El acceso a La Guaira, la ciudad pegada a la costa a 30 minutos de Caracas, permanece bajo vigilancia de policías y militares después de que el viernes un enjambre de motos y vehículos colapsara la autopista en un intento por llevar ayuda a quienes, con manos, cuerdas y palas, removían escombros en busca de sobrevivientes del terremoto del 24 de junio en Venezuela. La escena retrató a una sociedad civil que intentó suplir la precariedad del Estado en las primeras horas del desastre.

Equipos enviados por unos 20 países, con maquinaria pesada, perros y rescatistas, aún logran extraer sobrevivientes. No obstante, en La Guaira, los vecinos denuncian que durante las primeras 48 horas no recibieron mayor apoyo oficial.

Las críticas contra el gobierno de Delcy Rodríguez se intensifican y evidencian que la presidenta interina enfrenta una prueba de legitimidad y gestión. Sin el respaldo del voto, Rodríguez gobierna bajo la sombra del tutelaje de Washington.

Su ascenso tuvo lugar luego de la captura de Nicolás Maduro por comandos estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Maduro, que la había tenido como vicepresidenta, se proclamó reelecto en 2024 en unas elecciones empañadas por contundentes denuncias de fraude.

El efecto político de la emergencia dependerá de cómo Delcy Rodríguez logre administrar la crisis. Una gestión eficaz podría fortalecer el apoyo a su gobierno ganando legitimidad por desempeño, mientras que una respuesta deficiente corre el riesgo de profundizar el descontento ciudadano y abrir espacio para que la oposición capitalice la indignación.

El politólogo Benigno Alarcón advierte en un informe que “la emergencia es simultáneamente riesgo y oportunidad. Si la respuesta es rápida, transparente y eficaz, el gobierno interino puede recuperar legitimidad de desempeño”, mientras que “el riesgo es que una respuesta insuficiente conecte duelo, salarios, servicios, presos, corrupción y demanda electoral en una sola narrativa de ilegitimidad”.

La capacidad del Estado es endeble luego de años de corrupción rampante y el colapso de la economía. De acuerdo al último sondeo de AtlasIntel, la aprobación a la gestión de Rodríguez cayó desde 37% hasta 25% entre febrero y mayo.

Antes del terremoto, 79% de la población catalogaba como mala la situación del país: la inflación acumula un salto de 102% en lo que va de año y los salarios de la mayoría son precarios. La presión se siente.

En las primeras horas luego de el sismo, Rodríguez declaró el estado de emergencia y buscó proyectar control. Pero pronto se impuso lo que muchos califican como una respuesta lenta y deficiente.

La periodista Maryorin Méndez grabó en Tanaguarenas, una localidad de La Guaira, el momento en que el pasado domingo un hombre increpó a militares por no ayudar a remover escombros y les gritó con indignación: “Para echarnos plomo y coñazo sí”. Phil Gunson, analista senior de Crisis Group en Venezuela, explica que “el desafío es enorme, no solo en lo inmediato, sino en lo que se va a requerir de recursos y planes para la reconstrucción\". \"El terremoto nos encuentra con un Estado que pretendía ser todopoderoso y hegemónico, desmantelado, con su capacidad de respuesta degradada a niveles mínimos de presupuesto, personal, equipos y liderazgo.

Para lo único que parece servir el Estado es para reprimir y restringir”, apunta. Tres ejes fracturados El plan de la Casa Blanca para Venezuela involucra tres etapas: estabilización, recuperación y transición.

Las dos primeras han retrocedido luego de el terremoto que, según un análisis satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, generó daños materiales por 6.700 millones de dólares. La transición a la democracia, sobre la que no ha habido ningún tipo de cronograma, no solo se aleja en el tiempo, también puede haber una vuelta a mayor autoritarismo. “Mi primera impresión es que el desastre exacerba el instinto defensivo del gobierno, y es posible que traten de poner fin a la apertura muy tímida que hemos visto desde el 3 de enero, cuando fue capturado Maduro, o al menos que cualquier movimiento hacia una transición política se detenga, o al menos se ralentice”, indica Gunson. “Pero también es posible que la indignación de la gente y la evidente incapacidad del Estado produzca un movimiento ciudadano que impida eso.

Creo que aún es temprano para saberlo”, añade. Tiziano Breda, analista senior de ACLED, advierte que la tragedia representa un desafío descomunal para la administración de Rodríguez.

Reconoce que la reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Europa y países latinoamericanos facilita la llegada de ayuda y podría darle margen para consolidar su gestión y postergar discusiones sobre elecciones. “Pero al mismo tiempo la expone a una ola de descontento si el Estado no logra responder eficazmente, proveer servicios y albergues, o si la población percibe politización y corrupción en el manejo de la ayuda. Eso podría convertirse en un boomerang para Rodríguez y alimentar un descontento que ya se estaba expresando en un aumento de las protestas”, señala Breda.

El tutor en escena En su rol de tutor y bajo la estrategia de ejercer supremacía en América Latina, Washington ha afirmado que desplegó “una respuesta rápida e integral”. Hasta ahora se trata de 300 millones de dólares en asistencia humanitaria, junto con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones para apoyar las labores de rescate.

El Comando Sur anunció que marines repararán el puerto de La Guaira para facilitar la llegada por mar de ayuda humanitaria y equipos a las zonas más afectadas. En paralelo, la Fuerza Espacial de Estados Unidos está proporcionando imágenes satelitales de las comunidades y de la infraestructura dañada para apoyar a los equipos de rescate.

Si bien el protagonismo de Estados Unidos resulta clave para ayudar a Rodríguez a superar la emergencia, el apoyo no está libre de costos. En las actuales circunstancias, que la asistencia provenga de Washington refuerza la imagen de un gobierno sin autonomía y sin capacidad propia de respuesta.

La presidenta interina se ha esmerado en resaltar que la ayuda no depende exclusivamente de Estados Unidos. Desde su cuenta en X agradeció el respaldo de países como El Salvador, Cuba y España, en un intento de proyectar relaciones más amplias y reducir el costo político interno que implica la presencia de marines estadounidenses coordinando la respuesta al desastre.

Más allá del dinero Para emprender la reconstrucción y superar el impacto del terremoto en su economía Venezuela, aparte de financiamiento en grandes proporciones necesitará una capacidad institucional que hoy luce remota. El economista Asdrúbal Oliveros explica en un análisis que “la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas se redujo significativamente\". \"La prologada crisis económica y la hiperinflación nos llevaron a un estadio de sálvese quien pueda.

Las dificultades para mantener la infraestructura básica, los servicios públicos o la red hospitalaria ya eran evidentes antes del terremoto”, señala. Añade que “reconstruir ciudades exige mucho más que recursos financieros: requiere planificación, ingeniería, capacidad de contratación, supervisión técnica y una administración pública capaz de coordinar miles de proyectos de manera simultánea.

Hoy el Estado venezolano carece de buena parte de esas capacidades”. Cuatro horas después del terremoto, Delcy Rodríguez apareció en televisión para decretar un estado de emergencia que no logró dar respuesta inmediata. “Les pido que actuemos en unión nacional, con calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia”, expresó la presidenta interina.

Pero en La Guaira, lo que afloró fue el descontento y la desesperación.