El abogado y funcionario del Poder Legislativo, Rubén Penayo, se encargó de analizar 48 archivos correspondientes a 24 meses, comprendidos entre mayo de 2024 y abril de 2026, utilizando información publicada por la Cámara de Senadores y el Ministerio de Economía y Finanzas. El estudio compara la evolución de la plantilla de funcionarios durante la administración de Basilio “Bachi” Núñez al frente del Congreso.

Entre los principales resultados se señala que la nómina pasó de 2.014 funcionarios activos en mayo de 2024 a 2.273 en abril de 2026, lo que representa un incremento neto de 259 cargos. Lea más: Funcionario denuncia a Bachi por lesión de confianza y otros delitos No obstante, el denunciante sostiene que durante ese período se registraron 795 incorporaciones y 536 salidas, concluyendo que hubo 593 nuevos ingresos absolutos, es decir, personas que no figuraban anteriormente en ninguna de las instituciones analizadas.

Uno de los principales cuestionamientos de Penayo apunta al perfil académico de los nuevos incorporados. La presentación sostiene que, sobre un universo de 792 personas físicas, 321 son bachilleres, 126 no registran datos oficiales sobre formación académica y 345 cuentan con un título universitario o superior.

Lea más: Bachi cae en desaciertos en su primer informe de gestión A partir de esos datos, concluye que el 56,44% de los nuevos ingresos carece de una titulación universitaria o técnica acreditada, considerando tanto a quienes solo poseen bachillerato como a quienes no registran información académica oficial. Asimismo, afirma que aproximadamente el 70% de los nuevos funcionarios figura como afiliado activo a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La denuncia sostiene que existe una asimetría salarial entre funcionarios antiguos y nuevos. Según el análisis presentado, los funcionarios recientemente incorporados perciben remuneraciones con una mediana aproximadamente G. 5 millones superior a las de empleados antiguos que ocupan categorías equivalentes.

Asimismo, Penayo pone especial énfasis en el departamento de Presidente Hayes, feudo político del senador Núñez, donde afirma que la cantidad de funcionarios pasó de 28 a 82 personas durante el período analizado. También sostiene que, dentro del grupo de las 15 remuneraciones más altas del departamento, ocho corresponden a personas con formación de bachiller, mientras que todos aparecen afiliados al Partido Colorado.

Otro de los ejes de la denuncia es la estimación del supuesto perjuicio económico al Estado. Penayo calcula que únicamente sobre la muestra analizada existiría una erogación excedente anual de G. 9.653 millones como consecuencia de las diferencias salariales detectadas.

Proyectando esa cifra hasta junio de 2028, cuando concluiría el actual período administrativo, estima un posible daño patrimonial de G. 19.306 millones. Lea más: Cartismo y aliados atornillan a Bachi Núñez en el Senado hasta el 2028 No obstante, al extrapolar los resultados al total de 593 nuevos ingresos absolutos, sostiene que el perjuicio potencial podría ascender a G. 40.610.341.842, equivalente a aproximadamente 6,65 millones de dólares, según la presentación.

Bachi Núñez, con apoyo del cartismo y de sus aliados, logró modificar el reglamento interno del Senado para eternizarse en el cargo de la presidencia del Senado hasta el fin del mandato legislativo. La presentación penal argumenta que los hechos detectados podrían configurar diversas figuras previstas en la legislación paraguaya.

Entre ellas menciona: Como sustento jurídico adicional, Penayo cita la Constitución Nacional, especialmente el principio de idoneidad para el acceso a la función pública, así como normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, argumentando que la administración pública debe garantizar igualdad de acceso a los cargos y evitar el uso de recursos estatales para favorecer intereses particulares o políticos. Hasta el momento se desconoce si se ha asignado un fiscal que atienda la causa que deberá investigar al titular del Senado.