SANTA FE.— El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , asistió este miércoles al Senado de la Nación para defender la reforma con la que el gobierno de Javier Milei busca cambiar la arquitectura legal de las empresas argentinas y habilitar sociedades capaces de funcionar sin trabajadores humanos, operadas por algoritmos o inteligencia artificial. Fue en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, que inició el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reemplazar la Ley General de Sociedades N° 19.550, vigente desde 1972.

Sturzenegger se presentó en el Salón Illia acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, y por el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. Los tres expusieron durante más de una hora antes de las preguntas de los senadores.

La reunión terminó sin dictamen. Márquez anunció un cuarto intermedio, nuevas reuniones técnicas y la posibilidad de convocar expositores. “Este proyecto tiene un norte y un camino, que es una regulación societaria más amplia, flexible y moderna”, expresó la presidenta de la comisión.

Digitalización, registros y menos control Taddei Farfán definió al proyecto como “una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas”, argumentando que la Ley 19.550 “fue concebida para una realidad tecnológica, productiva y organizacional muy distinta” de la actual. La funcionaria planteó que la reforma procura “adecuar el ordenamiento societario argentino a las necesidades económicas, tecnológicas e institucionales del siglo XXI”, con un criterio explícito: “fortalecer la libertad económica, facilitar la inversión, reducir costos regulatorios y adecuar nuestro sistema a los estándares internacionales más avanzados”.

Uno de los puntos centrales es la autonomía de la voluntad. Según Taddei, el proyecto busca que sean los socios quienes diseñen “libremente la estructura, el gobierno y las reglas de funcionamiento de sus organizaciones”, siempre dentro del marco legal.

En su formulación política, el Estado “deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo deben organizarse sus negocios”. El proyecto propone una digitalización integral del régimen societario.

Constitución de sociedades con firma digital o electrónica, legajos digitales, registros públicos de consulta gratuita, resoluciones presenciales, remotas o mixtas, domicilio electrónico y publicidad por plataformas digitales. Al respecto, Ramírez remarcó que “el registro público deja de ser un filtro burocrático y pasa a ser una infraestructura más moderna, digital y habilitante”.

El inspector general de Justicia defendió la reforma como una reconstrucción integral. Recordó que la norma vigente tiene más de 50 años y fue diseñada “en un contexto sin internet, sin economía de plataforma, sin economía del conocimiento, sin inteligencia artificial y sin acceso global a los mercados de capital”.

Enfatizó que en la actualidad “una brecha entre el derecho escrito y la práctica real de los negocios”. También presentó datos para justificar la eliminación de tipos societarios en desuso, como la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria.

Según expresó, en los últimos diez años no se detectó en la IGJ la constitución de sociedades de capital e industria, y la sociedad colectiva se constituyó apenas “una por año”. Las ideas de Sturzenegger El punto de mayor tensión es la incorporación de inteligencia artificial al derecho societario.

El proyecto considera sociedad automatizada a aquella que desarrolle su objeto mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA”, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. Según el texto, esa sociedad responderá con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas.

Sturzenegger buscó despejar la idea de que se trata de entes sin ningún encuadre. Explicó que las sociedades automatizadas serían un subtipo de las sociedades anónimas, con las mismas obligaciones y responsabilidades, pero con una gestión operativa realizada por “programas, software, robots o lo que fuera”. “Para un país que tiene la pretensión de liderar, es absolutamente imperativo poder incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro derecho”, aseveró el ministro desregulador y se preguntó luego: “¿Por qué no podemos hacer que Argentina sea un lugar atractivo para la radicación de estas empresas que van a estar operando no solo en Argentina, sino en todo el mundo y van a estar pagando impuestos a las ganancias corporativas en Argentina?”, preguntó.

La otra figura que incluye son las DAO, sociedades descentralizadas autónomas operativas. En ellas, la toma de decisiones puede estar definida por protocolos informáticos, contratos inteligentes y reglas de gobernanza distribuidas.

Los funcionarios aclararon que el proyecto sólo recibiría a a