El periodo de mayor expansión se concentró entre 2019 y 2021. En 2019, la previsional contaba con 18.573 funcionarios; para 2021, la dotación había subido a 24.996 personas.

Es decir, en apenas dos años se incorporaron 6.423 funcionarios, un aumento de 34,6%. Este salto explica buena parte del cambio estructural observado en la serie.

En 2020, el crecimiento del personal fue de 16,1%, mientras que en 2021 volvió a registrar una variación elevada, de 15,9%. Estos dos años marcaron un antes y un después en la dimensión operativa del instituto en un escenario de crisis sanitaria producto de la pandemia.

En términos presupuestarios, la misma etapa también mostró incrementos importantes. El monto presupuestado pasó de G. 1,76 billones en 2019 a G. 1,99 billones en 2020 y luego a G. 2,14 billones en 2021.

Las variaciones fueron de 12,6% y 7,9%, respectivamente. Esto revela que la ampliación del personal tuvo un impacto directo sobre el gasto, aunque el presupuesto no creció al mismo ritmo que la cantidad de funcionarios en esos años.

Esa diferencia puede reflejar cambios en la composición contractual, escalas salariales, antigüedad o distribución interna de cargos. A partir de 2022, la dinámica cambió.

El total de funcionarios alcanzó 26.173 en ese año, pero luego bajó a 25.575 en 2023, con una reducción de 2,3%. En 2024, 2025 y 2026, la dotación prácticamente se mantuvo estable, con variaciones de 0,2%, 0,0% y 0,6%, respectivamente.

No obstante, el presupuesto siguió aumentando: pasó de G. 2,20 billones en 2022 a G. 2,45 billones en 2026. El punto es central desde una mirada económica.

El gasto en personal es uno de los componentes más rígidos dentro de cualquier institución pública o previsional. Una vez que se incorpora personal, el margen para ajustar el presupuesto se reduce, porque las remuneraciones, beneficios, cargas sociales y compromisos laborales pasan a formar parte del gasto permanente.

Por eso, el problema no se limita al número de funcionarios, sino a la capacidad de financiar esa estructura sin comprometer otras áreas sensibles del IPS. La composición del personal también permite matizar el análisis.

Alrededor del 80% corresponde a personal de blanco, directamente vinculado con la prestación de servicios de salud, mientras que el 20% restante pertenece al área administrativa. La distribución muestra que la mayor parte de la estructura está asociada a la atención sanitaria, lo que resulta consistente con la naturaleza del Instituto de Previsión Social.

No obstante, el peso administrativo no deja de ser relevante y obliga a evaluar si la organización interna acompaña de manera eficiente las necesidades asistenciales. La lectura crítica debe centrarse en la relación entre gasto, personal y calidad del servicio.

Un aumento de funcionarios podría justificarse si se traduce en menor tiempo de espera, mayor cobertura médica, más turnos disponibles, mejor provisión de medicamentos y atención más oportuna para los asegurados, expansión de la estructura que evidentemente no genera mejoras visibles. Por tanto y a modo de remarcar, el desafío del IPS ya no parece estar solamente en cuántos funcionarios tiene, sino en cómo administra esa estructura, cómo mide su productividad y cómo asegura que el mayor gasto se traduzca en mejores servicios para los asegurados. *Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.