Elisa Cabezón lleva poco más de 100 días como subsecretaria de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, y en este tiempo ha estado abocada a un amplio abanico de temas, que van desde mecanismos para evitar el mal uso de licencias médicas, hasta el seguimiento de la implementación de la reforma previsional. Acá cuenta en detalle los asuntos en que han estado avanzando, los temas legislativos que piensan empujar y los que están en evaluación.¿Cuál es la agenda que quiere impulsar? -Son varios temas.

El primero, es la implementación correcta de la reforma de pensiones. Hemos realizado un trabajo de seguimiento y de coordinación de la implementación con diferentes actores que participan: el Instituto de Previsión Social (IPS), la Superintendencia de Pensiones, la Tesorería, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y el Ministerio de Hacienda.

Lo segundo, hemos estado muy atentos con el tema de licencias médicas. Me he juntado mucho con la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

La Suseso ha hecho un gran trabajo para prevenir el mal otorgamiento de licencias por parte de los médicos, para hacer un control y fiscalización para frenar esa mala asignación.Pero también ha hecho un trabajo de cruce de datos. Y cuando hay un hallazgo, le entrega esa información a la Compin, para que haga las gestiones.

Pero nos hemos encontrado que esa información que la Suseso entrega a la Compin muchas veces llega tarde, cuando la licencia médica ya se pagó. ¿Van a hacer cambios en este tema?-Lo que estamos realizando es que juntamos a la Compin y a la Suseso, y están trabajando en la actualidad en una fase de interoperabilidad, para hacer cruce de datos y entregar a tiempo la información.

Van a hacer convenios con ese fin, tanto con la PDI, para ver gente con licencia que viaja al extranjero; y con la Superintendencia de Pensiones, para ver si hay gente con licencia médica que está trabajando, haciendo un mal uso de ella; en los casinos, en los estadios. El objetivo es que esa información llegue a tiempo a las contralorías médicas, tanto de la Compin como de las isapres, para cortar el mal uso de licencias médicas a tiempo.Otro tema en que estamos trabajando, es cuando se verifica el mal uso de la licencia médica, pero el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) ya se entregó.

La Compin tiene muy pocos recursos para recuperar esos fondos mal otorgados. Estamos participando en una mesa técnica en que están la Suseso, la Compin y Fonasa, para hacer indicaciones al proyecto de ley que homologa (el pago de) licencia médica entre el sector público y privado, para facilitar la recuperación de estos fondos.

¿Mediante qué mecanismos?-Por ejemplo, imitar lo que se hace con las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener los sueldos de las personas, (en este caso para quienes) hacen mal uso de licencias médicas, o retener el pago de indemnizaciones. Estamos evaluando esa opción, ver si eso se puede aplicar también para licencias.

O recuperarlo en la devolución de impuestos.Hay otro proyecto de ley que tenemos intención de impulsar como gobierno. Nos juntamos con Oncomamás, liderada por Beatriz Troncoso.

Ella nos contó más sobre la Ley Sanna, que es un seguro social que se financia con 0,03 puntos de cotización de cargo del empleador, que permite que un padre, cuando tiene un hijo muy enfermo por cáncer, por trasplante de órgano, que está en riesgo vital, pueda ausentarse de su trabajo para cuidar a su hijo. Y lo que encontramos es que esa cotización, que se deposita en un fondo administrado por las mutualidades, tiene reservas equivalentes a US$188 millones que no se están usando.

Entonces, acá estamos viendo una opción de sacarle más provecho a ese fondo, para ampliar los beneficios.Por ejemplo, algo que estamos evaluando es ampliar el cuidado para niños que tienen cáncer desde (el límite de) los 18 años en la actualidad, a los 19 años. O también, como una causal para la licencia de la Ley Sanna, se podría incluir la aplasia medular.

Y otro tema que queremos impulsar es incluir a los Carabineros y Fuerzas Armadas, que no están incluidos en este beneficio de la Ley Sanna.Reforma previsional¿Qué cambios piensan ingresar en el proyecto de ley que traspasa el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al FAPP?-Nos juntamos con diferentes actores. Estudiamos muy bien el tema.

Conversamos con el FAPP, el IPS, las AFP, y llegamos a la conclusión de que vamos a hacer cambios menores al proyecto de ley. Muy menores.

Eso es parte del trabajo. Uno hace muchas reuniones y a veces el trabajo es asegurarse de que el proyecto de ley que se ingresó es lo que corresponde.

¿Qué observaciones hizo Contraloría al decreto tarifario del IPS por los servicios que prestará en administración de cuentas y soporte, y qué encontraron ustedes que los llevó a retirarlo?-No puedo hablar de las observaciones de Contraloría, no me corresponde. Primero, quiero explicar por qué retiramos este decreto.

