RÍO GALLEGOS.— La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una de las mayores amenazas actuales para la conservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad de la actividad pesquera a nivel global. Según estimaciones internacionales, una de cada cinco capturas pesqueras proviene de actividades ilegales o irregulares.

La FAO advierte que más de un tercio de las poblaciones de peces del planeta se encuentran sometidas a niveles de explotación biológicamente insostenibles. Al operar fuera de los marcos normativos, estas prácticas depredatorias destruyen la biodiversidad, alteran la competencia comercial y afectan directamente el sustento de los pescadores legítimos.

La Cámara de Diputados de la Nación. El acuerdo internacional Frente a este escenario, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), promovido por la FAO, se consolidó como una herramienta jurídica internacional de carácter vinculante diseñada específicamente para combatir este flagelo desde las terminales marítimas.

Su estrategia no se centra en la persecución en alta mar. El objetivo principal es cortar la cadena comercial en la costa, impidiendo que el pescado capturado de manera ilícita ingrese a los mercados internacionales.

En un paso histórico para la región, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y convirtió en ley la adhesión de la República Argentina a este instrumento internacional. El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobado por unanimidad con 228 votos afirmativos.

De esta manera, el país se incorpora formalmente a un sistema internacional que ya integran más de 85 Estados. El impacto en el Atlántico Sudoccidental Para la Argentina, el desafío adquiere una relevancia particular por la importancia estratégica del Atlántico Sudoccidental.

La región cuenta con recursos clave como el calamar argentino, cuya pesquería figura entre las más relevantes del mundo fuera de la competencia de una organización regional de ordenación pesquera. Con la sanción de esta ley, el país incorpora una herramienta fundamental utilizada a nivel mundial para reforzar los controles portuarios y la cooperación entre Estados.

La lucha contra la pesca INDNR se consolida como uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de los recursos marinos y la competitividad de las pesquerías que operan dentro de la legalidad. Nuevas exigencias y filtros de ingreso A partir de esta adhesión, el funcionamiento operativo en las terminales locales se alineará con los estándares globales.

El mecanismo actuará como un control fronterizo migratorio y aduanero estricto para todo buque pesquero extranjero o de apoyo que solicite ingresar. Para que se les otorgue el permiso de amarre, las embarcaciones deberán enviar una solicitud formal con suficiente antelación.

Los operadores tendrán que adjuntar una declaración jurada detallada según los requisitos del tratado. En el documento debe constar la identidad de la nave, sus licencias de pesca, el historial de transbordos y el volumen exacto de las especies que transportan en sus bodegas.

Si las autoridades argentinas detectan inconsistencias, antecedentes delictivos o sospechas fundadas de que el navío participó en actividades prohibidas, tendrán la potestad y la obligación legal de denegarle el acceso de forma inmediata. El barco quedará sin opciones operativas en tierra.

Puerto Deseado, una de las principales terminales marítimas de Argentina. Bloqueo logístico ante infracciones En los casos donde el barco ya se encuentre dentro del puerto y se constaten infracciones durante las fiscalizaciones, el protocolo del AMERP activará un bloqueo logístico absoluto sobre la nave.

Se prohibirá de manera inmediata realizar el desembarque de la mercadería, el transbordo de las capturas a otros buques portacontenedores y el reabastecimiento de combustible. La restricción alcanzará también al aprovisionamiento de víveres o al acceso a servicios técnicos esenciales como el mantenimiento en dique seco.

Con esta asfixia operativa, el tratado busca neutralizar el incentivo económico de la pesca INDNR. La meta es transformar la actividad ilegal en un negocio inviable debido a la imposibilidad de descargar y comercializar los recursos obtenidos de forma irregular.

Inspecciones cruzadas y tecnología global La efectividad del sistema descansa sobre un riguroso esquema de inspecciones presenciales a bordo. Los fiscalizadores oficiales examinarán minuciosamente las bodegas, medirán el tamaño de las mallas de las redes para verificar que cumplan con los estándares permitidos y auditarán las bitácoras de navegación.

Asimismo, se realizará un cruce de datos informáticos con los sistemas de localización satelital (VMS) para constatar las zonas reales donde operó el barco. Una vez concluida la inspección, toda la información recolectada se vuelca en un informe estandarizado internacionalmente.

Gracias a la nueva ley, el país podrá incorporarse al Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES). Esta plataforma desarrollada por la FAO facilita la transmisión de datos de forma electrónica y en tiempo real al Estado de pabellón del buque y a las naciones afectadas, garantizando una red de alerta temprana global.

Respaldo institucional y sustentabilidad Luego de la sanción de la normativa, la representación de la FAO en Argentina destacó la trascendencia de la incorporación. Maya Takagi, representante interina del organismo, remarcó que la adhesión fortalece los esfuerzos internacionales para combatir una actividad que afecta especialmente a las comunidades costeras y compromete el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

La funcionaria aseveró que la sanción de esta ley es muy importante para el país, ya que se suma a los esfuerzos globales para combatir la pesca ilegal. Se trata de una actividad que golpea con fuerza a las poblaciones rurales costeras en zonas vulnerables.

En ese sentido, agregó que la implementación del acuerdo permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos marinos vivos del país. También ampliará las capacidades de fiscalización sobre los buques pesqueros, incluyendo aspectos vinculados al cumplimiento de normas internacionales de seguridad, condiciones laborales y protección ambiental.

La pesca no declarada en adayacencias a aguas nacionales es un conflicto de larga data. Responsabilidad internacional y el debate penal El engranaje final del tratado involucra la responsabilidad directa de los Estados de pabellón, que son aquellas naciones encargadas de otorgar la matrícula y la bandera a los barcos.

Cuando un puerto detecta y notifica una infracción, el país de origen de la embarcación está obligado a iniciar una investigación penal o administrativa de inmediato bajo sus propias leyes nacionales. Las autoridades correspondientes deberán aplicar las sanciones coercitivas pertinentes y rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre los resultados de las acciones legales adoptadas.

Aunque la iniciativa recibió un respaldo unánime en el Congreso, el debate parlamentario también dejó espacio para plantear desafíos pendientes en el ámbito local. El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque (Unión por la Patria), expresó el acompañamiento de su bloque al proyecto, aunque advirtió sobre la necesidad de fortalecer la respuesta penal frente a la depredación de los recursos pesqueros.

El legislador cuestionó que la normativa vigente contemple únicamente sanciones económicas que resultan insuficientes como herramienta disuasoria. En ese marco, propuso avanzar en el tratamiento de un proyecto presentado por integrantes de su bancada para incorporar la pesca ilegal al Código Penal.

La iniciativa busca establecer penas privativas de la libertad para quienes incurran en este tipo de delitos, intentando blindar de manera definitiva los recursos del mar argentino.