RÍO GALLEGOS.— El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz elevó a la Cámara de Diputados un informe sobre la situación operativa de la Policía provincial en el marco del quite de colaboración que mantienen efectivos de la fuerza en reclamo de mejoras salariales. El documento, firmado por el ministro Pedro Prodromos en respuesta a un pedido de informes del Poder Legislativo, detalla el nivel de adhesión a la protesta, las medidas adoptadas para sostener el servicio y el despliegue de fuerzas federales para reforzar las tareas preventivas.

La información -a la que tuvo acceso La Opinión Austral– fue elaborada por la Superintendencia de Policía de Seguridad con datos relevados hasta el 8 de junio y define la protesta como una “retención de servicios mediante quita de colaboración“, aclarando que no implica un cese total de actividades. Según el relevamiento oficial, la mayor adhesión se registra en la Zona Norte de la provincia, donde alcanza aproximadamente el 74% del personal.

Le siguen la Zona Sur, con un 62%; la Zona Sudoeste, con un 26%; la Dirección General de Policía Caminera, con un 25%; la Dirección General de Operaciones, también con un 25%; y la Zona Centro, donde el acatamiento llega al 12%. En la sesión ordinaria se leyó el informe enviado por el ministerio de Seguridad. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El informe sostiene que la medida comprende principalmente a suboficiales y oficiales subalternos y que los porcentajes surgen de relevamientos efectuados por las distintas unidades regionales de la Policía de Santa Cruz. En ese sentido, destaca que existe una marcada diferencia entre el norte y el centro de la provincia, donde la protesta presenta una incidencia considerablemente menor.

Pese a reconocer el impacto de la medida sobre la capacidad operativa de la fuerza, el Ministerio asegura que el servicio policial no se encuentra interrumpido. El documento afirma que todas las comisarías y dependencias permanecen abiertas, continúan recepcionando denuncias y garantizan la atención al público mediante el personal que no adhirió a la protesta.

No obstante, admite que la quita de colaboración afecta principalmente las tareas preventivas, la cobertura de puestos fijos y algunas consignas judiciales, mientras que la custodia de personas privadas de la libertad continúa garantizada. Plan de contingencia Frente a este escenario, la Jefatura de Policía implementó un plan de contingencia destinado a asegurar la continuidad de los servicios esenciales de seguridad, con especial énfasis en Río Gallegos y Caleta Olivia, las dos ciudades donde la adhesión a la medida presenta mayor impacto operativo.

El acampe policial este jueves frente a la Casa de Gobierno. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL). Para ello se reorganizaron los recursos humanos disponibles y se conformaron patrullas integradas por oficiales superiores, oficiales jefes y efectivos que no participan de la protesta, provenientes de distintas áreas de la institución.

Entre ellas figuran la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, la Superintendencia de Bomberos, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Personal, la Dirección General de Planificación y Desarrollo, la Dirección General de Instrucción y la Dirección Provincial de Derechos Humanos, entre otras dependencias. Los patrullajes fueron redistribuidos priorizando los sectores de mayor demanda operativa.

Estas dotaciones tienen a su cargo los patrullajes preventivos, la respuesta a requerimientos ingresados al sistema de emergencias 911 y las intervenciones solicitadas por las distintas unidades policiales. El informe también señala que los patrullajes fueron redistribuidos priorizando los sectores de mayor demanda operativa y aquellas localidades donde el nivel de adhesión a la protesta resulta más elevado.

Refuerzo con fuerzas federales Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Seguridad confirmó que solicitó formalmente asistencia al Gobierno nacional para reforzar las tareas preventivas, requerimiento que fue aceptado. A partir de ello se conformó un Comando Unificado integrado por efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la Policía de Santa Cruz.

El ministerio de Seguridad pidió la colaboración de fuerzas federales (FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL). Según explica el informe, el objetivo de este dispositivo es reforzar las tareas preventivas y disuasivas en las localidades más afectadas por el conflicto, sin reemplazar las funciones propias de la Policía provincial.

En la actualidad, las fuerzas federales desarrollan patrullajes preventivos en Río Gallegos -con participación de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, este último circunscripto al sector céntrico-; en Caleta Olivia, donde intervienen Policía Federal y Prefectura; en Pico Truncado, con efectivos de Gendarmería Nacional; y en El Calafate, donde operan Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las fuerzas federales desarrollan patrullajes preventivos en Río Gallegos y Caleta Olivia.

El informe fue remitido a la Legislatura en el marco del seguimiento que realizan los diputados sobre el conflicto policial, mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno provincial y los representantes de los efectivos que impulsan el reclamo salarial. La palabra de la oposición Al respecto, el diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria) indicó que era importante resaltar que no era caprichosa la necesidad de la anterior sesión ordinaria donde habían solicitado la presencia del ministro de Seguridad. “Estamos en un momento delicado, este informe no es coyuntural, sino que ya tiene un tiempo, se habla de los primeros días de junio” y, entre algunos de los cambios, por ejemplo, “el sector de los autoconvocados ya integra la mesa salarial”.

Los diputados Carlos Godoy y diputada Lorena Ponce (Unión por la Patria). Godoy se refirió al conflicto policial. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL). “Consultábamos cuál era la alternativa para solucionar el problema de seguridad en la provincia de Santa Cruz; se leyeron porcentajes de adhesiones (a las medidas de fuerza) y todos sabemos que fue en aumento”, resaltó al tiempo que indicó: “Esto tiene que ver con diferentes consecuencias como no estar de acuerdo con el porcentaje de la pauta salarial, ya que en las diferencias negociaciones no están yendo funcionarios de primera línea como podría ser el ministro de Economía o el Jefe de Gabinetes”. “A las negociaciones no están yendo funcionarios de primera línea”.

CARLOS GODOY Asimismo, aseveró que en la última mesa salarial los representantes “recibieron amenazas” como que “iban a comenzar con descuentos salariales o que iban a ejercer acciones judiciales que después se tradujo a una presentación, y eso no hace más que echar nafta al fuego”, por lo que pidió llamar a la reflexión al gobierno provincial que “haya una propuesta seria”, al tiempo que exigió que no hay ninguna repercusión negativa para los trabajadores una vez que termine el conflicto. Vale señalar que el informe del ministerio de Seguridad pasó a comisiones.