SALTA.— El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta expresó un fuerte rechazo institucional al proyecto de declaración aprobado en la Cámara de Diputados, que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, analizar la viabilidad de incorporar profesionales en Psicología Social a los equipos técnicos interdisciplinarios de las unidades educativas.La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Orozco, apunta a sumar estos perfiles para intervenir en problemáticas que atraviesan hoy a las escuelas, como bullying, ciberbullying, grooming, convivencia escolar, estrés, ansiedad y manejo de emociones. No obstante, desde el Colegio advirtieron que la propuesta fue abordada sin contemplar las incumbencias profesionales ni la normativa vigente en materia de salud mental e infancias."Manifestaciones complejas que comprometen la salud mental requieren intervenciones de profesionales con formación universitaria específica, idoneidad acreditada y habilitación legal", indicó la entidad en un comunicado, al marcar su "enérgico rechazo y preocupación institucional" por los términos del proyecto.El pronunciamiento remarca que la evaluación, orientación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del sufrimiento psíquico constituyen competencias exclusivas de psicólogas y psicólogos con título universitario de grado y matrícula habilitante.

En ese sentido, el Colegio cuestionó el uso del término "psicólogo" por parte de personas con formaciones técnicas o terciarias."La denominada psicología social es una vertiente teórica de nuestra disciplina, mas no una habilitación para ejercer la clínica, coordinar grupos terapéuticos ni realizar intervenciones que requieran el amparo de una carrera de grado", advirtió la institución. Asimismo, remarcó que la utilización de esa denominación "confunde deliberadamente a la comunidad, roza la ilegalidad y constituye un claro caso de intrusismo y usurpación de incumbencias que precariza el sistema de salud".Desde la Cámara de Diputados, en cambio, los fundamentos de la iniciativa plantean que las escuelas enfrentan problemáticas sociales y comunitarias cada vez más complejas, que impactan directamente en el bienestar de los chicos.El Colegio actuará con firmezaEn el tramo más duro del comunicado, el Colegio anticipó que actuará "con la mayor firmeza institucional" frente a lo que consideró un atropello que pone en riesgo la salud mental de la población y vulnera los derechos de sus matriculados.

También intimó a instituciones públicas y privadas a revisar sus perfiles de contratación "para no ser cómplices de esta situación" y pidió a sus colegas denunciar posibles irregularidades. Finalmente, exigió participación en proyectos de este tipo.