SEÑOR DIRECTOR:El reciente fallo del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a los 17 integrantes de una red dedicada a la emisión de licencias médicas falsas, constituye un precedente histórico en la lucha contra el mayor fraude al sistema de salud en Chile.La organización, compuesta por nueve médicos extranjeros y ocho captadores chilenos, operó protegida por más de 50 sociedades ficticias, reclutando “clientes” en redes sociales y emitiendo licencias de forma industrial. El resultado: 71.653 documentos falsos y un desfalco superior a los $50.000 millones de pesos.

Un solo médico, que permaneció en Chile apenas cinco días, firmó 7.287 licencias desde el extranjero, generando un perjuicio de más de $2.557 millones. Son recursos que hubieran servido para financiar hospitales de Alta Complejidad y reducir las listas de espera.ALTO Inmune participó como parte querellante en representación de instituciones de salud privada durante más de tres años, aportando a la Fiscalía de Alta Complejidad la información técnica necesaria para desarticular esta red.

Ello confirma que la coordinación público-privada basada en datos es clave para combatir la impunidad.No obstante, el problema persiste: el gasto anual en licencias médicas supera los US$800 millones, y se estima que un 30% corresponde a licencias irregulares. Para que la justicia sea disuasiva, la sanción debe alcanzar también a quienes compran estos documentos, tan responsables del fraude como quienes los emiten.Este veredicto no marca el fin de un problema, sino el inicio de un estándar que Chile no puede dejar de exigir.Rodrigo VarelaGerente Legal, ALTO Inmune