GUALEGUAYCHÚ.— Durante casi dos años, los investigadores siguieron una pista que había comenzado con un dato aparentemente menor: la aparición de cigarrillos de marcas reconocidas vendidos a precios llamativamente bajos en pequeños comercios de Entre Ríos. Detrás de esas cajas, no obstante, funcionaba una organización con capacidad industrial que, según la hipótesis de la Justicia, producía y distribuía cigarrillos falsificados en distintas provincias, utilizaba estampillas fiscales apócrifas y comercializaba la mercadería al margen de los controles tributarios.La investigación culminó con un operativo de gran magnitud que incluyó 24 allanamientos simultáneos en Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y la ciudad de Buenos Aires.

Como resultado, los investigadores detectaron una fábrica clandestina con capacidad para producir unos 700 millones de cigarrillos al año, secuestraron más de 54 toneladas de tabaco, alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial destinada a sostener la producción. Cinco personas fueron imputadas y la pesquisa continúa.La causa está a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, encabezada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva, con intervención del juez federal Hernán Viri.

Según representantes de las tabacaleras titulares de las marcas falsificadas, se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos detectada hasta el momento en la Argentina.La pesquisa inició en julio de 2024 a partir de información aportada por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina en Paranacito, que advertía sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de Gualeguaychú y de otras localidades entrerrianas. Las primeras averiguaciones permitieron establecer que no se trataba de episodios aislados, sino de la acción de una red organizada que abastecía regularmente distintos puntos de venta.A partir de esa hipótesis, el Ministerio Público Fiscal ordenó vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial, seguimientos, intervenciones telefónicas y estudios patrimoniales para reconstruir la cadena completa de abastecimiento e identificar a todos los integrantes de la organización.La investigación permitió establecer que el grupo controlaba prácticamente toda la operatoria ilegal.

Según la hipótesis fiscal, fabricaban cigarrillos, falsificaban estampillas fiscales, organizaban el transporte, administraban depósitos y distribuían la mercadería a mayoristas y comercios minoristas en Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, San Juan y Mendoza.Las tareas de inteligencia también revelaron reiteradas maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, movimientos logísticos coordinados y entregas periódicas en comercios. En procedimientos encubiertos se comprobó que los productos no permanecían exhibidos al público y que las ventas se realizaban únicamente en efectivo, una modalidad que, según los investigadores, buscaba dificultar la trazabilidad de las operaciones.Asimismo de las maniobras vinculadas con la falsificación de marcas y estampillas fiscales, la fiscalía procura determinar el alcance de una presunta evasión tributaria millonaria por el incumplimiento de las obligaciones impositivas que gravan la actividad tabacalera.

En paralelo, también se investigan posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con las ganancias obtenidas mediante el circuito clandestino.Uno de los principales avances de la causa fue la localización de una planta tabacalera en la ciudad de San Luis. Los investigadores llegaron hasta el establecimiento luego de meses de seguimientos, análisis de remitos y tareas de inteligencia desarrolladas en distintas provincias.

Para la fiscalía, la fábrica operaba detrás de una estructura societaria aparentemente legítima. Las vigilancias permitieron detectar ingresos y egresos constantes de camiones, movimientos de mercadería y ruidos compatibles con el funcionamiento permanente de maquinaria industrial.Con esos elementos, los investigadores concluyeron que la planta tenía capacidad para fabricar aproximadamente 700 millones de cigarrillos por año y habría generado ganancias ilícitas estimadas en unos 32 millones de dólares.Con la evidencia reunida, el Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de allanamientos simultáneos para desarticular la organización.

Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Gualeguaychú y ejecutadas por personal de la Prefectura Naval Argentina en seis jurisdicciones, en el marco del operativo denominado “MK8”.Para la fiscalía, las pruebas reunidas permiten describir una organización criminal con capacidad industrial, logística consolidada y alcance interprovincial, dedicada a introducir en el mercado cigarrillos falsificados al margen de los controles fiscales y regulatorios.