El Gobierno de Javier Milei recibió un coletazo judicial de la Corte Suprema de Justicia este jueves, con el fallo que desestimó los planteos del Ejecutivo ante el máximo tribunal para no tener que cumplir con la medida cautelar que ordenó la ejecución presupuestaria de la Ley de Financiamiento Universitario.Ante este panorama, desde la Casa Rosada primero cuestionaron la rapidez de las sentencias firmadas por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, las cuales se refirieron a tanto el recurso extraordinario federal y el recurso de queja.En otro orden, las terminales judiciales comenzaron a discutir por estas horas cómo proceder. Desde el Gobierno no interpretaron que la sentencia firme de la cautelar implique necesariamente una ejecución inmediata de los fondos, sino que antes deberá iniciarse el proceso de ejecución de sentencia.

Semanas atrás, el ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello llegó a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que incluye la recomposición salarial 24,33% para docentes y no docentes, repartido entre 21,33% en junio y 2% en octubre, en referencia al año 2025.A esto se le sumó a una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y una suba del 50% en becas Manuel Belgrano.Si bien este arreglo descomprimió la tensión que escaló desde la sanción de la ley que impulsó la oposición, no cumple con los estándares que exigen los artículos que la Justicia ordenó cumplir mediante la cautelar: se tratan de los artículos 5 y 6, que exige que los salarios y las becas se indexen de forma obligatoria y automática por inflación acumulada desde diciembre del 2023.Por eso es que los gremios docentes y no docentes cuestionaron que la fórmula propuesta por el Gobierno implica la pérdida de poder adquisitivo que ignora el “piso legal” que estipuló la ley.No obstante, las fuentes judiciales del Gobierno que dialogaron con El Cronista sostuvieron que el acuerdo va a cumplirse y que la ejecución de los fondos que exige la cautelar no es inmediata ya que, ahora que la Corte desestimó la apelación, la causa regresa al juzgado de primera instancia a cargo del juez federal Martín Cormick.“El acuerdo está, hay que ver cómo se ejecuta en primera instancia. Esto no es automático, no se hace mañana y no es un drama.

Asimismo, esto no es sentencia definitiva”, sostuvieron altas fuentes del Gobierno a este medio.“Es un tema de ejecución de la cautelar, yo creo que todavía hay discusión”, sumó en ese sentido otra voz judicial de peso en la Casa Rosada, en referencia a que el juez de origen ahora deberá readecuar los plazos procesales y emitir una orden de ejecución específica, mientras que avanzan con el fondo de la causa.En ese proceso el Estado puede plantear excepciones a la ejecución -como el acuerdo de recomposición con el CIN- y el juez entonces puede aceptarlos o rechazarlos. El procedimiento incluso habilita apelación y, por ende, puede demorarse.En definitiva, desde los despachos oficiales no ven urgencia mientras que el acuerdo salarial firmado en junio con el CIN está pendiente de terminar de cumplirse y, en tanto, confían en que todavía falta resolver el planteo de inconstitucionalidad por lo que la sentencia de la CSJ no es definitiva.En tanto, representantes de las universidades con conocimiento del litigio dialogaron con El Cronista y disintieron completamente con la postura del Gobierno: “La ejecución es inmediata y no tiene nada que ver una cosa con la otra, el de primera instancia ahora tiene que resolver el fondo.

Esperamos que cumplan, sino claro que haremos lo que corresponda”, sostuvieron.La causa y los argumentos de la CorteLa batalla legal por los recursos de la educación superior se originó luego de un complejo derrotero político. Luego de que el Congreso Nacional insistiera y ratificara la Ley de Financiamiento Universitario, por encima del veto del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025.Mediante esta norma de menor jerarquía, el Gobierno congeló la aplicación de la ley argumentando de manera administrativa que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Parlamento determinara de qué partidas presupuestarias específicas saldrían los fondos para financiarla.El CIN entonces promovió una acción de amparo colectivo solicitando la inconstitucionalidad del decreto presidencial.

En primera instancia, el juez Cormick hizo lugar a una medida cautelar al considerar que el decreto del Ejecutivo presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.La resolución judicial le ordenó al Estado aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley para frenar el grave deterioro salarial de docentes y nodocentes y la licuación de las becas estudiantiles.Posteriormente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de Cormick, lo que llevó al Gobierno a presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal del país, y de ahí que este jueves los ministros desestimaron la apelación.Argumentaron una razón técnica: la presentación del Estado era “inadmisible” debido a que las medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva. Así, mientras el expediente principal sobre la inconstitucionalidad de fondo del decreto sigue su trámite en los tribunales inferiores, el Estado quedó legalmente obligado a financiar las actualizaciones que exige la ley.