Meitner Energy, una firma controlada por el Invap y el Grupo Ansari -de origen estadounidense- presentó la semana pasada ante el Ministerio de Economía su proyecto para desarrollar una cuarta usina nuclear en Argentina. El reactor se instalará en el complejo Atucha, ubicado en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, y busca ser el puntapié de un plan mayor para reposicionar al país y sus exportaciones para el sector.

Aunque no tiene todavía un nombre oficial, el proyecto toma como base geográfica una parte del terreno originalmente previsto para levantar “Atucha III”, en la provincia de Buenos Aires. Concebido con un término de cinco años de desarrollo una vez que resulte aprobado, la iniciativa contempla la instalación de un reactor modular pequeño ACR-300 y una inversión estimada en u$s 1.200 millones.

Lo novedoso es que se trata de un esquema de desarrollo, producción y puesta en marcha íntegramente financiado con capitales privados. Es el dato que más resaltan desde el Ejecutivo.

De ahí que lo definen, puertas adentro, como un caso testigo en el cambio de paradigma en el sector que pretende instalar la administración libertaria.El anuncio fue realizado en un encuentro en el Palacio de Hacienda, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli; y el CEO de Meitner Energy, Teófilo Lacroze, junto con referentes del sector nuclear. Aunque la reunión tuvo lugar hoy por la tarde, el plan de inversión se presentó una semana antes en las oficinas de Economía.De concretarse, la iniciativa daría lugar a la cuarta central nuclear del país, una idea de larga data que tuvo varias hipótesis de concreción.

Durante la gestión de Alberto Fernández, incluso, se avanzó en conversaciones con China para la compra y entrega de un cuarto reactor llave en mano con financiamiento de ese país. No prosperó.

A diferencia de aquel proyecto, el plan de Meitner Energy se basa en el desarrollo de un reactor de tamaño compacto ACR-300 de tecnología de origen argentino y sello de manufactura nacional. Si bien los esquemas originales fueron aportados por el Invap, fuentes del Gobierno enfatizan que el grueso del desarrollo corre por cuenta de la empresa privada.En la firma destacan que la Argentina podría convertirse en sede del debut global de este tipo de diseño nuclear.

Lo destacan como un logro de la nueva doctrina que impulsa el gobierno de Javier Milei y que apuesta a este tipo desarrollos mixtos en un mercado internacional cada vez más competitivo en este rubro.Detrás de la apuesta aparece el Grupo Ansari, un inversor de origen estadounidense que eligió al país como plataforma para producir y, eventualmente, exportar esta tecnología. En la Casa Rosada lo interpretan como una señal alineada con el modelo de “estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras y participación privada en sectores estratégicos”.

Entre líneas, confían en que la inversión nuclear puede funcionar como un caso testigo de una nueva etapa para proyectos de largo plazo. De acuerdo a los tiempos que se manejan, confían en completar los trámites legales antes de fin de año.

Incluso ven viable que ingrese en los márgenes del Súper RIGI con un Congreso menos trabado en el arranque del tercer trimestre que pueda terminar de convertir en ley el nuevo marco de inversiones.La nueva doctrina de Milei y cómo se inserta el proyecto de una cuarta central nuclear en ArgentinaDesde la Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo la órbita de Caputo, el Gobierno presentó el 31 de mayo los nuevos lineamientos para el sector, con foco en exportaciones, disciplina fiscal, participación privada y resultados verificables. El documento fundacional ratifica el carácter estratégico de la actividad, pero redefine los criterios bajo los cuales deberán evaluarse proyectos, inversiones y empresas vinculadas al área, bajo la lupa de la productividad.

El cambio de enfoque no es menor para un sector históricamente asociado al financiamiento público, al crédito externo y a decisiones sujetas al ciclo político. En este caso, la propuesta plantea que el Estado mantenga la rectoría estratégica y regulatoria, mientras el riesgo de inversión y desarrollo queda en cabeza del privado.La doctrina oficial no plantea abandonar la actividad nuclear, sino reorganizarla bajo criterios económicos, comerciales y de eficiencia.

La soberanía tecnológica sigue apareciendo como un valor, pero subordinada a la capacidad real de producir bienes, servicios, exportaciones y resultados concretos. En ese marco, una inversión como la de Meitner Energy funciona para el Gobierno como ejemplo de la nueva orientación: capital privado, tecnología local y potencial exportador.Ramos Napoli ya había explicitado esa línea durante la presentación de los lineamientos por el aniversario de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). “Por primera vez, Estado y sector privado van a trabajar juntos para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino.

Esa es la fórmula que va a escalar nuestras capacidades y transformar décadas de conocimiento en crecimiento concreto. La Argentina tiene todo para liderar, y este es el camino para lograrlo”, remarcó.La propuesta de Meitner encaja en esa lectura.

