BALCARCE.— El brutal asesinato de Thiago, el niño de dos años de barrio Convivencia, continúa generando conmoción y profundos interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos encargados de proteger a la infancia. Mientras la investigación judicial avanza con la madre del pequeño y su pareja imputados, el padre del niño sostiene que también existieron fallas del Estado y apuntó directamente contra la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia de Salta a cargo de Carina Iradi.Ante esos cuestionamientos, El Tribuno buscó respuestas de las áreas gubernamentales vinculadas a la problemática.

El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, y el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, respondieron sobre el caso y el acompañamiento que se brinda a la familia. También este medio intentó obtener la postura de la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia, señalada por el padre de Thiago, pero no hubo respuesta oficial.

"Es algo aberrante que no tiene perdón"El ministro Ignacio Jarsún calificó el crimen como uno de los hechos más dolorosos que puede atravesar una sociedad y remarcó que no existen palabras para describir lo ocurrido."Es algo aberrante. Cuando se toca a un chico no hay palabras que puedan explicar semejante situación.

Los niños no tienen ninguna posibilidad de defensa. Si se confirma que efectivamente sucedió como se investiga, espero que la condena sea ejemplificadora porque es algo que no se puede tolerar de ninguna forma", expresó.El funcionario remarcó que la prioridad ahora debe ser el avance de la investigación judicial.

"Hay que esperar que la Justicia pueda investigar todo y esclarecer la situación. El daño que se hizo no tiene reparación, pero quienes resulten responsables deben pagar con todo el rigor de la ley", aseveró.Los cuestionamientos a la Secretaría de NiñezConsultado por las denuncias del padre de Thiago, quien sostiene que existían advertencias previas y que la Secretaría de Niñez no actuó adecuadamente, Jarsún aclaró que ese organismo no depende de su ministerio."Este no era un caso que conociéramos previamente.

Será importante saber si existían denuncias anteriores y cómo actuó la Justicia y los organismos competentes", indicó.El ministro también explicó que suele existir una confusión entre las funciones del Ministerio de Gobierno y las del Poder Judicial. "Muchas veces la gente confunde al Ministerio de Gobierno y Justicia con la Justicia propiamente dicha.

Nosotros no dictamos sentencias ni condenas. Esa es una función exclusiva del Poder Judicial.

Nosotros ponemos todas las herramientas que tenemos a disposición cuando corresponde".No obstante, remarcó que considera necesario investigar si existieron responsabilidades institucionales. "Es importante que se busquen todas las responsabilidades, sean gubernamentales, familiares o de quienes debían intervenir", indicó."Creo en un Estado presente"Durante la entrevista, Jarsún vinculó asimismo este tipo de situaciones con las limitaciones que, según remarcó, enfrentan en la actualidad las provincias por la reducción de programas nacionales.

"Yo creo en un Estado presente. Hoy las provincias tienen cada vez menos herramientas porque Nación eliminó ministerios y programas vinculados a estas problemáticas.

Cada vez se nos transfieren más responsabilidades con menos recursos".En ese sentido mencionó como ejemplos la eliminación de programas nacionales, la quita de subsidios y otras políticas que, según expresó, obligan a la Provincia a afrontar mayores gastos con menores ingresos. No obstante, afirmó que existe articulación permanente entre las distintas áreas del Gobierno provincial.

"Todo lo que podemos hacer lo hacemos articulando con todas las áreas de gobierno, no solamente con Niñez sino con todos los ministerios". Asistencia a la familiaPor su parte, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, explicó que su organismo no interviene en la investigación penal, pero sí intenta brindar asistencia a las víctimas.

"Lo primero es respetar la investigación que lleva adelante la Procuración. Nosotros no tenemos intervención directa sobre la causa".No obstante, confirmó que desde el Programa de Asistencia a Víctimas de Delitos Graves intentan establecer contacto con el padre y la abuela de Thiago.

"Estamos tratando de comunicarnos con la familia para brindar contención psicológica, asesoramiento y acompañamiento jurídico".Mónico aclaró que el acompañamiento depende de la voluntad de las víctimas. "Hay que respetar el duelo.

Si la familia acepta incorporarse al programa, podemos brindar asistencia psicológica y también acompañamiento jurídico. Incluso, en algunos casos, los abogados del programa actúan como querellantes".

"Los dispositivos de niñez no dependen de esta Secretaría"Consultado sobre los mecanismos estatales de protección de menores y la articulación con otras áreas, Mónico indicó que esas competencias corresponden exclusivamente a la Secretaría de Niñez. "Los dispositivos específicos en materia de niñez no dependen de la Secretaría de Justicia ni del Ministerio de Gobierno.

Están en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Niñez".No obstante, consideró que una vez concluida la investigación penal será necesario revisar el funcionamiento del sistema. "Corresponderá auditar desde la Justicia y desde el Estado cómo funcionan esos dispositivos de contención y protección para menores".

El debate sobre el rol del EstadoAl igual que Jarsún, Mónico remarcó que este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con un Estado fuerte para atender situaciones de vulnerabilidad. "Creo en un Estado presente y eficiente.

Muchas veces existe un enojo hacia el Estado por considerarlo un gasto, pero en casos como estos queda demostrado que brinda servicios necesarios para la sociedad".También reconoció que las dificultades presupuestarias afectan el funcionamiento de distintas áreas. "Cuando el Estado tiene una presión tan grande por la falta de recursos, cuesta que los servicios tengan la calidad que todos esperamos, ya sea en educación, salud o asistencia".El reclamo del padreHugo Altamirano, padre de Thiago, responsabilizó no solo a la madre del niño y a su pareja, sino también a la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia.

"Ellos dos y la Secretaría de Niñez e Infancia son los culpables", aseveró.El hombre afirmó que llevó a cabo distintos pedidos de ayuda y que, mientras sobre él sí se activaron protocolos por denuncias que calificó como falsas, no sucedió lo mismo respecto de la situación que atravesaban sus hijos.También reclamó que le restituyan la tenencia de su otro hijo, Tobías, quien permanece bajo guarda judicial, y exigió que se investigue si existieron omisiones por parte de los organismos estatales antes de la muerte de Thiago.En la misma línea se expresó la familia paterna, que pidió que se determinen responsabilidades institucionales y cuestionó que, según sostienen, las intervenciones llegaron demasiado tarde.Sin respuestas de la Secretaría de NiñezDebido a que las principales acusaciones públicas apuntan al accionar de la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia, El Tribuno intentó obtener la versión oficial del organismo para conocer si existieron intervenciones previas, qué seguimiento se llevó a cabo sobre el grupo familiar y cuál es la respuesta institucional frente a los cuestionamientos formulados por el padre del niño.No obstante, la Secretaría no brindó respuestas y comunicaron a este medio que van a esperar para no entorpecer el trabajo de la justicia.Mientras tanto, la investigación judicial continúa. En la audiencia de imputación, la madre remarcó que había salido a un kiosco cuando sucedió el hecho, mientras que su pareja insistió en que el niño sufrió una caída accidental mientras le cambiaba el pañal.

Las versiones contrapuestas, sumadas a los elementos reunidos por la Fiscalía, serán analizadas para determinar las responsabilidades penales por un crimen que volvió a instalar un fuerte debate sobre la protección de la niñez y el funcionamiento de los organismos estatales encargados de prevenir situaciones de riesgo.