El fiscal Rodrigo Mena solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia para formalizar por el presunto delito de estafa al arquitecto y exsocio de la empresa de recursos humanos Buk, Fernando Undurraga Domínguez.Frente a la petición del Ministerio Público, la jueza Melissa Joo Amunátegui fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia de formalización del imputado.En noviembre de 2025, el socio de la agencia de comunicaciones Simplicity, Matías Cartajena Vodanovic, interpuso una querella criminal por el delito de estafa en contra de Undurraga. En la acción penal Cartajena acusó a Undurraga de llevar a cabo un engaño planificado basado en la manipulación de información financiera y omisión de datos esenciales, como sus conversaciones con Buk.Según la querella, la estafa tuvo lugar cuando Cartajena vendió su participación en la startup Future SpA, en poco más de $40 millones, y posteriormente el comprador (Undurraga) vendió la empresa a Buk en varios millones dólares.El conflicto inició cuando en 2013 Matías Cartajena le ofreció a Fernando Undurraga incorporarse a esa firma para encargarse de una incipiente área enfocada en el desarrollo de nuevos negocios.

Esto, debido a que a ambos los unía un lazo de amistad y Undurraga había incursionado en distintos negocios y empleos, ninguno de los cuales prosperó.Uno de los productos que crearon y comercializaron dentro de esta área fue el software “CTRL IT”, el cual permite el control de la asistencia de trabajadores a través de dispositivos electrónicos. En 2015 constituyeron dos sociedades para potenciar el desarrollo del software.

Primero, Future SpA, en la que Cartajena y sus socios, a través de sociedades de inversión, tenían un 67,75 % de la propiedad, mientras que Undurraga tenía el 32,25 % restante. Y, segundo, Future It (cuyo nombre de fantasía era “CTRL IT”), la cual era controlada por Future SpA con un 65% de las acciones, mientras que las restantes acciones las tenía Carlos Orrego Undurraga, primo del querellado Fernando Undurraga y administrador del software en cuestión, a través de su firma individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.)Para sustentar su versión del conflicto, la querella dice que Undurraga presentó un “Pre Balance” del año 2020, que coincidía con los balances de los años 2018 y 2019.

No obstante, este “Pre Balance” era diferente al verdadero balance de 2020. Aunque Undurraga podría alegar que la información era preliminar, el contrato de compraventa de las acciones de Tema Ltda., empresa de Matías Cartajena, fue firmado en marzo de 2021, momento en el que los resultados del ejercicio comercial de 2020 ya eran conocidos por ambas partes, indicó la querella.De esta forma, y en función de la información proporcionada por Fernando Undurraga, se fijó el precio para la salida de Tema Ltda. de la sociedad Future SpA en el monto originalmente aportado para su constitución, reajustado.

Esto es: 1.430,2 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a $41.572.367 aproximadamente y representativas del 49,33% de las acciones de la compañía, dice el documento.Las conversaciones para concretar la venta de las acciones se habían iniciado en julio de 2020, es decir, en plena pandemia, y se extendieron hasta la firma de la compraventa. Durante todo el período que duraron esas negociaciones Undurraga mantuvo su cargo de gerente general de las sociedades.

Por su parte, Matías Cartajena y sus socios tenían la calidad de representantes legales de las sociedades accionistas.En el proceso Cartajena cuenta con la asesoría legal de César Ramos y Bárbara Yévenes, socio y asociada senior del estudio Bofill y Ramos Abogados.DescargosPor su parte, la defensa de Undurraga, a cargo del abogado Andrés Sepúlveda, desestimó las acusaciones. En conversación con Pulso el profesional explicó: “En principio, esto es parte de una conversación larga que hemos tenido con la Fiscalía, y para ponerle un cierre al asunto se está procediendo a la formalización.

Nosotros solicitamos que, dependiendo de la resolución, se discuta en esa misma audiencia el sobreseimiento definitivo por aplicación del artículo 250 número 1; vale decir, que los hechos denunciados no son constitutivos de delito”.Asimismo, el abogado indicó que “esta conversación sobre la enajenación de acciones se produce con posterioridad a la venta de la participación del señor Cartajena. Es decir, la conversación tiene lugar cuando él ya no forma parte de la sociedad”.“Entonces, no puede haber administración desleal porque, para cuando se produce dicha conversación, el señor Cartajena no tiene ningún interés en la sociedad.

Pero incluso en la hipótesis de que hubiese existido una conversación previa, lo cual negamos y aseguramos que no existe, tampoco habría delito. Esto se debe a que hay una promesa de compraventa de acciones, suscrita ocho meses antes, en la cual él se compromete a vender y se fija el precio de las acciones”, argumentó la defensa.Por lo tanto, agregó Sepúlveda, “aun cuando hubiese habido una discusión en el tiempo intermedio, cosa que no se ha podido acreditar, tampoco habría un incumplimiento”.“El señor Cartajena no podía desconocer la promesa.

No podía ignorar que llegó a un acuerdo en junio, o sea, ocho meses antes de que se produjera la compraventa en marzo, donde ya se había comprometido a vender la totalidad de sus acciones a un precio determinado. Si él cree que puede deshacer una promesa, es porque no entiende cómo funciona el derecho interno”, concluyó.