El sistema financiero peruano atraviesa un momento sin precedentes. La SBS autorizó la organización de dos actores digitales que, aunque con perfiles distintos, tienen en común el uso de la tecnología.

El 21 de enero del 2026 autorizó a BiPay, la billetera digital de Bitel con orígenes en Vietnam, a constituirse como empresa emisora de dinero electrónico. De otro lado, el 30 de marzo autorizó a Revolut Bank Perú S.

A., el neobanco británico valorizado en US$75.000 millones y presente en 40 países. Dos autorizaciones, un mismo regulador, dos visiones distintas, pero con un mismo eje: la tecnología como mecanismo de expansión financiera.¿Por qué importa esa distinción?

Porque no todos los peruanos están igualmente cerca del sistema financiero. Según el Informe Técnico de Condiciones de Vida 2025 del INEI, el 62,9% de los adultos tiene alguna cuenta en el sistema financiero, pero en zonas rurales esa cifra se reduce al 43,9%, y el dato más revelador es que el 88,2% señala como causa no tener ingresos suficientes, seguido de la falta de confianza en las instituciones financieras.

No se trata, por tanto, solo de distancia o de falta de tecnología. Son barreras estructurales producto de la falta de cobertura de telecomunicaciones, la falta de educación financiera y la informalidad laboral.Ahí es donde podemos dar sentido al contraste de estos dos modelos.

Revolut representa la banca de vanguardia para el usuario urbano conectado: sin sucursales, sin colas, con servicios sofisticados diseñados para quienes ya viven en el mundo digital. BiPay, por otro lado, apunta en otra dirección.

Su piloto busca facilitar el acceso a pagos digitales precisamente para la población que no cuenta con una cuenta bancaria, que tiene acceso limitado a Internet o que vive en zonas alejadas del país.El hecho de que el organismo regulador continúe abriendo las puertas a ambos modelos demuestra que la sofisticación y la inclusión no son objetivos opuestos. El Estado ya viene reforzando este marco: promovió la interoperabilidad entre billeteras digitales como Yape y Plin; amplió el sandbox regulatorio para que nuevos modelos innovadores puedan probarse bajo supervisión; y trazó una hoja de ruta con la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.

El desafío es que no quede solo en el papel.