La exdiputada oficialista y asesora ad honorem de Casa Presidencial, Pilar Cisneros, defendió el nombramiento de Boris Marchegiani como embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU), pese a que mantiene una deuda crediticia de $8,3 millones con el Banco Nacional que arrastra desde hace 12 años.Consultada por La Nación sobre si esa situación era compatible con representar al país en un cargo diplomático, la exlegisladora remarcó que mantener deudas no constituye un delito y rechazó que ello deba impedir el nombramiento.“Tener deudas en este país no es un delito, lo primero. Lo segundo, no está, que yo sepa, ni en cobro judicial, ni mucho menos.

Él tendrá que hacer un arreglo para sostener su deuda”, declaró.Cisneros comparó el caso con el de empresarios y otras personas que mantienen obligaciones financieras. “Los grandes y riquísimos empresarios de este país todos tienen deudas, ¿o no?“, indicó.Respecto al uso del convenio preventivo de acreedores al que se acogió la sociedad Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., vinculada a Marchegiani, para suspender durante 12 años el pago de una deuda con el Banco Nacional, Cisneros reiteró que mantener deudas no constituye un delito.“Él enfrentará su proceso judicial como tiene que ser, si lo hay.

Que yo sepa, ni siquiera lo hay. Vaya a ver todas las grandes empresas y todos los grandes empresarios de este país tienen deudas”, aseveró.Al insistírsele en que Marchegiani ahora ocupa un cargo de representación del Estado, la exdiputada respondió que esa condición no modifica su criterio.“¿Y qué?

¿Usted cree que los otros funcionarios del Gobierno o los diputados no tienen deudas? ¿Usted cree que todo el mundo en este país no tiene deudas?

¿Eso es un delito?”, indicó nuevamente.Mandataria responderá por escritoEste medio también consultó a la presidenta Laura Fernández sobre la deuda de Marchegiani. La mandataria respondió que no había leído el artículo publicado por La Nación, por lo que indicó que lo revisaría y posteriormente respondería la consulta por escrito.Por su parte, el expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, evitó referirse al tema.

Al concluir la conferencia de prensa, atendió todas las consultas de los medios, pero declinó responder sobre la deuda del embajador de la ONU.En mayo, Marchegiani fue nombrado embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Ante los cuestionamientos por esa designación, la presidenta Fernández defendió el nombramiento y afirmó que no obedeció a su trayectoria política, sino a la necesidad de que Costa Rica impulse temas distintos.En 2025, Marchegiani estuvo detrás de los diseños y pagó para que la empresa Publiex colocara las vallas publicitarias contra jerarcas del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República (CGR) en algunas de las autopistas más concurridas de la Gran Área Metropolitana, como la ruta 27 y Circunvalación.

En el 2025, asimismo, fue secretario general suplente del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) y aporto en 2025 ¢14 millones a la agrupación.Nogui Acosta: ‘Eso no lo inhabilita’ para ser embajadorEl jefe de la fracción del PPSO, Nogui Acosta, también remarcó que la deuda de $8,3 millones que tiene Marchegiani con el Banco Nacional no lo inhabilita para ser nombrado como embajador de Costa Rica ante la ONU.El vocero legislativo del gobierno alegó que la designación de los representantes diplomáticos de Costa Rica es una decisión del Poder Ejecutivo, no suya.“No podría decir nada sobre esa decisión, es soberana. El Poder Ejecutivo de un lado y el Legislativo, del otro”, comentó Acosta, quien rechazó entrar a valorar si el Consejo de Gobierno debió revisar mejor ese tipo de situaciones a la hora de nombrar a Boris Marchegiani en una delegación diplomática, máxime cuando se trata de la ONU.Respecto al uso del convenio preventivo de acreedores en que se amparó la compañía del embajador de la ONU para no pagar su deuda con el BN, por 12 años, Acosta afirmó que se trata de una protección legal frente a los acreedores, pero “no significa que no siga funcionando, teniendo ingresos”.“Existe para todos y hay bastantes empresas que se han acogido a eso.

Yo no sabría decirle, hay que ver cuáles son los acuerdos avalados por el juez, si tiene que hacer pagos o no”, comentó el jefe oficialista ante la pregunta de este medio.