SAN JUAN.— La controversia judicial que desde hace semanas enfrenta a la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, con el juez de garantías Diego Manuel Sanz tuvo una nueva definición. El juez de impugnación Maximiliano Blejman rechazó el planteo presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal y ratificó la decisión adoptada por Sanz en una audiencia vinculada a la investigación de la denominada banda de los \"robarruedas\".

La resolución, notificada recientemente a las partes, respalda el criterio sostenido por el magistrado de garantías y representa un duro revés para la postura impulsada por la Fiscalía, que buscaba revertir la negativa a homologar un acuerdo de reparación integral alcanzado con algunos de los acusados. El eje de la discusión se centró en la participación de las víctimas dentro de este tipo de acuerdos.

Durante la audiencia en cuestión, Sanz consideró indispensable que la persona damnificada expresara personalmente su conformidad con la solución propuesta. Según su interpretación, ese consentimiento debía manifestarse de forma directa ante el tribunal, ya sea mediante presencia física o a través de una conexión virtual.

La fiscal Claudia Salica remarcó una posición diferente. Argumentó que el consentimiento de la víctima ya había sido recabado previamente por el Ministerio Público Fiscal y que la legislación vigente no exige que el damnificado comparezca ante el juez para ratificar esa decisión.

Con ese fundamento acudió a un juez de segunda instancia para apartar a Sanz del caso. No obstante, Blejman no hizo lugar al planteo y decidió mantener firme la actuación del juez de original de la causa.

De esta manera, quedó avalado el criterio de que la víctima participe de manera directa al momento de validar determinados acuerdos procesales. El conflicto surgió en una de las causas derivadas de la investigación contra la organización conocida como los \"robarruedas\", un grupo acusado de integrar una estructura dedicada al robo sistemático de ruedas y autopartes en distintos sectores de San Juan.

Fue precisamente en una audiencia relacionada con uno de los acuerdos alcanzados con imputados de esa investigación, de reparación integral, donde tuvo lugar el desacuerdo entre la Fiscalía y el magistrado. El contrapunto fue publicado por este diario y abrió un debate en tribunales, inclusive salieron comunicados del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan respaldando la decisión de cada funcionario.

CONFIAS por Salica y el colegio por Sanz. Luego de el fallo de Blejman, la fiscal Salica todavía cuenta con alternativas procesales.

Una de ellas es recurrir ante la Corte de Justicia de San Juan para que el máximo tribunal provincial analice la cuestión y fije una postura definitiva sobre el alcance de la intervención de las víctimas en este tipo de procedimientos. La otra posibilidad consiste en convocar una nueva audiencia y garantizar que la persona damnificada exprese formalmente su consentimiento en los términos requeridos por el juez Sanz.

En ese escenario, el acuerdo de reparación integral podría volver a ser evaluado para su eventual homologación.