El escenario que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) se pone cada vez más complejo. No sólo pesa en su contra una acusación por fraude al Fisco reiterado a raíz de una causa que data de 2022, y donde la Fiscalía Regional de Aysén pidió 12 años de cárcel en su contra, sino que también deberá responder a una segunda investigación penal que abrió el mismo fiscal regional Hernán Libedinsky.

La nueva arista que complica el panorama para el congresista surgió a raíz de antecedentes que aportaron los coimputados Roland Cárcamo y Carla Graf, en la causa referente al fraude. A través de declaraciones que prestaron el 29 de abril y que ratificaron posteriormente el 23 de junio, dieron luces de supuestos mecanismos que utilizó Calisto para intentar que la indagación en su contra no prosperara.

A la luz de la información que entregaron ambos imputados -quienes por años se desempeñaron como cercanos colaboradores del senador en la región-, el pasado 8 de mayo el fiscal Libedinsky determinó separar aguas, abrir una nueva arista y dirigir él mismo cada una de las diligencias. Entre los hechos que ahí se investigan, de acuerdo con antecedentes que pudo recabar este medio, están los antecedentes que relató Cárcamo sobre supuestos pagos que Calisto habría realizado al exfiscal regional Carlos Palma, quien justamente lideraba la Fiscalía en Aysén cuando inició la primera investigación contra el exmilitante DC en 2022.

Será en el marco de esta nueva hebra investigativa que el Ministerio Público volverá a poner la lupa sobre las cuentas bancarias del senador y de su entorno, para así ratificar o desvirtuar las aseveraciones de quien fue parte del círculo estrecho del exdiputado. Asimismo, vuelven a estar sobre la mesa situaciones que instalan dudas sobre el proceder del exfiscal Palma, que salió del cargo y fue formalizado en octubre de 2025 por entregar antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla.

Desde la defensa de Calisto han descartado tener mayores antecedentes sobre este nuevo proceso, ya que han recalcado que primero se enfrentaron a la reserva de las referidas declaraciones, y segundo que cuando intentaron presentar el patrocinio correspondiente en este nuevo caso se les indicó que el expediente no tenía mayores detalles. Consultado respecto de los antecedentes y sobre la apertura de la nueva indagación, el abogado de Calisto, César Ramos, indicó a La Tercera que “la Fiscalía, tal como se indicó en la audiencia, abrió una nueva investigación por supuestos hechos que provienen de los dichos del señor Cárcamo y de la señora Graf, ambos imputados, en una declaración prestada ante la Fiscalía.

Con esa declaración el señor Cárcamo llegó a un acuerdo con la Fiscalía para salir de prisión. Ese fue su objetivo".“Por supuesto, esos hechos son absolutamente falsos.

Precisamente, nuestras alegaciones de ayer tienen que ver con que el cierre de la investigación impide a esta defensa solicitar diligencias para refutar esas falsas aseveraciones, desarrolladas en sus declaraciones más recientes, pues tomamos conocimiento de ellas después del cierre de la investigación, después de presentada la acusación y después de solicitado el desafuero. Es decir, haciendo imposible ejercer la defensa mediante diligencias investigativas dirigidas a refutar a estos imputados.

No tengo más detalles de esa investigación pues tampoco hemos podido incorporarnos debido a que la Fiscalía no ha habilitado aún esa opción para esta defensa“, agregó el penalista. Las revelaciones de CárcamoA través de sus declaraciones, Cárcamo y Graf permitieron al Ministerio Público afianzar su teoría del caso.

Como se expuso en distintas audiencias, Graf dio cuenta de que en realidad ella no realizaba labores vinculadas a asesorías parlamentarias o trabajos ligados al despliegue del senador Calisto en la región de Aysén, sino que eso era una pantalla. Como expresó el fiscal Luis Contreras en la audiencia de este martes, en que se debatió la cautela de garantías que presentó la defensa del senador -liderada por el abogado César Ramos-, el pago que Graf recibía iba a parar a cuestiones netamente políticas.

Si bien aquello permitió a los investigadores afianzar la acusación contra el parlamentario, la revelación que hizo Cárcamo se estimó como un segundo hecho de la máxima gravedad. De acuerdo con antecedentes publicados por el medio Fast Check, el imputado dio cuenta de que, en 2024, tres asesores del entonces diputado habrían pagado $14 millones en efectivo al entonces fiscal Palma.

Según el citado medio, Cárcamo advirtió que los presuntos pagos se habrían efectuado con el objetivo de que Palma cerrara dos causas judiciales, una de ellas la que tiene a Calisto arriesgando 12 años de cárcel. Para no levantar sospechas sobre el origen de esos dineros, de acuerdo con lo indicado por el imputado, Palma habría realizado asesorías a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud a través de un abogado que ha trabajado con él.