El Gobierno busca convertir al ecosistema nuclear en un sector exportador de alto valor agregado, con servicios, tecnología, ingeniería, combustibles, componentes y conocimiento aplicado. En consecuencia, la pregunta que ordena la nueva política ya no es solo si un desarrollo puede hacerse desde el punto de vista técnico, sino si tiene demanda o una oportunidad concreta de inserción.Ese criterio aparece en los lineamientos oficiales con una formulación directa: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.

En la misma línea, el documento sostiene que “la autonomía nuclear se acredita por entrega efectiva, no por declaración pública” y que “la continuidad institucional sin resultados verificables debe entenderse como inercia, no como virtud”.El proyecto contempla que Nucleoeléctrica Argentina tenga el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la nueva central en condiciones de mercado, una vez que la iniciativa avance y se formalicen los acuerdos correspondientes. Prevé asimismo la creación de aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos a lo largo de las diversas etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.Nueva central nuclear en Argentina: qué pasos debe seguir su aprobación y cuándo estará activaEl camino, no obstante, recién empieza.

La propuesta deberá ser considerada primero por el Ministerio de Economía y luego avanzar en los procesos técnicos, regulatorios y de licenciamiento correspondientes ante la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo responsable de autorizar el diseño, la construcción y la futura operación de la instalación. Una vez cumplidos esos pasos, la construcción demandaría un plazo aproximado de cinco años.En el Gobierno atribuyen parte de la llegada de la iniciativa al nuevo ordenamiento institucional del área nuclear con la Secretaría a cargo de Ramos Nápoli como “una ventanilla única” de intelocución.

También ponderaron el contexto como un catalizador del desembolso: “Una inversión nuclear se mide en décadas, y para eso necesitás reglas estables”, afirmaron.Durante el taller regional del programa “Infraestructura Fundacional para el Uso responsable de la tecnología de reactores modulares pequeños” (FIRST), a comienzos de junio, Lacroze, cabeza de Meitner, se había pronunciado en el mismo sentido. Estados Unidos y Argentina están liderando el futuro nuclear de nuestro hemisferio🇺🇸🇦🇷.

En FIRST, junto a Canadá y socios de América Latina, Japón y el Reino Unido, avanzamos una visión compartida: más innovación, más inversión y más seguridad energética. El futuro es nuclear,… pic.twitter.com/iaY4MSJ7ZA— Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) June 2, 2026“Nuestra misión es desarrollar soluciones nucleares limpias, sostenibles y escalables.

Hacer eso en la Argentina, aprovechando el ecosistema nuclear argentino, y el contexto macroeconómico, la estabilidad y reglas muy claras de largo plazo aseguradas a través de programas como el RIGI o el proyecto del Super RIGI, que sin dudas es muy relevante para nuestra industria", puntualizó.El nuevo capítulo del plan nuclear también se proyecta sobre una discusión política más amplia. Mientras el Gobierno impulsa validación comercial, participación privada y revisión permanente de proyectos, el peronismo inició a mover proyectos en el Congreso para blindar activos que considera estratégicos, en particular el reactor CAREM y la CNEA.Quienes critican el plan del Gobierno advierten por la postergación del CAREM, un proyecto de reactor con características similares al que ahora se utilizaría para la instalación de la cuarta central pero cuyo desarrollo dependía de manera exclusiva del Estado, con una mora importante.

En el Gobierno alegan dudas respecto a la categorización del CAREM como parte del conjunto de reactores pequeños. Así y todo, definen al proyecto de Meitner Energy como un esquema en paralelo. “No reemplaza al CAREM”, insisten.No pasa desapercibido tampoco que el anuncio de la inversión nuclear ocurre en medio de fuertes denuncias por despidos en la CNEA.

En los gremios acusan al Ejecutivo por el desmantelamiento de un área clave en el desarrollo del esquema nuclear nacional. Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares hablan de bajas administrativas, no de técnicos ni científicos.La discusión de fondo es qué significa hoy defender el sector nuclear argentino.

Para el Gobierno, preservar el sistema implica capitalizarlo: convertir capacidades en exportaciones, incorporar privados, orientar la investigación a resultados, cerrar la distancia entre conocimiento acumulado y valor económico, y someter los proyectos a criterios de eficiencia. Para el peronismo, en cambio, la prioridad es blindar activos estratégicos frente a decisiones que considera riesgosas para la soberanía tecnológica, la continuidad de largo plazo y el patrimonio científico acumulado por el Estado.En ese punto, la iniciativa en evaluación por el gobierno de Milei funciona como algo más que una propuesta empresarial.

Es también el primer ensayo de una nueva frontera política para el sector.