La asociación también expresó su inconformidad con los tiempos que ha dictaminado el Gobierno para la implementación del nuevo marco. Señalan que se podrían presentar errores en el cálculo de las tarifas y afectaciones a la continuidad y calidad del servicio.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco.Andesco¿Sabe qué es el marco tarifario de acueducto y alcantarillado? Se trata del conjunto de reglas, metodologías y fórmulas definidas por el Gobierno, a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que les indica a las empresas de servicios públicos cómo calcular los costos de prestar el servicio y, con base en ellos, establecer las tarifas que pagan los usuarios.En palabras simples, se trata de las reglas de juego que deben seguir las empresas de acueducto y alcantarillado para determinar el valor que finalmente aparece en la factura de los hogares y demás usuarios.Es importante que exista un marco tarifario, pues gracias a este se busca asegurar la sostenibilidad financiera de las empresas, al tiempo en que se garantiza la asequibilidad para los usuarios, protegiendo sus bolsillos al establecer que los costos deben responder a ciertos criterios y no a la voluntad del prestador.

Recientemente, el Gobierno estableció un nuevo marco tarifario (mediante la Resolución CRA 1032 de 2026), el cual entra a regir desde este primero de julio. Al respecto, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones en Colombia (ANDESCO) expresó una serie de desacuerdos y advertencias.Para el presidente de la asociación, Camilo Sánchez Ortega, mediante el mencionado decreto el Gobierno implementó el nuevo marco a las carreras pues, por los cambios que implica, lo razonable es que se dé un tiempo de entre nueve y 12 meses.

Para este el plazo fue de tan solo tres meses. Según Andesco, lo que califica como una implementación apresurada del nuevo marco tarifario podría generar diversos riesgos para las empresas prestadoras, los usuarios y la sostenibilidad del servicio.

Entre ellos menciona posibles errores en el cálculo de las tarifas, investigaciones y sanciones para las empresas, afectaciones en la continuidad y calidad del servicio, riesgos para la suficiencia financiera de los prestadores e inseguridad jurídica para todo el sector.Con la intención de mitigar estos eventuales malestares, la asociación le ha solicitado al Consejo de Estado aplicar una medida cautelar, argumentando que, asimismo de lo ya mencionado, se incorporaron ajustes estructurales que no fueron dados a conocer previamente para análisis de prestadores, usuarios, municipios y demás violentando así el derecho a la participación ciudadana. “Los soportes no contienen un análisis suficiente de los impactos sobre los cambios propuestos ni de lo que implica implementar la metodología en tres meses”, añade Andesco. 💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.