El Gobierno plantea ahora prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años a aquellas plataformas que muestren "contenido dañino para la infancia y la adolescencia" aunque tengan el permiso de sus tutores legales. Así lo han propuesto PSOE y Sumar en una serie de modificaciones que han introducido en la ley de protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales, en la actualidad en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas también se encuentra que, de salir adelante, se convierta en delito que una plataforma utilice sus algoritmos para permitir la amplificación y la difusión de contenidos que inciten al suicidio o a la autolesión, de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o relacionados con delitos de odio.Por otro lado, en otra de las enmiendas pactadas por PSOE y Sumar se establece que los directivos de las plataformas que conozcan la presencia de este tipo de contenido y no actúen también serán penalmente responsables, al igual que también tendrá consecuencias penales "ignorar una orden de retirada" del mismo.Son las tres grandes modificaciones de una ley que lleva tramitándose más de un año en la Cámara Baja. Dichos cambios fueron anunciados por el presidente Pedro Sánchez a bombo y platillo en febrero cuando en realidad ya llevaban tiempo debatiéndose y perfilándose en instancias parlamentarias.

Entonces, Sánchez comunicó concretamente la prohibición general del acceso a redes a menores de 16 años, y este mismo jueves la ha vuelto a resaltar como tal en un mensaje en redes sociales. "Cumpliendo lo que anunciamos en febrero, hoy incluimos en la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales tres medidas esenciales: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años; tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales; y establecer la responsabilidad penal de los directivos si no retiran los contenidos ilícitos de sus plataformas.

Este Gobierno no se va a rendir ante tecno-oligarcas. Vamos a convertir el espacio digital en un entorno seguro para nuestros jóvenes", ha escrito.No obstante, la prohibición de acceso a redes sociales no es tal y como parece plantearla el presidente.

En la ley ya se contemplaba la exigencia de que sean los tutores los que autoricen a los menores de 16 años el acceso a determinadas plataformas. Y ahora se incluye un nuevo requisito que pone el foco en ellas: las que no adapten sus contenidos y reciban una autorización expresa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no podrán permitir el acceso a menores de 16.

Es decir: las plataformas que no puedan demostrar ante la CNMC que no difunden contenidos dañinos para la infancia y la adolescencia tendrán prohibido permitir el acceso a menores de 16 años. Esto no es óbice para que, en caso de que sí cumplan con los requisitos, los adolescentes necesiten aun así la autorización de sus tutores.

Según las enmiendas, tanto el desarrollo de estos requisitos como el procedimiento de autorización de la CNMC, deberán establecerse por real decreto, una vez aprobada la ley, que se encuentra concretamente en fase de ponencia, es decir, en la penúltima antes de que sea enviada al pleno para su votación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado que espera que la ley "cuente con un amplío consenso, porque la necesidad de regular el entorno digital y de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es un clamor social".

Así, luego de registrar estas enmiendas, Rego ha celebrado la "mejora" de la norma y ha señalado que el Gobierno no va a permitir "que cuatro magnates desde Silicon Valley vulneren los derechos de la infancia". A pesar de que la tramitación de la ley está siendo larga, existe un amplio consenso en la necesidad de abordar la utilización de las redes sociales por parte de los menores de 16 años.

El PP, por ejemplo, también propone la prohibición del acceso, así como "un horario de descanso digital" que lo impida entre las 22.00 y las 8.00 horas. Los populares también defienden castigar con penas de prisión de 1 a 3 años (o multas de 6 a 12 meses) la difusión de contenidos que inciten a retos virales "que pongan en riesgo la salud o la integridad del menor.

De igual modo piden penas de 2 a 4 años de cárcel y la retirada de cualquier contenido que incite al suicidio a las autolesiones de menores y personas con discapacidad.