Este decreto es muy sensible, porque si está mal definida la tarifa que el IPS le cobra a las nuevas AFP para administrar las cuentas, si por ejemplo es un monto inferior a los costos, eso pone en riesgo los recursos públicos, porque el margen de diferencia lo tiene que poner el Estado, en un escenario en que hay estrechez fiscal.Asimismo, si están mal puestas las tarifas, también puede atentar contra la competencia en el servicio de administración de cuentas. Y eso puede afectar la neutralidad competitiva, y al hacerlo, eso puede dañar el servicio de administración de cuentas que se le entrega a los afiliados.Entonces, era un tema muy sensible.

Cuando llegué como subsecretaria, vimos el decreto, sabiendo la sensibilidad que implica, y vimos que tenía observaciones de Contraloría. Eso fue lo primero.

Después, cuando nosotros analizamos el decreto, también tuvimos observaciones. Y después Hacienda también encontró observaciones.

Lo que hicimos fue juntarnos con las empresas consultoras que hicieron el decreto tarifario, y ahí nos expusieron, nos dieron los supuestos que miraron para realizar el decreto. Ahí también nos entraron más dudas sobre los supuestos realizados.

Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que tenemos casi listo un informe, que le queremos presentar a estas empresas consultoras, para que puedan realizar un estudio complementario, incluir estas observaciones y corregir las tarifas. La idea es ver si se pueden corregir las dudas o riesgos que vemos en las tarifas.¿Qué tipo de riesgos ven y qué dudas tienen en particular? -Por ejemplo, este servicio tiene una inversión inicial muy alta, y los recursos públicos de ella, se recuperan luego de cinco años desde que se presta el servicio.

Pero si es que la AFP que solicita este servicio se retira antes, no estaba explicitada una garantía, que tenía que devolver el dinero invertido por el IPS. Ese es un ejemplo.Entre los supuestos utilizados para establecer el monto de la tarifa, por ejemplo, se consideraban empresas eficientes, y no había espacio de que hubiera un periodo de aprendizaje, de error.

Entonces, nos gustaría aplicar un factor de ineficiencia, para hacerse cargo de esta realidad, de que una empresa que comienza a prestar un servicio nuevo, tiene un periodo de aprendizaje que incluye costos iniciales. Hay muchas más observaciones que estamos haciendo.Pero entonces, ¿cuánto va a demorar el reingreso del decreto tarifario?-Lo queremos ingresar lo antes posible.

De hecho, es una de las urgencias que el ministro del Trabajo me mandató. ¿Qué concluyó el proceso de cruce datos que hicieron sobre la PGU para ver si está siendo mal otorgada? -Esto es muy preliminar.

La PGU tiene un instrumento de focalización, que calcula un puntaje a los pensionados para ver si pertenecen al 90% más vulnerable, a quienes corresponde entregar la PGU. Para ese puntaje, importa mucho la composición familiar a la que pertenece.Lo que hemos encontrado hasta el momento, es que hay mucha discrepancia entre la composición reportada por los beneficiarios de la PGU, con los datos administrativos.

Un ejemplo: en el Censo hay 6,6 millones de hogares, y en el Registro Social de Hogares hay 9,2 millones de hogares. ¿Qué dice eso?

Que al parecer se está sobreestimando la cantidad de personas que viven en hogares unipersonales, para poder tener un mayor puntaje de vulnerabilidad, y poder acceder a beneficios, entre ellos, la PGU. ¿Piensan impulsar cambios en la licitación del stock de afiliados de las AFP? -En la licitación de stock, varios actores nos han dicho lo mismo, y distintos a las AFP.

De hecho, el mismo superintendente de Pensiones lo expresó en un seminario. También una entidad que estaba interesada en ingresar como nueva AFP nos planteó el tema, y hemos hablado con cinco expertos del mercado de capitales.Nos han dicho lo mismo: hay un riesgo, en que la implementación de los fondos generacionales, junto con la licitación de stock, que son dos hechos que ocurren de manera muy cercana, van a generar impactos en el mercado de capitales, en el precio de los activos, y con ello, puede impactar la rentabilidad de los fondos de pensiones de los chilenos.

Entonces, estamos evaluando y escuchando a más actores, para ver si efectivamente la implementación de la licitación de stock está muy cercana a la implementación de los fondos generacionales, y si eso efectivamente va a generar un daño a la rentabilidad de los fondos de pensiones. Si encontramos fundamentos fuertes y objetivos de que eso es así, mi responsabilidad como subsecretaria de Previsión Social es levantar el tema y ver la opción de (presentar) una ley corta que amplíe los plazos, para disminuir ese riesgo.¿Y están evaluando otras modificaciones más de fondo en el diseño de la licitación de stock? -También estamos viendo el tema del diseño de la licitación de stock, sobre todo ver el impacto que puede generar en la inversión de los activos alternativos.

Son activos muy poco líquidos, y traspasarlos de una AFP a otra genera muchos costos.Entonces, estamos evaluando si una licitación del 10% del stock de afiliados cada dos años, ver si eso puede desincentivar la inversión en esos instrumentos de activos alternativos, que son instrumentos que generan más rentabilidad en los fondos de pensiones. Lo estamos evaluando, lo estamos analizando, pero hasta ahora no tenemos la intención de realizar ningún cambio.