El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Samuel Buitrago (2004-2009), deberá cumplir la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta en primera instancia, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara una solicitud de aclaración sobre la decisión que mantuvo en firme esa condena. A través del Edicto N.° 542, fijado en el juzgado, se notificó a las partes la decisión adoptada por unanimidad por los magistrados de la Sala Penal.

Los magistrados también rechazaron una solicitud presentada por la defensa de Buitrago para dejar sin efecto la resolución que mantuvo las medidas cautelares impuestas durante la investigación seguida en su contra. Este era el último recurso penal del que disponía Buitrago para impugnar la condena por el delito de peculado.

Con esta decisión, la Sala Penal deja en firme la Sentencia N.° 19, del 3 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que negó el recurso de casación y ratificó la pena de prisión. La investigación contra Buitrago se inició en 2011, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República detectara irregularidades en la asignación de auxilios económicos por un monto de 155 mil dólares.

Las pesquisas del Ministerio Público determinaron que el exdirector autorizó desembolsos para becas de posgrado a beneficiarios que no cumplían con los requisitos legales mínimos. Asimismo, se detectaron expedientes con documentación incompleta o, en algunos casos, inexistente.

Durante la fase de instrucción, en 2012, Buitrago admitió haber firmado los pagos correspondientes a los 16 casos específicos que sustentaron la acusación, aunque remarcó que los auxilios económicos se ajustaban a la normativa de la institución. La fiscalía investigó a 32 personas como presuntos beneficiarios de los auxilios irregulares, pero solo formuló cargos contra 15, algunos de los cuales posteriormente fueron exonerados de responsabilidad penal.

La asignación de auxilios económicos por parte del Ifarhu también ha dado lugar a investigaciones contra Bernardo Meneses, otro exdirector de la entidad, quien, según una auditoría de la Contraloría General de la República, habría administrado de forma irregular la entrega de estos beneficios. Meneses permanece detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya, acusado de la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, peculado y enriquecimiento injustificado.