El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, en su sesión ordinaria del jueves último, iniciar el enjuiciamiento de oficio del fiscal de Caazapá, Carlos Ramírez, quien está asignado a la causa que investiga el crimen de la niña de 11 años, Melania Monserrat Riveros Dávalos, ocurrido en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá en el 2025. Durante ese punto del orden del día, la presidenta del Jurado Dra.

Alicia Pucheta mocionó por el enjuiciamiento de oficio al fiscal Ramírez y pedir la suspensión del mismo a la máxima autoridad del Poder Judicial, y tuvo el acompañamiento del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y vicepresidente 2° César Antonio Garay Zuccolillo, asimismo del senador Derlis Maidana (ANR-HC). Por su parte, el senador Mario Varela (ANR-Abdista), si bien acompañó el inicio del enjuiciamiento del agente fiscal, no acompañó el voto para pedir la suspensión del fiscal Ramírez pues consideró que sería como una sanción anticipada.

Es así que, los diputados Alejandro Aguilera (ANR-HC) y Diego Candia (ANR-HC) acompañaron el voto de Varela. De esa forma, se resolvió en forma unánime el inicio del enjuiciamiento del fiscal de Caazapá Carlos Ramírez, pero para el pedido de suspensión a la Corte no se lograron los votos requeridos por la Ley N° 6814/2021, que en su artículo 7 exige la mayoría simple, es decir, 5 votos coincidente.

En este caso, se tuvieron 3 votos por la suspensión y 3 votos por no hacer el pedido y, al haber empate, no se puede realizar una nueva votación. Ya en el último punto del orden del día del Jurado, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° del órgano, César Antonio Garay Zuccolillo, hizo de nuevo uso de la palabra.

En la ocasión, volvió a expedirse sobre la causa ligada al fiscal Carlos Ramírez, la cual ya se había resuelto varios puntos antes. Garay expresó en dicha oportunidad “sin ocultar en absoluto la preocupación institucional que me invade, es concerniente a la causa que hemos tratado el enjuiciamiento de determinado agente fiscal y en el momento de discernir la suspensión respetando las no coincidencias, o desentendimientos si se prefiere, es legítimo resaltar que el fiscal indiciado de irregularidades va a seguir actuando y llevando al proceso, y eso la doctrina denomina contaminación de la causa lo cual es preocupante”.

Lea más: Horror en Caazapá: juez explica por qué liberó a presunto abusador Posteriormente, se dirigió a los demás miembros del órgano constitucional a modo de sugerencia “que se haga la suspensión porque reitero, la gravedad que pueda concluir será el escándalo jurídico, en doctrina y en sede penal donde es más rigurosa y sensible”. Garay nuevamente intentó persuadir a los demás miembros indicando que “el fiscal indiciado de anomalías sigue en funciones en esa causa penal tan álgida, y entiendo que la dicotomía que se va a dar es peligrosa, si cabe la posibilidad de que se realice la suspensión para que se llame a la reflexión a los compañeros”.

Lea más: Horror en Caazapá: el desgarrador relato de la mamá de la nena asesinada La presidenta del órgano, Alicia Pucheta, refirió que acompañaba y compartía los fundamentos de Garay, en atención a la extrema gravedad y conmoción que representó el hecho para la familia y también para la sociedad. Si bien la gravedad del hecho ocurrido y del que fue víctima la niña Melania Monserrat conmocionó a todo el país, la postura asumida por el ministro de la Corte César Garay deja una mala imagen dentro del JEM, porque busca sobreponer su consideración sobre la independencia de cada miembro, en este caso, sobre los legisladores Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia.

Luego de la intervención de César Garay, el senador Mario Varela se expidió señalando que su postura no hacía referencia a la cuestión de fondo, “sino a una cuestión de principios, porque muy respetuosamente planteo que la suspensión ya es una sanción previa”. En otro momento remarcó Varela que “no sabemos si efectivamente en la responsabilidad funcional, ese juicio tendrá que demostrar su responsabilidad o no.

Mi convicción es del principio presunción de inocencia”. Lea más: Caso Melania: Juicio contra adolescente comenzará el 17 de junio y Fiscalía pidió sobreseimiento provisional para otro procesado Posteriormente amplió su argumento refiriendo que el agente fiscal “deberá demostrar si es inocente o no en juicio, es una convicción jurídica, es un hecho muy grave, condenamos hechos de esta naturaleza, pero no justifico la cuestión de fondo, simplemente porque se debe presumir la inocencia, si se demuestra la responsabilidad tendrá la sanción de apercibimiento o remoción”.

A su turno, el diputado Alejandro aguilera también agregó su postura respecto al caso y a la intervención del ministro Garay. “Yo creo que ya es una etapa que ya precluyó, nosotros llevamos de hemos emitido nuestros votos y pido y solicito también respeto a las posiciones jurídicas que nosotros tenemos. No podemos estar sometidos a este tipo de presión mediática para intentar cambiar el sentido de nuestro voto”.

Añadió, que si bien “el hecho es grave, por eso hemos acompañamos el enjuiciamiento de este agente fiscal y, en ese enjuiciamiento, nosotros podremos saber a ciencia ciertas si es culpable de algún hecho o no, pero eso lo sabremos una vez que este agente fiscal sea enjuiciado y tengamos todo el expediente en mano”. Desde la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresaron su preocupación, a través de un comunicado difundido, ante el debate acaecido en el marco de la sesión ordinaria del JEM.

Desde la organización refirieron que “toda decisión de naturaleza disciplinaria debe adoptarse con estricto respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de criterio de los integrantes de los órganos constitucionales”, en directa referencia a la intervención del ministro Garay sobre el voto de los demás miembros del órgano. Consideraron asimismo que “la suspensión preventiva constituye una medida excepcional, de alto impacto personal e institucional, que no debe convertirse en una sanción anticipada”.

A ello agregaron que “resulta preocupante que, en el marco de deliberaciones institucionales, puedan generarse presiones o cuestionamientos orientados a influir en el sentido del voto de los miembros de órganos constitucionales” y que sobre todo “la independencia de criterio y la libertad de decisión de quienes integran dichos cuerpos constituyen elementos esenciales para la legitimidad de sus resoluciones”. En otro orden, desde la ASO de Fiscales señalaron una posible doble vara al momento de analizar los casos respecto a jueces y fiscales, porque para agentes fiscales se aplica la suspensión y para magistrados, no siempre se recurre a la aplicación de esta medida.

Al respecto se citan el caso Chovoreca donde si bien fueron enjuiciados varios magistrados y agentes fiscales, el JEM solo solicitó la suspensión del fiscal Gabriel Rolón y, en el caso conocido como fraude en el JEM, donde está enjuiciada la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Paredes, los miembros del órgano no pidieron su suspensión a la Corte, donde antes dispusieron escucharla antes de resolver una medida.