La defensa del senador Miguel Ángel Calisto criticó la decisión de la Fiscalía de Aysén de cerrar su investigación y presentar acusación en el caso que enfrenta el legislador independiente por un supuesto fraude de más de 100 millones de pesos en la contratación de asesorías con cargo al Congreso.“Esto es un hecho que vamos a cuestionar inmediatamente ante los tribunales de justicia”, anunció el abogado César Ramos. El Ministerio Público está pidiendo 12 años de cárcel para el senador.El equipo jurídico del parlamentario hizo ver que el plazo de investigación fijado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique regía hasta el 9 de julio. “En este caso, tenemos un plazo que está pendiente, que todavía no está vencido.

Y de forma intempestiva, la Fiscalía ha comunicado el cierre y presentado acusación junto a una solicitud de desafuero. Es más, como defensa ni siquiera teníamos, hasta el día de hoy, copia de todos los antecedentes recabados en la carpeta investigativa”, planteó Ramos.El abogado explicó que “el plazo de investigación no solo se establece para que el Ministerio Público pueda desarrollar las diligencias que parezcan convenientes a su tesis, sino también para que la defensa pueda solicitar diligencias que permitan tanto acreditar su versión de los hechos, como desvirtuar la veracidad y credibilidad de los antecedentes recabados por la Fiscalía”. “Es imposible hacer esto último si no conocemos todos los antecedentes que forman parte de la investigación.

De hecho, recién el día de ayer se nos comunicó de la existencia de nuevos antecedentes, de los cuales no teníamos copia, cuando la Fiscalía ya había comunicado el cierre de la investigación y presentado acusación", argumentó el letrado. Ramos afirmó que esta situación “afecta gravemente el derecho a defensa” de Calisto, al imposibilitar solicitar diligencias para desvirtuar esos antecedentes nuevos. “Nos parece que la decisión informada el día de hoy, adoptada por el Ministerio Público, es altamente cuestionable“, expresó el abogado.En relación con la solicitud de desafuero, Cesar Ramos indicó que “se trata de un requisito que la Constitución y el Código Procesal Penal exigen para poder presentar una acusación en contra de un parlamentario”. “Lo que nos llama la atención, como hemos dicho, es la oportunidad y la forma en que la Fiscalía ha actuado”, insistió.Finalmente, Ramos comentó que “la tramitación y resolución de un desafuero toma tiempo”.“Y el momento en que deba resolverse dependerá también de lo que se resuelva en relación a las solicitudes que como defensa ya hemos planteado respecto de las diligencias de investigación que aún es necesario realizar antes del cierre de la investigación”, indicó.