntad política en favor de las víctimas, ese balance se produce en un contexto en el que la violencia no cesa.Según la Comisión de la Verdad, solo en 2025 se documentaron 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y la cifra acumulada desde 2016 supera los 1.800. La voluntad existe y los avances son verificables.Este jueves 2 de julio se hizo público el Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia, con corte a mayo de 2026.

El documento se centra, principalmente, en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. “Las víctimas son el eje articulador del Sistema Integral para la Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)”, se lee en el informe.Según el documento, de 274 páginas, el Registro Único de Víctimas (RUV) ya registra más de 10 millones de víctimas del conflicto armado interno. “Esa cifra sigue creciendo por nuevas victimizaciones: desplazamientos masivos y confinamientos, reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), violencia sexual, asesinatos de líderes y lideresas sociales y desapariciones forzadas”, señala.Lea: Extraditan a Chile a alias “Botija”, uno de los principales jefes del Tren de AraguaEl primer capítulo del informe analiza la adecuación del marco normativo, en particular la Ley 2421 de 2024, sancionada el 22 de agosto de 2024, que modificó la Ley 1448 de 2011 con el propósito de fortalecer la atención, la asistencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Según el documento, aunque hay avances normativos y existe una voluntad política en favor de las víctimas, ese balance se produce en un contexto en el que la violencia no cede.“Solo en 2025 se documentaron 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y la cifra acumulada desde 2016 supera los 1.800.

La voluntad existe y los avances son verificables. Al mismo tiempo, las víctimas siguen pagando con sus vidas la promesa incumplida de la no repetición.

Reconocer ambos aspectos —el avance y el riesgo— es el punto de partida de este balance”, asevera el informe.Le puede interesar: A la cárcel “La Flaca”, señalada de participar en el asesinato de líder social en BolívarEl documento también analiza el sistema de registro, las indemnizaciones administrativas y la reparación colectiva. Según el informe, existe un desfase crítico entre los registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Registro Único de Víctimas (RUV). “De las 14.659 víctimas acreditadas ante la JEP, 6.347 (cerca del 43 %) no están inscritas en el RUV”.

Asimismo, advierte que, al ritmo actual de asignación de indemnizaciones, “se necesitarían 62 años para indemnizar al total de las víctimas, sin tener en cuenta las nuevas inclusiones”.El Comité de Seguimiento de la Comisión de la Verdad también revisó la restitución de tierras, las soluciones habitacionales y el impacto reparador de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque destaca avances en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), señala que el déficit de vivienda para las víctimas sigue siendo masivo: “Solo el 10,7 % de los hogares víctimas habitan una vivienda digna”.Más noticias judiciales: Encuentran 32.580 galones de cocaína escondidos en tres piscinas subterráneas en NariñoEn cuanto al reconocimiento de responsabilidad, el informe analiza los actos públicos de perdón y de asunción de responsabilidad por parte del Estado y de actores armados.

En esta oportunidad, concluye que se realizaron actos históricos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. No obstante, entre las víctimas persiste la necesidad de conocer “quién dio la orden”.“Para las víctimas, los actos de reconocimiento perdieron la oportunidad de aportar más verdad que permita avances judiciales.

Las víctimas de la Unión Patriótica (UP) lo plantearon así: ‘A este reconocimiento le hace falta una pieza: la verdad, los responsables, los nombres. Con las miles de víctimas decimos: ¿quién dio la orden?’.

En el acto del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar), las víctimas señalaron: ‘Este día ha sido un pequeño triunfo; no es justicia, porque esperamos que los verdaderos responsables sean judicializados’”, se lee en el documento.Le recomendamos: Mindefensa dice que audios sobre Clan del Golfo corresponderían a hechos de 2022Según el informe, en materia de búsqueda de personas desaparecidas se han fortalecido las técnicas de identificación genética. No obstante, la falta de una política pública integral de búsqueda dificulta la prevención de nuevas desapariciones. “Tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) como la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) coincidieron en que el país aún no cuenta con una política pública integral de búsqueda y prevención que articule la atención de los distintos tipos de desaparición”, señala el documento.Asimismo, el informe revisó los avances en materia de justicia para las víctimas.

Según explica, se han ampliado las decisiones judiciales. No obstante, “representantes consultados identificaron tres ‘paredes’ contra las que han chocado las expectativas creadas por el Acuerdo Final de Paz (AFP) en materia de participación”.

Asimismo, advierte que en la JEP persiste “la ausencia de criterios uniformes entre despachos”.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.