Bolivia reconfigura su política soberana de lucha contra el narcotráfico mediante un modelo que reabre los canales de financiamiento y datos tácticos proporcionados por Washington, 18 años después del quiebre de relaciones operativas. La DEA vuelve al país bajo la figura de apoyo logístico.

El nuevo convenio sustituye los antiguos patrullajes armados en el trópico de Cochabamba por un soporte enfocado en la tecnología y la fiscalización del lavado de dinero, entre otros.